Puigdemont se plantea convocar la consulta con solo un mes de antelación

El referéndum independentista previsto por Carles Puigdemont para el próximo 1 de octubre no respetará los 54 días de margen que la ley considera necesarios entre la convocatoria y la celebración de un proceso electoral. El Ejecutivo catalán se plantea incluso reducir ese periodo a menos de un mes, ya que el president explicó este lunes que su Gobierno podría aprobar el decreto “incluso a principios de septiembre”. Pocos días antes, a finales de agosto, se aprobará la ley para regular esa convocatoria, que previsiblemente será anulada por el Tribunal Constitucional.

Los planes del Govern dotan de una velocidad exprés a todos los pasos para organizar y convocar el referéndum de independencia. Cuando faltan menos de cuatro meses para su celebración, la Generalitat trabaja en la finalización de los trabajos que ha ido preparando en los últimos meses, ya que ve difícil otro horizonte que no sea el de la vía no pactada con el Gobierno central. Y esa prisa se reflejará en el plazo que transcurrirá entre la firma del decreto de convocatoria y la celebración de la consulta, si esta llega realmente a producirse.

Los plazos anunciados por Puigdemont en la emisora RAC-1 son los más breves de cualquier proceso electoral celebrado en Cataluña, pese a que la Generalitat persigue una amplia participación que incluya la movilización de los partidarios del no a la independencia en una consulta que tiene la determinación de celebrar resuelva lo que resuelva el Tribunal Constitucional. El president Pasqual Maragall dio un plazo de 36 días en 2006 cuando convocó el referéndum del Estatuto y Artur Mas firmó con 43 días de antelación la convocatoria de la consulta independentista del 9-N.

Puigdemont, a quien la Comisión de Venecia ha instado a negociar con el Gobierno central la consulta y a ceñirse a la Constitución, defiende en los últimos días que no se pueden reclamar para el referéndum del 1-O los estándares aplicables si se hubiera pactado cuando el Gobierno central se ha negado reiteradamente a negociarla o a permitirla. De ahí que la Generalitat pretenda aplicar unas condiciones todavía desconocidas, que se incluirán en una norma ad hoc, la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica.

Base legal

En el Gobierno catalán, sustentado por Junts pel Sí y apoyado por la CUP, hay diferencias sobre cómo se debe aprobar ese texto. Inicialmente, la coalición que integran PDeCAT y ERC planteaba aprobarlo en bloque, convirtiéndola en la base legal del referéndum y también en una suerte de ley fundamental de la virtual república catalana. Los anticapitalistas siempre han sido de la opinión de que primero se debe aprobar una ley para habilitar la celebración del referéndum —pese a que posteriormente sea anulada por el Constitucional— y después, si el sí se impone en la consulta, aprobar el resto del articulado y pasar de la ley española a la catalana. El PDeCAT ha ido poco a poco asumiendo la posición de la CUP, si bien la formulación definitiva está pendiente de resolverse.

En todo caso, el president señaló ayer que está previsto que la ley de transitoriedad se apruebe durante la segunda mitad de agosto, para lo que ya se ha dispuesto que haya actividad en el Parlament y se ha demandado a los diputados de esos dos grupos que no se alejen durante sus vacaciones. No obstante, Puigdemont aseguró que a finales de este mes o principios de julio la Generalitat prevé iniciar una campaña para divulgar el contenido de esa norma, guardada con sumo celo y de la que EL PAÍS publicó un borrador el 22 de mayo.

Puigdemont admite que el momento requiere moverse y reaccionar al día, ya que “el otro actor potente es el Estado español” y, según cómo actúe, pueden cambiar los pasos que se deban dar. Para el president sería una buena señal que la convocatoria del referéndum fuera firmada de forma colegiada por todos los miembros del Ejecutivo. Dio ayer por hecho que, en todo caso, si es necesario lo firmará el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.