El retroceso del poder central en Cataluña

La Administración General del Estado ha ido perdiendo presencia en la comunidad autónoma a lo largo de los años, mientras crecían los organismos autonómicos

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en La Moncloa.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en La Moncloa. Claudio Alvarez

A solo unas horas de activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el Gobierno asume que la progresiva reducción de los recursos al servicio del Estado en esta Autonomía puede dificultar la respuesta al desafío independentista.

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“Todo lo que hagamos tiene que ser eficaz y efectivo”, admitió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el 9 de octubre. “El problema en Cataluña es que durante mucho tiempo algunos se han dedicado a desmantelar las estructuras del Estado allí”, añadió. Las cifras confirman ese diagnóstico. Solo el 9% de los empleados públicos en Cataluña pertenecen a la Administración central, frente al 16% de la Comunidad Valenciana o el 19% de Andalucía. La otra cara de la moneda es la Comunidad de Madrid, que llega al 39% como producto de la capitalidad, que llena su principal ciudad de ministerios y empleados públicos. Mientras tanto, el músculo del Estado en Cataluña ha dejado de ser el de un peso pesado.

Van a tener un problema para traducir las decisiones en hechos”, argumenta Andrés Betancor, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, sobre las competencias concretas de la Generalitat que decida intervenir el Gobierno al amparo del artículo 155. “La presencia sobre en el territorio de la administración general del Estado es residual, puramente testimonial, y reducida a aquellos ámbitos en la que no ha habido transmisión de competencias”, explica este experto próximo a Ciudadanos, que señala a las áreas de Seguridad Social, Extranjería y Hacienda como los últimos reductos del Estado. “Esta situación es la consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno central y el de la Generalitat que se ha traducido en ese abandono”, sigue Betancor sobre los pactos que fueron firmando los sucesivos Ejecutivos del PSOE y del PP con la desaparecida CIU. “No los han echado”, subraya. “Ahora bien, es importante subrayar que no todos los empleados públicos catalanes son de fe secesionista. Muchos son grandes profesionales que obedecerán”.

En los últimos 11 años, la administración central ha perdido más de 5.000 representantes en Cataluña, mientras que la Autonómica crecía en una proporción similar, según los datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Nada refleja mejor ese cambio en la proporción de fuerzas de las dos administraciones que los datos referentes a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra.

En enero de 2009 había 6.565 representantes de los cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, frente a 15.310 de la policía autonómica catalana. En enero de 2017, la cifra de representantes estatales se había reducido a 5.958, mientras que la de los representantes autonómicos se había disparado hasta 17.049. La desproporción entre los dos conjuntos es tan grande que los refuerzos enviados a Cataluña para intervenir durante el referéndum ilegal del 1 de octubre —casi 6.000 profesionales desplazados— son insuficientes para equiparar ahora el número de efectivos. Esa es la fotografía de una administración central en retroceso frente a los avances de las estructuras de la Generalitat de Cataluña. Y el Ejército también sirve de ejemplo: solo hay menos presencia de militares en Navarra (692), Cantabria (67) y La Rioja (293), tres regiones de menor tamaño y población que Cataluña (2.121).

Tanto Felipe González como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero llegaron a pactos de investidura con partidos nacionalistas. A cambio, estos obtuvieron la gestión de nuevas competencias en sus Comunidades. Sin embargo, ninguno de los distintos Gobiernos de la democracia española ha hecho distinciones entre administraciones. “Todo es Estado”, repiten los portavoces del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que siempre ha señalado a Carles Puigdemont como el primer representante de la Administración en Cataluña.

No obstante, en España solo hay un caso similar al de esta Comunidad Autónoma, donde únicamente dos gobiernos presididos por socialistas han roto —entre 2003 y 2010— la continuidad de ejecutivos liderados por políticos de Convergencia.

Plazas de funcionario

En el País Vasco, donde los nacionalistas han ocupado el poder casi ininterrumpidamente, el músculo de la Administración central también se ha reducido al 10%. Allí también hay una policía autonómica, en este caso la Ertzaintza (7.542), más nutrida que la nacional. Sin embargo, la presencia del Ejército (1.481 efectivos) y de los cuerpos de seguridad del Estado (3.677) es proporcionalmente mayor en Euskadi que en Cataluña.

Además de las competencias cedidas en materias como la seguridad o la educación, fruto de acuerdos políticos entre los distintos Gobiernos nacionales y los soberanistas catalanes, ¿hay alguna otra circunstancia que explique que el poder central haya retrocedido en Cataluña?

“Otro factor es que cada vez resulta más incómodo que las plazas de la administración del Estado sean ocupadas por personal que viene de otras Comunidades Autónomas”, asegura el catedrático Betancor. “Son plazas menos deseables, por el tema lingüístico y político”, opina sobre el uso del catalán y la tensión del procés. Y ejemplifica: “Hay un ámbito que demuestra todo esto, el caso de la judicatura. Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor proporción de jueces interinos y de jueces que no son titulares de la plaza. No se quiere ocupar la plaza por incomodidad”.

En 2016, el Ministerio de Justicia asignó más de 500 plazas a Cataluña en su oferta de empleo público. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Generalitat decidió no sacarlas a concurso porque así no las ocuparían opositores, sino interinos. Se da la circunstancia de que los funcionarios de Justicia son cuerpos nacionales, mientras que los interinos dependen directamente de la Generalitat, que así cuenta con plenos poderes en materia de personal y selección. En Cataluña hay 41.946 personas en esa situación, además de 12.552 con la condición de temporales.

“Cada vez hay menos estructura de la administración central”, resume Joan Escanilla, portavoz del sindicato en Cataluña. “Falta mucha gente en el negociado del DNI, los examinadores de tráfico están bajo mínimos, y en Hacienda y en Seguridad Social también van muy mal de personal”, sigue. “Todo el proceso independentista ha paralizado los procesos de estabilización de interinos. Todo lo que tenían que haber sacado de plazas no lo han sacado”, remata.

Además, en Cataluña hay 842 jueces y magistrados, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos dependen única y exclusivamente del Poder Judicial, que es el que nombra sus destinos y les sanciona en el caso de que sea necesario. No obstante, las sedes en las que trabajan y los medios materiales de que disponen dependen de la Generalitat de Cataluña.

Esa no es una cuestión menor, puesto que marca el día a día de su trabajo. Lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad del Estado. Así, desde hace aproximadamente un mes, casi 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles desplazados a Cataluña se alojan en tres cruceros atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona; en pensiones; cuarteles del Ejército; cámpings; y hoteles en zonas turísticas.

Que los efectivos movilizados para intervenir contra el referéndum del 1 de octubre tengan que vivir en esas condiciones —rodeados de ropa tendida, sin limpieza diaria de sus camarotes o entre bolsas de basura amontonada— ha sido interpretado por distintos observadores como el mejor resumen de la falta de estructuras del Estado en Cataluña. De hecho, el Ministerio de Defensa tuvo que enviar camiones llenos de material —literas, taquillas, duchas y ropa de cama— para acoger en sus cuarteles a parte de los integrantes de la Operación Copérnico.

Sin capacidad para alojar en condiciones de normalidad a las fuerzas de seguridad enviadas a Cataluña, el Ejecutivo se enfrenta ahora a aplicar por primera vez en la historia de España el artículo 155 de la Constitución.

Los planes iniciales apuntan a la intervención de competencias relacionadas con la presidencia, como la convocatoria de elecciones; las finanzas públicas; y la consejería de Interior, de la que dependen los Mossos d’Esquadra. En consecuencia, el Consejo de Ministros tendrá que decidir si tiene que reforzar las posiciones de la administración central en Cataluña para asegurarse de que las medidas que adopte se ejecutan con eficacia. La otra opción es que el Gobierno y el PSOE —que han diseñado conjuntamente los detalles de la operación— confíen en que baste con reemplazar a cargos clave de la administración autonómica para que sus subordinados cumplan las órdenes de los representantes de Rajoy.

Una cosa es segura: el Ejecutivo está comprometido a tomar las medidas necesarias para que la Generalitat vuelva al orden constitucional.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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