La Generalitat evita dar detalles de la consulta ilegal a 34 días de la fecha prevista

Faltan 34 días para la consulta independentista que Carles Puigdemont pretende celebrar el 1 de octubre y su Gobierno no ha dado aún ningún paso que permita ofrecer la imagen de normalidad que dice querer dar a la consulta ilegal. Se prevé que la ley del referéndum se apruebe el próximo 6 de septiembre, pero se desconoce, entre otras cuestiones, cómo la Generalitat captará y formará a los “agentes electorales” que sustituirán a los funcionarios o cómo ha elaborado el censo, cuyos datos, habitualmente cedidos por el INE, son esenciales para unas elecciones.

El mensaje que ofrecen Puigdemont y Junts pel Sí es machacón: el referéndum se celebrará y no será un nuevo 9-N —el proceso participativo independentista de 2014—, porque esta vez los resultados serán implementados. Ayer, en una entrevista al rotativo digital ElNacional, el presidente catalán repetía incesantemente la palabra “normalidad” para describir la logística y el ambiente político que tiene que presidir el 1 de octubre, el mayor desafío lanzado desde la política catalana tras la recuperación de la democracia. Pero ha sido justamente el propio Govern el que, forzado por la táctica ante la segura prohibición del Tribunal Constitucional, frena los pasos e impide que esa convocatoria pueda considerarse un proceso electoral común.

El único paso que ha dado hasta ahora Puigdemont y su Ejecutivo ha sido el de afirmar que el Gobierno catalán ha adquirido ya más de 6.000 urnas que se utilizarán en el referéndum, una forma con la que pretende esconder el fracaso que supuso no poder sacar adelante un concurso institucional para adquirirlas de forma pública. Las dos empresas que se presentaron no cumplían el pliego de condiciones; las compañías que hubieran podido superar esa primera fase del concurso —las de mayor tamaño— se negaron a participar en el desafío soberanista, si bien la convocatoria del concurso solo hacía referencia a procesos electorales, sin mentar el referéndum.

El Govern, tras la Cámara

Más allá de esa supuesta compra clandestina de urnas, el Gobierno catalán no ha desvelado nada más. Fuentes de Junts pel Sí advierten de que todo se precipitará a partir de esta semana —con la presentación de la ley de transitoriedad, que se pretende aprobar antes del 1 de octubre— y la próxima, cuando, a las puertas de la Diada, se apruebe la ley del referéndum. Una vez en vigor esta última, que será prohibida casi automáticamente, el Gobierno catalán tendrá que aprobar un decreto de normas complementarias para resolver las carencias de esa ley. Entre otras, cómo deben ser las papeletas y cuándo se inicia la campaña del referéndum. El Ejecutivo catalán quiere implantar la idea de que las leyes vinculadas al referéndum independentista y a la posterior desconexión si gana el sí crearán una legalidad catalana que ya no emanará de la Constitución, por lo que se quedarían sin sentido las órdenes que lleguen desde el Tribunal Constitucional.

De momento, las formaciones independentistas intentan gestionar cuestiones no menores de plano municipal. Se trata especialmente de la cesión de los locales municipales que tienen que ser la base para el referéndum. El riesgo de posibles inhabilitaciones de alcaldes que apoyen la consulta ilegal puede acabar con una importante purga de las listas municipales de cara a las próximas elecciones locales, que serán clave para que el PDeCAT frene la imagen de incesante pérdida de poder. El Gobierno catalán no ha dado señales de cómo gestionará ese asunto, ni qué hará en aquellos municipios —como los del PSC— que se nieguen a ceder espacios.

Agentes electorales

La otra gran incertidumbre respecto a la consulta ilegal gira en torno a quién se encargará de ella. Se desconoce quién y cuándo se constituirá la Sindicatura Electoral —el ente que sustituirá a la Junta Electoral de la ley electoral— y qué sucederá con los denominados agentes electorales. La Generalitat informó de que constituiría una bolsa para captar a 7.000 personas que se encargarán de controlar los colegios electorales, realizar el escrutinio y trasladar los resultados al centro de control de datos. Estas personas deben sustituir a los funcionarios de los Ayuntamientos que habitualmente participan en procesos electorales.

La CUP demandó la creación de un equipo de expertos juristas españoles y extranjeros para monitorizar cómo avanzaba la preparación del referéndum. Si bien Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras han constituido equipos de coordinación para alinear los intereses del PDeCAT y ERC, ese equipo que quería dar validez desde la fiscalización a los preparativos del referéndum continúa siendo inexistente.