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La Fiscalía estudia si hay delito en el borrador de ley de ruptura

El fiscal general considera que el texto conocido este lunes es “sorprendente y extraño a un estado de Derecho”

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. En vídeo, el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, insiste en que Pigdemont debería hablar en el Congreso.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha estudiado este mismo lunes con la cúpula del ministerio público el borrador de ley de transitoriedad jurídica de Cataluña, que contempla la declaración de independencia de esa comunidad autónoma en caso de que no se celebre un referéndum sobre la secesión y que ha desvelado EL PAÍS. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Maza ha considerado que el texto conocido hoy es “sorprendente” y algo “extraño a un estado de Derecho”.

No obstante, el fiscal general ha descartado de momento entrar en el fondo jurídico de la cuestión, al no tener más conocimiento de este borrador que por la información publicada este lunes. Maza ha asegurado que tras la entrevista en televisión saldrá con celeridad a la sede de la Fiscalía General para reunirse con la cúpula del ministerio público. En las semanas pasadas, la fiscalía ha actuado contra distintos movimientos de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum de independencia contra la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

Fuentes del ministerio público afirman que la reunión ha sido con los fiscales de Sala de los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado, con los que Maza se reune todos los lunes. El encuentro de hoy ha sido con el fiscal jefe de la Inspección y el de la Secretaría Técnica, y no ha podido asistir, al estar de viaje el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo.

El pasado 16 de mayo, la Fiscalía presentó una querella por prevaricación, malversación y desobediencia contra la consejera de Gobernación catalana, Meritxell Borràs, y el secretario general de este departamento, Francesc Esteve, por la licitación del contrato para el suministro de urnas para esta hipotética consulta de secesión, prevista por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para finales de septiembre o principios de octubre.

Además, el pasado febrero, el ministerio público acusó de desobediencia a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa de la Cámara Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet por permitir una votación sobre el referéndum independentista.