La Audiencia confirma por primera vez la imputación de un cargo público en el ‘caso Alvia’

Por primera vez y después de la revocación de todas las acusaciones anteriores contra numerosos cargos de Adif y Renfe, la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la imputación de un cargo público por el accidente ferroviario que en julio de 2013 acabó con la vida de 80 personas y provocó heridas a más de 140. El tribunal respalda la decisión del juez Andrés Lago Louro de extender la investigación sobre el siniestro a Andrés Cortabitarte, responsable de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en funcionamiento la línea, por 80 presuntos homicidios por imprudencia y 144 de lesiones. El otro imputado en la causa es el maquinista, Francisco José Garzón Amo, que se despistó y entró en la cerrada curva de Angrois a 190 kilómetros por hora en vez de a 80.

Más información

El juez del accidente de Angrois prorroga la instrucción hasta diciembre de 2018

Adif reubica a Cortabitarte en una subdirección de nueva creación

El único cargo público investigado por el accidente del Alvia se niega a declarar

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por Adif y Cortabitarte, que tras su citación como investigado ha sido colocado por el Ministerio de Fomento al frente de un cargo directivo de nueva creación. El tribunal aprecia en Cortabitarte "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos" del tramo ferroviario donde descarriló el Alvia, un trayecto de entrada a la estación de Santiago desde Ourense que incluía una curva muy pronunciada y en la que se había desactivado el sistema de control constante de velocidad ERTMS. 

La Audiencia se centra precisamente en la actuación de Cortabitarte tras la desactivación del ERTMS para dar el visto bueno a su imputación. Este sistema que el 24 de julio de 2013 hubiese frenado el Alvia cuando el maquinista se acercó a la curva de Angrois a gran velocidad había sido desactivado un año antes porque provocaba problemas técnicos que retrasaban los trenes en esta línea de alta velocidad. El tribunal censura que Adif no evaluase entonces la situación de riesgo que se dejaba en este trayecto en caso de un fallo humano como el que se produjo hace cuatro años.

El auto que confirma la imputación del directivo de Adif rechaza el argumento utilizado por Cortabitarte en su recurso, que atribuye la responsabilidad "que pudiera dimanar de las deficiencias de la evaluación de riesgos a la UTE contratista o a Ineco", una consultora de capital público que trabaja para el Ministerio de Fomento. "La emisión del certificado de seguridad por la Dirección de la Seguridad en la Circulación de Adif garantiza el cumplimiento de la normativa de seguridad", subraya la Audiencia, que niega que las funciones del departamento que dirigía Cortabitarte se limitasen a "recopilar burocráticamente la documentación" que le enviaban las empresas señaladas por el cargo investigado.

Tras la decisión de la Audiencia, el instructor deberá decidir ahora sobre la petición de nuevas imputaciones realizada por las víctimas del accidente, que han señalado a otros tres cargos de Adif. Por otro lado, Cortabitarte fue citado el pasado abril para declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, pero guardó silencio alegando que no hablaría hasta que se resolviera su recurso ante la Audiencia.

El instructor acaba de encargar además un informe a la Agencia Ferroviaria Europea para despejar dudas sobre si la evaluación integral de riesgos en el tramo donde ocurrió el siniestro era "normativa y/o técnicamente necesaria". En un reciente escrito dirigido a la asociación de víctimas de Angrois y que ya ha sido incorporado al sumario, la entidad europea aludió a diversas normas aplicables a la línea Ourense-Santiago que recogen este tipo de evaluaciones.