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El soberanismo aspira a alcanzar tres millones de votos en el referéndum de octubre

El Gobierno centra sus esfuerzos en evitar que los Ayuntamientos colaboren con la convocatoria ilegal

El president Carles Puigdemont y Oriol Junqueras el 1 de julio. Ampliar foto
El president Carles Puigdemont y Oriol Junqueras el 1 de julio. AFP

Las fuerzas soberanistas catalanas aspiran, en privado, a que al menos tres millones de ciudadanos –alrededor del 60% del censo- voten en el referéndum ilegal de autodeterminación convocado por la Generalitat para el 1 de octubre. En la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014, también prohibida por el Tribunal Constitucional, acudieron a las urnas 2,3 millones de personas. El próximo martes, las fuerzas independentistas, Junts pel Sí y los antisistema de la CUP, presentarán la norma autonómica que pretende dar cobertura a la celebración del referéndum soslayando las leyes electorales españolas.

El Gobierno central está centrando sus esfuerzos en evitar que los Ayuntamientos, administración clave en la organización de los procesos electorales, colaboren en la puesta en marcha del referéndum ilegal de octubre. Los municipios, entre otros cometidos que les otorga la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), se encargan de actualizar los censos electorales o sortear la composición de las mesas de votación. La norma estatal vigente también sitúa a los secretarios municipales como delegados de la Junta Electoral de Zona en cada ayuntamiento.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que se estudia cómo frenar la ayuda de los Ayuntamientos si se ofrecen a ser la alternativa al procedimiento electoral habitual, especialmente prestando locales de votación el 1 de octubre. El Gobierno está especialmente atento a la participación municipal en la publicación de alguna forma de censo oficioso o la publicidad que se pueda dar a los lugares de votación, ya sean de titularidad municipal o privados.

Cataluña no cuenta con una ley electoral propia que adapte la legislación estatal, y tiene anulada por el Tribunal Constitucional la ley de consultas. Se ha regido hasta ahora por las normas estatales, aunque para el próximo martes se anuncia una ley del referéndum en un acto en el Parlamento autonómico.

La normativa que se presentará el martes debería crear una estructura electoral nueva que supla la que existe en España y que no permite la celebración del 1 de octubre. Para empezar, es necesario contar con lo que se denomina una administración electoral, que vela por la transparencia, la imparcialidad y la seguridad de todo el proceso, que ordena y supervisa desde la elaboración del censo hasta la proclamación de los resultados electorales.

El concurso para la compra de urnas ha quedado desierto después de que las empresas proveedoras renunciaran a presentarse. Este contratiempo ha reavivado el debate entre los consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont sobre quién debe firmar los documentos vinculados con la licitación de partidas para el referéndum ante el temor de ser perseguidos penalmente e inhabilitados como sucedió con el expresidente Artur Mas tras el 9-N.

Fuentes presentes en la reunión del miércoles convocada por Puigdemont en el Palau de la Generalitat con Junqueras, los partidos y entidades independentistas, y Forcadell, han explicado a Europa Press que la CUP le pidió a Puigdemont los requisitos que el Govern había incluido en ese concurso de urnas.

El presidente les respondió que él no se no se había preocupado de la adquisición de urnas, y los representantes de la CUP le exigieron más implicación: "Quizá tendrías que haberte preocupado más".

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