La justicia impide a Interior cesar a los policías que investigaron el ‘caso Villarejo’

Desde que se inició la investigación para determinar si el excomisario José Manuel Villarejo planeó y ejecutó la grabación, manipulación y difusión de una conversación entre dos policías y dos agentes del CNI, el Ministerio del Interior y la propia Fiscalía de Madrid se han opuesto sistemáticamente a la mayoría de las actuaciones dictadas por el juez que empezó el procedimiento, Arturo Zamarriego. En esa disputa, el fiscal Alfonso San Román solicitó, sin éxito, en varias ocasiones la disolución de la comisión judicial de la Policía Nacional que ayudaba en la investigación.

Sin embargo, el ascenso del juez Zamarriego a la Audiencia Provincial y la designación de María del Pilar Martínez Gamo, llevó el pasado mes de junio a Interior y a la Fiscalía a una acción conjunta para acabar con la comisión. El propio jefe de Asuntos Internos de la Policía, Francisco Miguelañez, se presentó en junio pasado en el despacho de la magistrada (saltándose todos los procedimientos) para solicitar su disolución, según han confirmado a EL PAÍS fuentes fidedignas.

Pero no fue hasta el 13 de julio cuando la juez Martínez Gamo decidió disolver la comisión, aduciendo que ya no la necesitaba para seguir el procedimiento. Dos días antes, los investigadores habían presentado un largo y detallado informe en el que se explicaba la causa por la que Villarejo intervino en el caso Nicolay (evitar que se investigara la finca La Alamedilla, en la que participaba su amigo Adrián de la Joya) y se solicitaban varias actuaciones relacionadas con el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), José Luis Olivera, muy cercano a Villarejo y uno de los hombres de confianza del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En concreto, la comisión judicial solicitaba el registro de llamadas entre Villarejo, De la Joya y Olivera los días posteriores a la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. También se citaban llamadas del excomisario con el por entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el comisario Enrique García Castaño y el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals (amigo de Villarejo y de De la Joya).

Se pedía también una auditoría de la base de datos del CITCO para saber quién había tenido acceso a qué documentos. En ese centro se recogen todas las investigaciones judiciales en curso. El fiscal y la propia juez denegaron las actuaciones solicitadas y enviaron el informe a reparto porque consideraron que incluía otras investigaciones que no venían al caso.

Desde ese momento, el jefe de la comisión judicial, el inspector jefe de grupo Rubén López Martínez y los seis agentes de la Unidad de Asuntos Internos asignados al caso habían permanecido atentos a los siguientes pasos de sus superiores, hasta que a principios de septiembre recibieron la notificación del director general de la Policía del cese de sus funciones y espera a un nuevo destino en la Jefatura de Madrid.

Esa noticia llevó al inspector López a indicar a la juez que no habían concluido los trabajos que ella les había solicitado y que, además, si abandonaban la oficina ponían en peligro la cadena de custodia de todos los efectos de la investigación. La dirección dio marcha atrás a la orden de cese, pero volvió a cursarla el pasado martes. El jefe del equipo de investigadores de la comisión judicial presentó otro informe a la juez, que ha llevado a que esta envíe una providencia a la policía judicial citando de nuevo a los agentes a su lugar de trabajo.

Fuentes oficiales de la Policía han querido dar una explicación de normalidad sobre los ceses frustrados durante el mes de septiembre.