El Estado pide al Tribunal de Cuentas que investigue quién paga a los abogados de Artur Mas y su equipo

La Abogacía del Estado ha pedido a la instructora del Tribunal de Cuentas que indaga el desfalco de casi 5,3 millones de dinero público destinado a la consulta ilegal del 9-N de 2014, María José de Llanos, que investigue de dónde está saliendo el dinero para pagar a los abogados y procuradores, una decena, que se desplazaron este lunes a Madrid para defender al expresidente Artur Mas y su equipo.

Una decena de abogados y procuradores se desplazaron el lunes a Madrid para ser informados del desfalco de casi 5,3 millones a las arcas públicas catalanas

En total, tras ser exculpados dos interventores generales de la Generalitat, son nueve los altos cargos y altos funcionarios que citó el lunes en Madrid el Tribunal de Cuentas para comunicarles oficialmente que han desviado casi 5,3 millones a fines ilegales, como todo lo que rodeó la consulta del 9-N, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes del referéndum. Y darles a los nueve implicados, encabezados por Mas, un plazo de 15 días para avalar los casi 5,3 millones bajo amenaza de embargar a todos ellos cuentas y propiedades hasta totalizar esa cantidad.

Fue en el transcurso de las entrevistas del lunes en Madrid entre el instructor y los afectados, representados por sus abogados cuando el abogado del Estado pidió a la instructora De Llanos que se investigase la procedencia de los honorarios del séquito de abogados desplazados a Madrid, según se indica en el informe sobre la liquidación provisional al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La instructora señaló que su cometido en este asunto (lleva desde antes del verano investigando el desfalco) se ciñe ahora a la consulta del 9-N y que los pagos a estos abogados deben ser objeto, en su caso, “de unas nuevas actuaciones previas” por parte del Tribunal. Algunos implicados (Artur Mas, Joana Ortega, Lluis Betran y Josefina Valls) comparten abogado y procurador en los juristas Rafael Entrena y Aníbal Bordallo, respectivamente. Su exvicepresidente Francesc Homs también comparte abogado con otros tres implicados, si bien gran parte de los afectados, sobre todos los altos funcionarios, llevaban su propia asistencia jurídica. La Generalitat desplazó, por su lado, a sus abogados Xavier Urios y Pilar García y a un procurador.

El abogado del Estado reclamó a la instructora que “constase en acta” la necesidad de investigar a lo largo de este proceso “si los gastos de defensa judicial que origina la intervención de [estos] abogados” los va a abonar la Generalitat “conforme a un acuerdo adoptado por el actual gobierno de Carles Puigdemont el 25 de julio de 2017”.

Fuentes jurídicas sostienen que los implicados no son cargos públicos y que es ilegal que una Administración abone gastos de defensa de personas que, como en los casos de Mas y Homs, han sido además condenados por los tribunales ordinarios a penas de inhabilitación por haber dilapidado dinero público en la consulta ilegal del 9-N.

Se buscan otros 4,6 millones

Asimismo, el informe de liquidación provisional destapa la posibilidad de que la cantidad de dinero desviado a la consulta del 9-N fuese ostensiblemente superior. Y que se acerque a los diez millones de euros. La instructora ha descubierto otra partida de 4,6 millones de euros (que se sumarían a los casi 5,3 que ya tiene acreditado fueron desviados para el 9-N) que también pudo ser utilizada por la Generalitat para pagar la consulta ilegal de 2014. Estos más de cuatro millones pertenecen a una partida destinada por la Generalitat en la etapa de Mas con el epígrafe, “de consultas populares y participación ciudadana”.

Los abogados de la Generalitat y de los afectados coinciden en sus alegatos en no entran en cuestiones de tinte secesionista, pero se quejan de indefensión y recuerdan que ese otro gasto de 4,6 millones descubierto por el Tribunal es anterior al 4 de noviembre de 2014, es decir, cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal el 9-N. La instructora entiende que el destino de esos 4,6 millones, al ser anteriores a la sentencia del Constitucional, debe ser “analizado en una fase posterior”.