La ‘ley mordaza’ y la nueva Inquisición

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza,ha resultado ser una eficaz máquina de recaudar dinero. La norma, que nació hace dos años para frenar la oleada de movilizaciones que ocupaban la calle y cercaban las sedes de las instituciones, ha impuesto hasta final de 2016 más de 39.000 sanciones por enfrentamientos y desplantes de los ciudadanos hacia las fuerzas de seguridad. Traducido a euros, han sumado 13,5 millones. Faltar al respeto a la autoridad o desobedecer a la policía configuran el grueso de los expedientes. Una parte nada despreciable (26.688 euros) corresponde a multas por grabar actuaciones policiales y difundir sus imágenes.

Si hay un sector que desde el principio alertó de los efectos de la ley mordaza, ese fue el de la prensa. Muchos periodistas los han sufrido en carne propia. Tres ejemplos: una redactora de Catalunya Ràdio fue sancionada con 601 euros por “desobediencia a agentes de la autoridad” en febrero de 2016 durante la cobertura de la declaración del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Otra periodista de Canal#0 recibió idéntica multa por cubrir una cacerolada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante la sede del PP de Madrid, desobedeciendo a la policía y declinando identificarse. Un fotógrafo de la revista Argia fue multado por subir a Twitter imágenes de la detención de la activista Naroa Ariznabarreta.

La lista es larga y, aunque algunas sanciones han sido anuladas, al amparo de la ley mordaza se han castigado conductas rocambolescas, como la queja expresada en las redes sociales porque un vehículo de la policía estaba mal aparcado, o llamar “escaqueados” a agentes locales de Tenerife. El colmo fue la denuncia a una mujer por lucir un bolso con la cara de un gato y las siglas ACAB (“All Cats Are Beautiful” (todos los gatos son hermosos), acrónimo que también hace referencia a “All Cops Are Bastards” (todos los policías son unos bastardos).

Bajo una supuesta falta de respeto a la policía se han lanzado obuses contra la libertad de expresión. Lo mismo ocurre cuando se apela a los sentimientos religiosos. Daniel Cristian Serrano, jienense de 23 años, puso su cara en una fotografía del Cristo Despojado y ese fotomontaje lo subió a Instagram, lo que provocó la inmediata denuncia de la Hermandad de la Amargura de Jaén. La fiscalía considera que la imagen virtual es un “escarnio” y avala la “indignación” que ha causado en la hermandad por el “manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía” con el fin de “ofender los sentimientos religiosos”. Como en tiempos de la Inquisición, Serrano irá al banquillo si nadie lo remedia.

Utilizando esta vara de medir, algunos podrían considerar un oprobio el cuadro que cuelga en la iglesia de San Andrés de Madrid que representa a san Isidro con la cara del exalcalde José María Álvarez del Manzano. Lo pintó José Gabriel Astudillo, político del PP. La fiscalía no ha dicho nada; y eso que el lienzo que retrata a santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro, está inspirado en María Eulalia Miró, esposa a su vez de Álvarez del Manzano. Dos por el precio de uno.