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Empleo admite que también dio ayudas para los ERE sin concurso público

El Gobierno admite pagos como los que reprocha a la Junta andaluza en la macrocausa

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este verano.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este verano.

El Ministerio de Empleo pagó por concesión directa y sin concurso público 218 millones para prejubilaciones de trabajadores afectados por ERE entre 2001 y 2011. El Gobierno ha reprochado estas subvenciones de manera recurrente a la Junta de Andalucía desde que en 2011 nació el caso ERE. El primer juicio de esta macrocausa, que analiza el fondo dotado con 855 millones, sentará en el banquillo en diciembre a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El departamento que dirige Fátima Báñez ha admitido los pagos directos para solventar grandes crisis empresariales a lo largo de una década en un informe dirigido a la juez instructora del caso ERE, María Núñez, firmado por el director general de Empleo, Javier Thibault. El matiz llamativo es que durante el último lustro, tanto Báñez como el resto de dirigentes del PP han censurado estas subvenciones que la Junta andaluza otorgó asimismo sin publicidad y por concesión directa, tildándolas de corrupción por estar encaminadas a favorecer a empresarios afines al PSOE.

Empleo arguye ahora que su procedimiento para dar ayudas directas estaba amparado por una orden ministerial de 1995. Un argumento que coincide con las defensas del caso ERE, que alegan que el sistema de subvenciones estaba recogido en la Ley de Presupuestos andaluza. El PP está personado en la macrocausa como acusación popular y combate la tesis que defiende la legalidad de las ayudas para los ERE.

“No se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado [2001-2011]”, reza el escrito. El Ministerio solo reguló dicha concesión de ayudas públicas por Real Decreto de noviembre de 2013. Justo un año antes, la Junta andaluza modificó su normativa para ayudas que paliaran crisis empresariales, tras el estallido del caso ERE y resultar imputada la cúpula de la Consejería de Empleo.

La macrocausa adelgaza poco a poco

La macrocausa de los ERE fraudulentos puede que abandone el prefijo “macro” en 2018 al menguar de manera considerable el número de piezas investigadas. El pasado verano, la Audiencia de Sevilla aclaró que ningún alto cargo de la Junta de Andalucía procesado en la pieza política puede ser juzgado en otra pieza. Esta teoría jurídica de un solo proceso por cada acusado radica en que la pieza política abarca la totalidad del fondo de los ERE —855 millones— y en cada pieza se investigan las más de 200 ayudas que forman dicho fondo. Es decir, los políticos serían entonces enjuiciados dos veces por los mismos hechos, una infracción jurídica de libro.

La decisión de la Audiencia ha sido un triunfo de las defensas sobre la fiscalía y las acusaciones y desinfla la macrocausa hasta límites desconocidos por ahora. Porque a los políticos clave como el exconsejero Antonio Fernández —desimputado en varias piezas— hay que sumar ahora a los empresarios receptores de las ayudas. Estos plantearán la batalla jurídica para no ser juzgados como beneficiados por malversación y prevaricación, cuando el delito lo impulsó supuestamente un funcionario.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, autorizó en 2003 —como delegado del Gobierno en Andalucía— el pago de 34 de los 218 millones para el expediente más caro del fondo de los ERE, que ascendió a 172 millones. El ERE benefició a 802 mineros de la Faja Pirítica de Huelva, para cuyas pólizas la Junta andaluza aportó en paralelo 138 millones. Por dicho expediente están ahora imputadas las anteriores secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y la directora de Trabajo Soledad Córdova, ambas entonces bajo el mando del exministro Eduardo Zaplana. Este intentó desmarcarse de las irregularidades en 2012 ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz: “El Gobierno en las pólizas no tiene nada que ver. Es una misión de técnicos”.

Aseguradoras y consultoras

Además de la concesión directa, en su informe del pasado 18 de septiembre Empleo reconoce que tampoco se cercioró de que los precios pagados a las aseguradoras y consultoras por gestionar las ayudas estuvieran ajustados a precio de mercado. Y esta tramitación de subvenciones tampoco se sacó a concurso público, sino que altos cargos del ministerio designaron a dedo aseguradoras como Vitalicio, Estrella o BBVA. Por último, el Gobierno concede que ningún organismo estatal realizó “comprobación alguna respecto del coste de la póliza de seguros”. La anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, achacó a la Junta andaluza la ausencia de concurso público para elegir la consultora, cuya tramitación carecía a menudo de documentos administrativos.

La juez Núñez mantiene abierta una pieza dedicada en exclusiva a las sobrecomisiones por 66 millones que la Junta abonó a las aseguradoras y consultoras. “Esos organismos carecían de una atribución normativa específica que les habilitara para determinar si el coste de la póliza era o no el adecuado”, admite Thibault en su escrito.

El informe incluye un listado con las 220 ayudas concedidas entre 2001 y 2011, además de la empresa receptora y el tomador de la póliza —la propia empresa o el colectivo de trabajadores prejubilados—. Entre las firmas, además de la minería onubense destacan Sintel con 40 millones, Astilleros de Santander con seis, Avanzit Telecom con 8,3 y Torraspapel con 3,2.

El Gobierno aclara que durante esa época cualquier empresa, con una mera memoria explicativa, podía optar a que Empleo le concediera la ayuda laboral de manera directa. La juez exigió esta documentación al Gobierno tras la petición realizada por la defensa del exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín en la pieza de la Faja Pirítica.

En dicha pieza, junto a los dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar figuran también como investigados seis ex altos cargos de la Junta, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores. En un atestado previo, la Guardia Civil acusó a la Administración central de “utilizar presuntamente de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa”. Es decir, las listas con los mineros que podían acogerse al ERE y abandonar las galerías con una paga de las Administraciones se inflaron para que aumentaran los beneficiados.

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