La ‘Ley Mordaza’ reanuda su camino hacia la derogación

Aunque la crítica situación de Cataluña eclipsó ayer el debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —popularmente conocida como Ley Mordaza—, su posible derogación se abre paso por los vericuetos del Congreso, ahora que el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta para imponerla y todos los grupos han manifestado su rechazo a la misma.

Precisamente cuando se viven situaciones de máxima tensión en las calles catalanas, con la policía y la Guardia Civil teniendo que ser prácticamente escoltadas por los Mossos d'Esquadra frente a las multitudes independentistas, el Congreso rechazó ayer en pleno la enmienda a la totalidad presentada por Bildu contra una de las normas más polémicas y protestadas de los últimos tiempos, que entró en vigor —con los únicos votos del PP— el 16 de mayo de 2016 entre múltiples críticas y con un recurso presentado por los socialistas en el Tribunal Constitucional. La enmienda de Bildu, que considera que la Ley Mordaza “vulnera derechos y no ofrece garantías a los detenidos”, no fue entendida por el resto de grupos “porque no aporta nada y solo ralentizaba más los trámites”. Solo fue respaldada por ERC y contó con la abstención de Unidos Podemos.

Sin embargo, la aciaga enmienda a la totalidad de Bildu, en medio de la tormenta catalanista, sirvió para reactivar un debate que los grupos de la oposición ya sienten como urgente. Las sucesivas ampliaciones de plazos para presentar enmiendas lo han ido postergando hasta hoy. Y lo que queda.

Tanto PSOE como PNV presentaron en su día sendas proposiciones de ley con sus propuestas de modificación. En el primer caso, y tras cinco meses en plazo de presentación de enmiendas, los socialistas propusieron una vuelta al texto de la llamada Ley Corcuera, conocida popularmente como “Ley de patada en la puerta”, y posteriores negociaciones con el resto de grupos para alcanzar una nueva norma ampliada y consensuada. Los socialistas ya anunciaron cuáles serían sus principales cambios: permitir las manifestaciones en Congreso y Senado, prohibir las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, o acabar con las sanciones por fotografiar policías o parar un desahucio.

En el caso de los vascos, también presentaron una proposición de ley para modificar “sustancialmente” 44 disposiciones, e introducir tres disposiciones finales en su articulado.

Ambas propuestas serán ya debatidas en la Comisión de Interior cuando se les dé trámite. “El PP se ha comprometido a cerrar el plazo de enmiendas el 3 de octubre”, aseguran en el grupo socialista. “A partir de ahí, podría convocarse la ponencia”. Pero también podría tomarse en consideración la proposición del PNV, por lo que la ponencia tendrá que refundir previamente las dos iniciativas. Eso podría volver a retrasarla, puesto que deberán llegar a acuerdos entre ambos grupos previamente. En todo caso, señalan que “lo lógico sería que llegara a comisión a finales de octubre o principios de noviembre”.

Buena parte del debate de ayer derivó, no obstante, hacia los acontecimientos de Cataluña, y la diputada de ERC Ester Capella aprovechó para animar al voto en el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.