Puigdemont hace gestos en busca del apoyo de Colau

Los retoques, omisiones y añadidos de la última versión de la Ley de Transitoriedad Jurídica de la Generalitat tienen como objetivo ampliar el apoyo a la causa independentista, muy particularmente entre las bases de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Además de detallar un proceso constituyente “de base ciudadana”, el texto elimina o suaviza asuntos espinosos del primer borrador como la preeminencia de la lengua catalana, mientras que deja intactas las referencias a la pobreza energética y el derecho a la vivienda.

Además de ser más breve, el nuevo texto es sensiblemente más abstracto que la versión publicada en mayo por EL PAÍS. Con ello, además de intentar evitar el rechazo de los sectores poco convencidos sobre la independencia, buscan dar mayor libertad de acción a los parlamentarios en el futuro y, de paso, reducir fricciones dentro del propio bloque independentista. En este sentido destaca que los 15 artículos que inicialmente regulaban el régimen lingüístico de la Cataluña independiente se han quedado en uno solo.

En la primera versión del borrador se establecía el catalán como única “lengua propia de Cataluña” mientras que se dotaba al castellano de un “reconocimiento especial”. Lo que generó más alarma entre sectores no catalanohablantes era que los funcionarios estatales que decidieran ingresar en la Administración de la Generalitat tendrían la obligación de aprender el catalán, para lo que se les otorgaba “un periodo transitorio suficiente” para poder acreditar un conocimiento.

Cuestión lingüística

Nada de esto figura en el nuevo documento, que zanja el asunto en un solo artículo, el número 24, que garantiza que nadie podrá ser “discriminado” por “razones lingüísticas” y que todo el mundo podrá ejercer “el derecho de opción en relación con las lenguas catalana, aranesa y castellana”. Se remite a ley de política lingüística de 1998, que blindaba aspectos como la inmersión lingüística en las escuelas, que fue aprobada por amplia mayoría del Parlament y que no fue recurrida por el Gobierno de José María Aznar. Para dejar claro que se quiere ladear la espinosa cuestión lingüística el texto insiste en que se garantizan los derechos lingüísticos vigentes “en el momento de entrada en vigor de esta ley”. Con otras palabras: las lenguas serán tratadas en la eventual futura república de la misma manera que en la actual autonomía.

Los redactores del nuevo borrador han sido cuidadosos para que los asuntos más relevantes para los llamados comunes no se hayan visto diluidos. De esta forma, el artículo 23 reza que se reconoce el derecho a la protección social, “especialmente en lo relacionado con la infancia, ante situaciones de pobreza, incluida la pobreza energética, de riesgo de exclusión social por falta de alojamiento digno, malnutrición y otras privaciones de condiciones básicas de vida”. En ningún momento se especifica cómo se garantizarán estos derechos más allá de una genérica alusión a que “todas las personas tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica”.

Pensiones y prestaciones

El otro segmento de población que los independentistas intentan tranquilizar con el nuevo borrador es el de los pensionistas y receptores de prestaciones sociales. El texto realza la idea de que no varían las condiciones para acceder a estas retribuciones y que se reconocen también “los periodos de cotización del sistema de Seguridad Social realizados en el territorio de Cataluña, a efectos de carencia y de cálculo, así como de otros Estados de acuerdo con el derecho de la Unión Europea”. En este punto, de nuevo, no se especifica cómo se sufragarán tales derechos.