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Las trampas de la carta a Rajoy y al Rey

Los firmantes de la misiva camuflan con medias verdades la realidad de la crisis

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en una reunión. ULY MARTÍN

El último golpe de efecto del desafío independentista ha llegado en forma de carta, en la que los representantes de las tres principales instituciones catalanas —la Generalitat, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona— le piden a Mariano Rajoy, con copia al Rey Felipe VI, un esfuerzo a la desesperada para pactar un referéndum de autodeterminación. El texto, bajo una apariencia de buena fe, está plagado de trampas y medias verdades políticas, jurídicas y de comunicación.

El verdadero destinatario

La primera trampa tiene además mucho de deslealtad institucional. El texto ha sido enviado a la vez, si no antes, al diario Financial Times, de amplia difusión internacional, con la intención de que sea publicado a lo largo de la mañana del viernes. No parece que la voluntad sincera de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Ada Colau sea la de convencer a Mariano Rajoy de buscar una salida negociada a la crisis sino más bien la de proyectar hacia el exterior la idea de que son ellos los que persiguen hasta el último minuto una solución pacífica y pactada.

Pactar sobre un hecho consumado

Los autores de la carta piden a Rajoy, y de paso al Rey, que se pueda pactar un referéndum de autodeterminación entre el Govern y el Gobierno central, para que los catalanes sean escuchados. En ningún momento explican que esa decisión ya se ha adoptado de un modo unilateral, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional. No se señala que ya hay una fecha para la consulta, el 1 de octubre, o que ya hay una campaña en marcha a la que se han destinado recursos públicos. Ni la menor referencia a dos leyes, la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica, que ya han impuesto una realidad jurídica contrapuesta a la realidad constitucional española, en contra de más de la mitad de los catalanes y de sus representantes legítimos.

El Estatuto “tumbado”

El texto se refiere al actual Estatuto de Autonomía de Cataluña como una ley votada por los ciudadanos y “tumbada” por el Tribunal Constitucional. Sin cuestionar el amplio consenso, entre políticos y juristas, que señala esa decisión como el origen y la explicación de gran parte de esta crisis institucional, la realidad es que el Estatuto sigue vigente y es la máxima norma, tras la propia Constitución, que rige el autogobierno catalán. Da la impresión, en la carta, de que las leyes de esa comunidad hubieran sido suprimidas de un plumazo.

“Autodeterminación”, sin eufemismos

Habla la carta de la “demanda reiterada de una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana” de que se celebre un referéndum de autodeterminación. Utilizan ya sin tapujos un término que hasta ahora habían esquivado con eufemismos como el del “derecho a decidir”. El movimiento independentista sabe que el derecho internacional tiene muy tasado el concepto de libre determinación, referido a situaciones coloniales en las que Cataluña no tiene cabida, como sí la tienen el Sáhara Occidental o la Polinesia francesa. Ninguno de los principales grupos parlamentarios del actual Parlament incluyó en el programa con que se presentó a las últimas elecciones esa reclamación, y las encuestas que constantemente se realizan entre la sociedad catalana no sitúan esa demanda –la autodeterminación, que no la voluntad de ser consultada- entre las prioridades de los ciudadanos.

“Ofensiva de represión sin precedentes”

No contribuye mucho a la aparente buena intención de la carta los términos con los que los firmantes hacen referencia a la respuesta del Estado español frente al desafío independentista. Hablan de una “ofensiva de represión sin precedentes” que ilustran con medias verdades y exageraciones. Por ejemplo, acusan al Gobierno de impedir actos públicos, horas después de concentrar en Tarragona, sin el menos problema, a miles de personas para el acto de arranque de una campaña por el “sí” declarada ilegal por el Constitucional. Relatan “amenazas a medios de comunicación” a los que la Justicia les ha exigido explícitamente que no den difusión a la publicidad institucional de un acto de desobediencia. Da la impresión, por el texto, de que se hubiera puesto en marcha en Cataluña una represión “a la turca” que en nada se asemeja a la realidad. No hay más que leer cada mañana los medios catalanes proindependentistas. Da por sentada “la detención del 75% de los alcaldes de Cataluña” cuando en ningún momento se ha producido. De hecho, la inmensa mayoría de ellos se han mostrado dispuestos a acudir ante los fiscales a explicar su voluntad de colaborar en los preparativos de la consulta. La hipotética detención de alguno de ellos solo tendría el objetivo temporal de hacerles cumplir con la obligación legal de comparecer ante la justicia cuando son requeridos a ello.

“Convocar un referéndum no es delito”

Es cierto que el Tribunal Constitucional rechazó la reforma penal emprendida por el Gobierno de Aznar que tipificó como delito la convocatoria de un referéndum, en un movimiento preventivo para frenar la ofensiva emprendida entonces por el Gobierno vasco de Ibarretxe. Los argumentos empleados por el alto tribunal fueron ante todo formales, censurando el modo en que se había introducido en la ley penal –de forma apresurada, casi por la puerta de atrás-un nuevo delito. Los firmantes de la carta se agarran a esa decisión para afirmar que “el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, ya no es delito”. Se trata de una media verdad que oculta la cuestión de fondo. Los responsables de la crisis son investigados por otros delitos: desobediencia, prevaricación y malversación. No se trata de la consulta en sí, sino del procedimiento para llevarla a cabo y del contenido elegido, muy lejos de las competencias y atribuciones de la Generalitat. Los convocantes del referéndum asumen la falacia de que el pueblo catalán es “soberano” para decidir su futuro, e ignoran que la Constitución atribuyen expresamente la soberanía nacional “al pueblo español” en su Artículo 1. Ese es, en último término, el origen de esta gran ilegalidad. Tampoco hay referencia alguna a ello en la carta.

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