España advierte de que el pacto con Londres sobre el Brexit no afecta al Peñón

El Gobierno contaba con que la decisión del Consejo Europeo de incluir en las directrices del Brexit el derecho de veto de España sobre la aplicación a Gibraltar de los futuros acuerdos entre la UE y el Reino Unido permitiría aparcar el problema hasta el final de la negociación.

Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se mostraba conciliador y abogaba, en un acto organizado por la Universidad de Nebrija y la Harvard Kennedy School, por alcanzar un acuerdo “fructífero y provechoso” con el Reino Unido, primer destino de las inversiones españolas en el extranjero y primer emisor de turistas hacia nuestro país. Dastis admitió que Madrid y Londres tienen “un pequeño problema en el sur” de la Península, pero abogó por abordarlo “de forma desapasionada. No quiero que se convierta en el asunto fundamental” de la negociación, agregó.

Sin embargo, el documento de 15 páginas del Gobierno de Theresa May que perfila su oferta sobre el futuro estatuto de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido cita en dos ocasiones a la colonia.

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El texto asegura que “los acuerdos recíprocos [entre Reino Unido y la UE] sobre derechos de los ciudadanos se aplicarán al conjunto de Reino Unido, que cubre Escocia, Gales, Irlanda del Norte y todas las partes de Inglaterra, y Gibraltar”. Agrega que “las decisiones que en la actualidad son tomadas por las Administraciones autónomas [de Escocia o Irlanda del Norte] o por el Gobierno de Gibraltar continuarán siendo tomadas por ellos”.

No se trata de ninguna obviedad, pues Gibraltar no forma legalmente parte del Reino Unido sino que es un territorio de ultramar cuyas relaciones exteriores dependen de Londres, el único de ellos que pertenece a la UE.

El documento vuelve a citar al Peñón en el glosario de definiciones, en concreto cuando define a los “nacionales del Reino Unido”. Dicho concepto, explica, se utiliza para describir a aquellas personas contempladas como nacionales británicos a los efectos de la normativa europea. En realidad, no existe tal definición en la legislación británica, por lo que recurre a declaraciones realizadas por el Reino Unido en relación con la normativa europea. Entre ellas, cita una de 1982 según la cual deben entenderse como nacionales del Reino Unido a los “ciudadanos de territorios dependientes británicos que adquieren su ciudadanía de una conexión con Gibraltar”.

En realidad, las fuentes consultadas admiten que el capítulo del derecho de residencia (de los comunitarios en Reino Unido o de los británicos en España) tiene escasa incidencia en El Peñón. Son muy pocos los españoles que residen en la colonia, ya que la inmensa mayoría de los alrededor de 7.000 que trabajan en la colonia cruzan cada día la Verja y pernoctan en España. Respecto a los gibraltareños que tienen vivienda en España, prácticamente todos mantienen su residencia legal en el Peñón, aunque solo sea porque es más ventajoso desde el punto de vista fiscal.

La situación del Peñón requerirá un acuerdo que contemple el derecho a la pensión para los españoles que trabajan en la colonia y cotizan allí o la atención sanitaria para los gibraltareños que acuden al sistema de salud español, según fuentes españolas. También habrá que arbitrar un procedimiento que facilite el tránsito fluido entre ambos lados de la Verja, para no perjudicar a la población del Campo de Gibraltar, pero todo ello deberá ser objeto de un acuerdo entre Londres y Madrid, advierten.

El documento hecho público por Londres refleja la posición británica, pero la de la UE está claramente definida en las directrices para el Brexit aprobadas el pasado 29 de abril por el Consejo Europeo, en las que se dice que “después de que el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido”. Punto.

El Gobierno español ha mostrado reiteradamente su apoyo al negociador del Brexit por parte de la UE, el francés Michel Barnier, y está convencido de que no se saldrá del guión.

Al margen de Gibraltar, España, con más de 100.000 nacionales residentes en el Reino Unido, ha acogido con cautela la oferta británica. “No voy a decir que me haya sonado mal, pero me podía haber sonado mejor”, dijo el pasado viernes en Bruselas el presidente español Mariano Rajoy tras escucharla de labios de la premier Theresa May.

España, como los demás socios de la Unión, quiere que los litigios sobre los derechos de los comunitarios residentes en el Reino Unido se sometan al Tribunal de Justicia de la UE y no a la justicia británica, como sostiene Londres; y que la llamada fecha de corte, en torno a la cual se computan los años necesarios para obtener la residencia, coincida con el momento en que se haga efectivo el Brexit; en principio, marzo de 2019. También pide que se simplifiquen los engorrosos trámites burocráticos que se deben superar para acreditar la residencia en el Reino Unido.

Incluso si se aplica el principio de reciprocidad, “hay un problema de falta de equilibrio”, se lamentaba este lunes el ministro Dastis, porque la UE reconoce más derechos que el Reino Unido a sus propios ciudadanos.