La fiscalía cita como investigado al diputado nacional Ferran Bel por el referéndum
El parlamentario del PDeCAT y alcalde de Tortosa deberá comparecer el próximo lunes
Ferrán Bel, diputado nacional del PDeCAT y alcalde de Tortosa (Tarragona), deberá comparecer como investigado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo el próximo lunes 25 por su supuesto papel en la organización del referéndum ilegal de autodeterminación previsto por la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre. Bel es el único de los 948 alcaldes catalanes que goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo en su condición de parlamentario nacional.
El pasado 13 de septiembre, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales bajo su mando que citaran a los más de 700 alcaldes y presidentes de diputaciones y consejos comarcales catalanes que han manifestado su voluntad de colaborar en el referéndum del 1 de octubre. Muchos de ellos han firmado y tramitado decretos de Alcaldía en los que expresan su disposición a ceder espacios municipales para acoger la convocatoria de autodeterminación, suspendida oficialmente por el Tribunal Constitucional.
Maza dio instrucciones de que los regidores sean citados como investigados –imputados-, acompañados de un abogado y con la advertencia expresa de que se ordenará su detención en caso de no comparecer. En el caso del aforado Bel, esta última advertencia no se recoge. La orden afecta a 712 alcaldes y presidentes de otras entidades, como consejos comarcales o mancomunidades. La instrucción señala que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".
Los alcaldes que serán citados son todos aquellos que han firmado decretos para poner a disposición del Govern de Carles Puigdemont los locales necesarios para organizar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Esa lista ha sido publicada en la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia.
En la orden, el fiscal general, José Manuel Maza, advierte de que las conductas de autoridades públicas conducentes a la organización del referéndum pueden constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa; prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
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