Decálogo para salvar el monte gallego

Tras siete meses de debate y sin imaginar que su trabajo culminaría durante la peor ola de incendios que se recuerda en Galicia, más de 60 instituciones, empresas y asociaciones ecologistas, científicas y económicas han consensuado lo que pretende ser la guía definitiva para salvar el monte gallego. El documento, que la plataforma Cousa de Raíces registrará este jueves en el Parlamento gallego como Iniciativa Legislativa Popular, reclama una moratoria en la plantación de eucalipto como la que ha impulsado Portugal, incentivos económicos para plantar especies que no propaguen las llamas y aumentar las franjas de protección antiincendios de los núcleos de viviendas que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo recortó a la mitad en 2012.

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“Es una fotografía muy plural de los intereses en el monte gallego y los ecologistas no somos mayoría”, subraya Fins Eirexas, del colectivo Adega, uno de los impulsores de la red. Dos tercios del territorio gallego son puro monte y en las últimas décadas el bosque autóctono, formado por especies frondosas como robles, castaños o nogales, ha sido desplazado masivamente por árboles de crecimiento rápido como el eucalipto y el pino, que surten de abundante madera, pasta y biomasa pero favorecen la propagación del fuego. Y ocurre incluso en los parques naturales, las joyas ecológicas de la comunidad.

Según los datos que manejan los promotores de la iniciativa, a finales de 2016 los eucaliptales cubrían unas 500.000 hectáreas, el doble de lo previsto por el plan forestal que hizo Manuel Fraga en su primera legislatura en la Xunta. Estos árboles se alzan, pues, en el 17% de la superficie de Galicia, mientras que en Portugal rozan el 9%.

La iniciativa legislativa popular, que se registrará este jueves y para la que se empezarán a recoger firmas a partir de noviembre con el fin de que sea debatida por los partidos políticos en el Parlamento autonómico, plantea medidas para ordenar las plantaciones de eucaliptos y pinos ya existentes de forma que no expandan las llamas, como ampliar las franjas de separación obligatorias para que actúen eficazmente de cortafuegos. En una comunidad de población tremendamente dispersa, la propuesta también recoge la ampliación de las distancias mínimas que deben separar las masas arbóreas de las aldeas, los cámpings, el patrimonio histórico y arqueológico, los vertederos, los polígonos industriales o las áreas de cultivo o pastos, unos cinturones de protección que el bipartito de PSOE y BNG instauró en 2006 tras la grave ola de fuegos de agosto de aquel año consensuándolas con todos los sectores implicados en la gestión del monte y que el Gobierno popular de Alberto Núñez Feijóo recortó a la mitad en 2012.

La propuesta, en la que han participado la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago, la entidad que agrupa a las comunidades de montes de Galicia, apicultores y entidades en defensa del patrimonio histórico, tampoco deja margen a la impunidad. Quienes incumplan las distancias mínimas de la ley no se enfrentarán solo a multas sino también a la erradicación de su plantación, una medida que podría tomar la Administración. Los propietarios de fincas con ejemplares de estas especies que estén fuera de ordenación o que ya no se usen para aprovechamiento maderero estarían obligados también a retirarlos.

El texto de la iniciativa legislativa popular para la Protección y Mejora de los Hábitats de Bosque Autóctono, la Racionalización de la Gestión del Monte y la Lucha contra los Incendios Forestales plantea ayudas y exenciones fiscales a los dueños de fincas con especies frondosas, las únicas que estarían permitidas en los espacios naturales protegidos. Y mientras la Xunta evita plantear cambios en su política forestal culpando solo a los incendiarios del desastre de estos últimos días, la Asociación Forestal de Galicia, que agrupa a los propietarios de monte, ha advertido este miércoles que una vez se solucionen “los problemas más perentorios, urge sentarse para llevar a la práctica medidas efectivas que rebajen el riesgo de daños a las personas y a los bienes patrimoniales de los gallegos”.