Juana Rivas pide a la justicia que obligue al padre a permitirle hablar con sus hijos

Citada a las 11 de la mañana de hoy, martes 5 de septiembre, Juana Rivas ha acudido a declarar con 35 minutos de retraso ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz. Rodeada por algunos familiares y por un nutrido grupo de abogados, la madre de Maracena que entregó a sus hijos a su padre, Francesco Arcuri, el 28 de agosto pasado tras algo más de un mes con los niños en paradero desconocido, tenía esta mañana su primera cita judicial por la vía penal tras esa entrega. Rivas está investigada por un delito de sustracción de menores y otro de desobediencia a la administración de justicia. Juana ha optado por declarar frente a la suposición de algunos abogados implicados en el caso que, horas antes de la cita judicial, intuían que Juana se aferraría a su derecho a no declarar.

El abogado de Rivas, Juan de Dios Ramírez, ha explicado a la salida del tribunal que su defensa buscaba esclarecer el entorno de convivencia en que se han desenvuelto Juana y sus hijos estos años. No obstante, Ramírez, ha indicado que la juez ha impedido esa línea de interrogatorio con lo que “la postura de su señoría hacia Juana cercena nuestro derecho a la defensa y genera indefensión”. El letrado se ha quejado de no haber podido probar en el interrogatorio el ambiente familiar de malos tratos y violencia hacia ella sobre la que intenta basar su defensa.

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Poco más ha querido añadir sobre el interrogatorio. La declaración ha sido breve. Apenas unas preguntas de su equipo de abogados defensores y poco más. A las 12, apenas 20 minutos después de entrar a declarar en la quinta planta del juzgado granadino, Rivas estaba ya fuera. Rivas no ha contestado a preguntas de la juez, la fiscalía o las otras partes.

Juan de Dios Ramírez ha explicado también que la madre lleva desde hace días intentando comunicar con sus hijos en vano. Así, ha aportado un acta notarial en el que consta la cantidad de llamadas y mensajes que, vía Whatsapp, han enviado a sus hijos y que no han recibido respuesta. Ante ello, la defensa ha solicitado en los juzgados italianos un “procedimiento de inaudita parte urgentísimo” (en el que no es necesario el visto bueno de la otra parte) requiriendo un régimen de comunicaciones diarias y regulares con sus hijos a través de telefóno y videoconferencia.

Juana Rivas apenas ha hecho declaraciones. A su llegada, ha manifestado encontrarse “muy mal” y ha dicho que no había podido hablar con sus hijos aún. También ha dicho, antes de entrar al juzgado, que llegaba dispuesto a contar la verdad. A la salida ha dejado hablar a sus abogados. Mientras éstos hablaban, Rivas se ha sentido indispuesta y ha tenido que entrar en el edificio de los juzgados para recuperarse.

Por su parte, José Luis Sariego, abogado de Francesco Arcuri en España, ha podido hacer sus preguntas exclusivamente para que constaran en acta ante la negativa de Juana Rivas a contestar. Según asistentes a la declaración, Rivas ha mantenido silencio a todas las preguntas excepto en una en las que ha arrancado una respuesta sobre en casa de quién había estado durante su desaparición. “En casa de Rocío, una íntima amiga” ha sido todo lo que ha respondido. Para Sariego, el acto de hoy ha ido bien para los intereses de su defensa. Según el letrado, la juez ha interrumpido las preguntas de los defensores de Rivas recordándole que el asunto del día era el secuestro de menores y la obstrucción a la justicia y no otro. Las preguntas de Sariego han ido dirigidas a conocer quién paga “el amplio equipo de defensa” que la representa en este momento. Sariego explica que hace apenas unos días, Rivas se ha declarado “pobre” al perder el juicio civil que le obligaba a devolver los niños a su padre y, además, a pagar las costas. En esa fase, Rivas tenía justicia gratuita porque según ella no podía pagar. Sariego no ha obtenido respuesta.

Cambio de teléfono

Respecto a la imposibilidad de contactar con Francesco en Italia, su abogado ha explicado a este diario que “recibe 400 llamadas al día y ha tenido que prescindir de ese número. Ahora tiene otro que solo conocemos sus abogados en Italia y yo”, ha concluido Sariego.

La jueza no ha tomado hoy ninguna decisión en lo que respecta a la situación procesal de Rivas, que sigue, según su abogado, “en libertad provisional investigada” por sustracción de menores y por desobediencia a la justicia. Juana se enfrenta, por la sustracción de menores, a penas de prisión de entre dos a cuatro años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad por un tiempo de cuatro a dos años. Por el delito de desobediencia a la administración de justicia, la pena máxima prevista en el código penal es de 5 años.

La comparecencia de Juana, no obstante, no es la primera de este caso que entró en vía penal en los últimos días de julio, tras la incomparecencia de Rivas en el punto de encuentro en el que debía entregar a sus dos hijos menores a su padre. La juez había citado la semana pasada a Francisca Granados, asesora de Juana Rivas y directora del Centro para la Mujer de Maracena, y a Teresa Sanz, psicóloga del mismo centro, y a algunos familiares directos de Rivas (padres y hermanas) para tomarles declaración y determinar así participación o no como presuntas colaboradoras en el delito de sustracción de menores. En ninguno de los casos hubo realmente declaración sino silencio. Granados y Sanz optaron por no declarar acogiéndose al secreto profesional aunque, ante la prensa, manifestaron que no habían tenido participación alguna en los hechos. Por su parte, los familiares también se acogieron a su derecho a no declarar sin que la juez ni Fiscalía tomaron ninguna decisión o medida cautelar contra los familiares.

En cualquier caso, el caso Juana Rivas ha tomado una deriva judicial que parece ser vertiginosa. Lo que en la parte civil era un abogado por cada una de las partes, de oficio para Rivas, incluye en esta parte penal un amplio equipo de abogados en España y otro en Italia para Juana Rivas y abogado en España y en Italia para Arcuri. El caso, en esta vía penal, apenas acaba de arrancar y, si la juez admite todas las pruebas que van a pedir las partes, la sentencia puede tardar meses en llegar.