Puigdemont rompe la unidad contra el terror

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rompió ayer la unidad que instituciones y partidos han intentado preservar tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Lo hizo en la víspera de la manifestación convocada esta tarde en Barcelona para mostrar la repulsa de toda España a los ataques. Puigdemont vertió una grave acusación contra el Gobierno, al sostener en una entrevista en el Financial Times que Mariano Rajoy había politizado una materia tan sensible como la seguridad. “Les dijimos que no hicieran política con la seguridad”, afirmó, refiriéndose al freno para ampliar la plantilla de los Mossos y a la reserva de que estos entren en Europol, cuyo acceso está limitado a los Estados. “Desafortunadamente, el Gobierno español tenía otras prioridades”.

Puigdemont recuperó una antigua fuente de polémica entre los Gobiernos central y el catalán apenas un día antes de la gran marcha que debe recorrer hoy el paseo de Gràcia de Barcelona para mostrar solidaridad con las víctimas. Sus declaraciones introducen un elemento de división cuando todas las partes están haciendo esfuerzos para mantener una inquebrantable imagen de comunión contra el terrorismo, pese a la frágil coordinación que ha habido en la última semana.

La salida de tono del presidente catalán se produjo pese a que poco antes había demandado en el Parlament —que celebró un breve pleno extraordinario para homenajear a las víctimas y agradecer el trabajo de equipos sanitarios y de seguridad— una asistencia masiva a la protesta contra el terrorismo y anteriormente había criticado que la CUP condicionara su presencia a la asistencia del rey Felipe y Mariano Rajoy en la cabecera de la manifestación.

Finalmente, han confirmado su presencia el Rey —que participará en su primera manifestación tras ser coronado— y el presidente del Gobierno, con quienes Puigdemont compartirá espacio junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Representantes de otras Administraciones y del conjunto de las fuerzas políticas también han anunciado su asistencia.

El presidente catalán celebró el trabajo efectuado por los Mossos d'Esquadra en la desarticulación de la célula yihadista que atentó en Cataluña, pero no evitó referirse a la precariedad de recursos con la que actúa, de la que la Generalitat culpa directamente al Gobierno central. “La policía catalana, incluso sin tener todas las herramientas que necesitan y estando mal financiados, han gestionado la crisis excepcionalmente”, afirma Puigdemont en la entrevista, en un claro dardo al Ejecutivo español.

En los últimos días, los nacionalistas han presumido de la investigación de la policía autonómica para reivindicar que han actuado como un Estado.

El Departamento de Presidencia de la Generalitat no desveló ayer cuándo celebró Puigdemont la entrevista con el rotativo británico ni en qué contexto se produjeron esas declaraciones. En todo caso, sus palabras rompen el discurso que ha mantenido estos días Puigdemont, que ha limitado el foco de sus palabras a los atentados, el apoyo a las víctimas y la resolución policial del caso.

Ayer, no obstante, cerró su estrategia comunicativa durante la crisis y se abrió a hablar, de nuevo, del proceso político en el que se encuentra su Gobierno, decidido a celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum independentista ilegal. “Mostramos cada día que estamos preparados para actuar como un Estado independiente, no solo en momentos excepcionales”, afirma a poco más de un mes de la consulta ilegal. El Gobierno catalán, Puigdemont incluido, tiene entre sus objetivos internacionalizar su relato independentista, si bien ha fracaso en sus intentos de que políticos extranjeros les atiendan en sus cancillerías.

En los viajes que ha realizado por diferentes ciudades europeas y de Estados Unidos, los argumentos se han repetido. Las intervenciones de Puigdemont han combinado la explicación del anhelo de Cataluña de consumar el derecho de autodeterminación, la denuncia de que el Gobierno central se niega a negociar un referéndum —porque está fuera del marco constitucional— y la versión de una España decimonónica e intransigente. Probablemente será esa misma versión que llevará la próxima semana en su viaje oficial de dos días a Dinamarca. En el Financial Times ofreció otras dos afirmaciones que acostumbra a introducir en sus discursos: que el plan independentista no tiene freno y que el referéndum ilegal se celebrará.

Acorde con otras afirmaciones de miembros de su Gobierno, señaló que los ataques en la Rambla de Barcelona y Cambrils no pueden modificar la hoja de ruta y la convocatoria del referéndum independentista. Argumenta el presidente catalán que “el regreso a la normalidad es la derrota de los terroristas”, por lo que no entra en sus planes modificar su hoja de ruta. Igualmente, advirtió que el Gobierno de Mariano Rajoy, que sostiene que esa consulta no se celebrará, no tiene forma de frenar los planes del Ejecutivo de Junts pel Sí. Incluso abre la puerta a ingresar en prisión si desobedece. “Yo no quiero ir a prisión, pero no hay nada que ellos puedan hacerme que me haga parar este referéndum”, aseguró.

Compra de urnas

Durante la entrevista confirmó las afirmaciones realizadas por miembros de la CUP este mes, en el sentido de que el Gobierno catalán ya había comprado las urnas para celebrar el referéndum: “Ya tenemos más de 6.000 urnas, no sé cómo el Estado nos puede parar”. La Generalitat tuvo que paralizar un concurso para adquirir urnas después de que las empresas que habían planteado presentarse no facilitaran toda la documentación necesaria.

En el caso de declarar la independencia, Puigdemont asegura estar convencido de que las relaciones entre la Administración central y la catalana mejorará, porque será “entre iguales”. Asimismo, se muestra seguro de que, si se celebra el referéndum, “habrá suficientes votos para mostrar al mundo cuál es el deseo de los catalanes”.

El Gobierno catalán lleva tiempo reclamando un aumento del número de efectivos que forman parte de su policía, tras constatar que, con 16.800 policías, mantiene un déficit de más de 1.500 agentes si se tiene en cuenta la población de Cataluña.

La otra polémica se refiere a la capacidad de los Mossos de acceder directamente a las bases de datos de la Europol, con el objetivo de no tener que depender de las fuerzas de seguridad del Estado, como sucede ahora, y agilizar sus investigaciones. El Gobierno catalán mostró su enojo en junio, cuando sí se acordó con el Gobierno vasco que la Ertzaintza tuviera acceso y, en cambio, la policía catalana continuaba alejada de esa información.

Tras una Junta de Seguridad celebrada por el Ejecutivo central y el de la Generalitat el pasado mes de julio se acordó que los Mossos también tendrían finalmente acceso a esos expedientes, por lo que todo apunta a que el problema estaría resuelto y las acusaciones de Puigdemont se han quedado sin sentido.