Interior ultima planes para hacerse cargo de comisarías de Mossos rebeldes

El Ministerio del Interior ultima desde la pasada semana diversos planes para hacer frente a las diversas situaciones a las que se puede enfrentar al asumir el control de los cerca de 17.000 mossos d’Esquadra tras la previsible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entre estas, la posibilidad de tener que sustituir por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados dentro de la Operación Copérnico a todos aquellos miembros de la policía catalana que se nieguen a obedecer las “instrucciones directas y de obligado cumplimiento” que vengan desde Madrid. Entre esos planes, están los de asumir el control de comisarías donde una mayoría de mossos rechace la nueva situación, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del departamento de Juan Ignacio Zoido.

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En este sentido, desde Interior recuerdan que entre las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado sábado ya se contemplaba que “en el caso de que sea necesario” los policías catalanes serán “sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Estas fuentes también insisten en que no se quiere dejar nada a la improvisación y que el actual despliegue de policías y guardias civiles en Cataluña —más de 5.500 efectivos desplazados que se suman a los 6.000 de las plantillas de ambos cuerpos en esta comunidad— permite tomar el control de centros policiales, aunque admiten que no de todos. Recuerdan que entre los agentes desplazados en el operativo no sólo hay antidisturbios, sino también especialistas en policía judicial y seguridad ciudadana capaces de hacerse cargo del día a día de cualquier demarcación.

Expediente exprés

No obstante, estas mismas fuentes se muestran convencidas de que el número de policías catalanes que se negarán a acatar las órdenes que se impartirán desde el ministerio será mínimo y, además, compuesto mayoritariamente por miembros de las escalas de mando, que consideran “más politizadas”. Interior cree que en la mayoría de los casos la amenaza de sanciones laborales y económicas —contempladas también entre las medidas acordabas por el Gobierno— tendrán un efecto disuasorio. La intención del departamento de Zoido es la de ser expeditivo y abrir expedientes exprés por falta muy grave ante cualquier desobediencia que acarreen una sanción inmediata de empleo y sueldo y abran la puerta a una posterior expulsión del cuerpo policial autonómico.

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