El PP descarta la intervención de Cataluña para impedir la consulta

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, descartó este martes que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución para impedir la celebración del referéndum unilateral que los independentistas catalanes han planteado para el 1 de octubre. “Es un procedimiento complejo y largo y no tiene sentido”, argumentó apenas un día antes de que el Parlamento catalán dé el pistoletazo de salida al curso político más trascendente y convulso desde la recuperación de la democracia.

El artículo 155 de la Ley de leyes permite al Gobierno “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de la legalidad vigente. El PSOE ya le trasladó en julio al PP que no apoyaría la puesta en marcha de esta previsión constitucional. El PP considera que, “por razones temporales y jurídicas”, ya no cabe aplicar el artículo 155 de la Constitución antes del 1 de octubre, fecha elegida por los independentistas para intentar organizar un referéndum ilegal.

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Poner en marcha ese mecanismo constitucional exigiría hacer un requerimiento previo a Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, para que cumpliera la ley. Si esto no sucediera, Mariano Rajoy necesitaría enviar al Senado una propuesta con las medidas concretas a tomar. La hoja de ruta del Ejecutivo debería ser debatida en la comisión de Comunidades Autónomas, cuyos representantes también tendrían que pedir a Puigdemont que presentara las alegaciones que considerara oportunas. Finalmente, la propuesta debería votarse en el pleno de la Cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta. Un proceloso camino que el Gobierno tendría que andar en menos de dos meses.

“Hay otras fórmulas para hacer frente al desafío de los independentistas y de momento son suficientes”, aseguró el portavoz parlamentario del PP, también integrante de la dirección nacional de este partido, quien adelantó este posicionamiento en una entrevista con Europa Press.

El anuncio sobre el descarte de la intervención de la Generalitat llegó en la víspera de que dé comienzo el periodo de sesiones en el Parlament, avanzado a lo que es habitual para aprobar la ley del referéndum que se registró el pasado 31 de julio. Fuentes de Junts pel Sí daban por hecho ayer que la mesa no tramitará todavía la norma. El bloque independentista evitó introducir ese punto en el orden del día y ayer descartaban hacerlo una vez iniciada la reunión, pese a que podrían hacerlo. El bloque independentista rompe así con una tradición parlamentaria que fija el inicio de la tramitación de cualquier proposición en la primera reunión de la mesa posterior a su registro. Pero también es cierto que, con su decisión, son fieles a la dinámica del último año, en la que todos los movimientos han quedado supeditados a cual podía ser la respuesta desde Moncloa. El presidente Mariano Rajoy ha afirmado que la simple tramitación supondrá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de su Ejecutivo.

Desobediencia

Junts pel Sí podría iniciar el trámite de la ley del referéndum en las dos reuniones que la mesa ha de celebrar antes del primer pleno del curso, previsto para los días 6 y 7 de septiembre, en el que se aprobaría la norma para dar tiempo a los preparativos, incluida la firma del decreto de convocatoria, que se desconoce todavía quién suscribirá. El grupo que integra al Partit Demòcrata y Esquerra Republicana está presionado por la CUP para que no dilate las decisiones y desobedezca al Tribunal Constitucional.

Es para ese caso para el que se había planteado el posible uso del artículo 155, medida que desde el entorno de Junts pel Sí se interpreta que puede ser contraproducente para los intereses del Gobierno español y no resolvería el problema de fondo: el auge del independentismo en Cataluña. Desde el PP se considera que activar la intervención equivaldría a “alimentar el victimismo” de los independentistas. En consecuencia, se mantiene la estrategia de Rajoy, que hasta ahora ha dividido su contestación al reto independentista entre una respuesta jurídica y una política.

El descarte del PP a utilizar esa intervención coincide con la posición del PSOE, líder de la oposición. Sin embargo, en los últimos meses se han acumulado las voces autorizadas que han pedido la aplicación del artículo 155 frente al reto independentista en Cataluña. Asi, el expresidente José María Aznar pidió en junio que los partidos constitucionalistas articulen una alternativa política en Cataluña, e insinuó su apoyo a la aplicación de esa previsión constitucional al argumentar que “si el independentismo crea una situación irreductible, y en eso está, los medios legítimos de la Constitución y del Estado de derecho no serán una opción, sino el deber de las instituciones democráticas de mantener la legalidad”. En una línea parecida se expresó el expresidente Felipe González, sin llegar a apostar con claridad por la medida.

Los dirigentes del PP consideran que el proceso independentista “está agotado”. Apuestan por un adelanto electoral en Cataluña y hacen cuentas: con el PdeCAT a la baja en las encuestas, los estrategas de Génova se preguntan si la aritmética parlamentaria permitirá en el futuro desplazar a los independentistas del poder con una alianza que agrupe a su formación, a Ciudadanos, el PSC y la marca catalana de Podemos.