El Gobierno confía en que la sociedad catalana “rechace a los extremistas”y se mantenga “la convivencia cívica”

El Gobierno ha activado todas las medidas coercitivas previstas en la ley para impedir que el 1 de octubre se celebre el referéndum en Cataluña, además de advertir que cualquier colaboración para llevar a cabo la consulta es un delito. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó ayer tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo trabajará para mantener “la convivencia cívica” con la advertencia a los Mossos d’Esquadra de que es la policía “de todos los catalanes”.

El Gobierno de Mariano Rajoy presentó ayer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transitoriedad jurídica, tras su aprobación la medianoche anterior por el Parlament, lo mismo que hizo con la ley del referéndum, aprobada en el miércoles.

La respuesta a las medidas aprobadas por el Parlamento de Cataluña y el Govern sigue en marcha para tratar de impedir la consulta ilegal que los partidos secesionistas catalanes quieren celebrar el 1 de octubre. El Ejecutivo no oculta su preocupación por que “pueda haber episodios de violencia”, señaló ayer el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que mostró su confianza en que la sociedad catalana “rechace a los extremistas”.

La referencia a posibles hechos violentos, si se impide la celebración de la consulta, surgió a preguntas de los informadores, no por iniciativa del ministro. Sí fue, sin embargo, decisión del portavoz del Gobierno introducir en su discurso la afirmación de que el Gobierno “trabajará por mantener la convivencia cívica”, además de apelaciones a la moderación de la sociedad catalana, a la que elogió.

En el relato y en la acción del Gobierno se constata la decisión de adoptar “todas las medidas” que considere necesarias, pero, como reconoció Méndez de Vigo, no todo puede estar previsto puesto que se desconoce cómo actuarán no solo las autoridades, sino también los ciudadanos el 1 de octubre.

La comunicación a los alcaldes, a los secretarios y a los interventores judiciales para que no colaboren con la realización de esa consulta ilegal está ya en marcha pero, además, el Ejecutivo advirtió ayer de que los concernidos son muchos más, en referencia implícita a los voluntarios. “Todo aquel que participe y colabore ahora ya no tiene duda de que tendrá que atenerse a las consecuencias”, dijo el ministro portavoz.

Cooperadores necesarios

Desde el Ejecutivo catalán se transmite que los requerimientos que van a recibir más de mil personas en Cataluña, entre altos cargos y alcaldes, además de los miembros del Govern, haciéndoles saber que incurrirán en un delito, no alcanzarán a los miles de voluntarios dispuestos a trabajar por la consulta. Con esta situación también cuenta el Gobierno central y ante ella se abre el interrogante de hasta dónde se extiende el delito de quienes tengan algo que ver con la consulta. No hay una respuesta clara del Gobierno de Rajoy, ni oficial ni oficiosa. “Todo el mundo sabe ya que ese referéndum es ilegal” y, por tanto, no se debe ni se puede colaborar en su realización, señaló Méndez de Vigo.

Tampoco hay respuesta a si también los votantes podrían incurrir en delito, pero sí estarán concernidos los “cooperadores necesarios”. Y aquí sí pueden entrar “los voluntarios” a los que apela el Gobierno catalán y no solo los alcaldes, los directores de los colegios o los profesores, señalan fuentes gubernamentales.

Como una continuación del discurso del presidente del Gobierno del pasado jueves, y el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, del día anterior, el ministro portavoz desgranó un pronunciamiento político de principios en defensa de la democracia, los derechos de las minorías, de la dignidad de la oposición parlamentaria catalana, junto a fuertes descalificaciones por su actuación a los promotores del secesionismo. “Proporcionalidad y firmeza”, son los principios por los que el Gobierno se quiere conducir en este trance y es la respuesta que se ofrece cuándo se requiere información y opinión sobre si se activará el artículo 155 de la Constitución. Esta previsión constitucional consiste en suspender determinadas competencias de la Administración catalana —no la autonomía al completo— para que las asuma la Administración central.

Esa posibilidad está en cartera, aunque no sea la preferida del Gobierno del PP ni tampoco del PSOE, con quien el Ejecutivo de Rajoy quiere mantener a toda costa la unidad de acción en esta profunda crisis institucional.

Minoría radical

Rajoy también cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Y en aras a mantener esta unidad de acción, el Gobierno mira hacia otro lado ante el evidente rechazo del líder socialista, Pedro Sánchez, de mantener una reunión conjunta con Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ahora mismo, ese es un asunto menor para el Gobierno, que está preocupado por la posibilidad de que pueda haber incidentes en la calle el próximo 1 de octubre.

Por eso, el Ejecutivo pide a la sociedad catalana que no siga los dictados “de una minoría radical y antisistema”, en referencia explícita a la CUP que, en palabras del portavoz Méndez de Vigo, “es quien domina la agenda política catalana”.