Dos empresas rechazan trabajar en el referéndum por miedo a incurrir en delito

Algunas empresas contactadas por la Generalitat de Cataluña para preparar la infraestructura del referéndum ilegal de autodeterminación previsto para el 1 de octubre temen incurrir en un delito si aceptan la invitación del Gobierno presidido por Carles Puigdemont. La Fiscalía de Cataluña y la Guardia Civil investigan estos actos preparativos de la consulta. Una empresa de informática emplazada para el recuento de votos ha rechazado ya participar en el concurso al prever que sus servicios iban a utilizarse en una convocatoria ilegal.

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El pasado 17 de mayo, la Guardia Civil entregó requerimientos de la fiscalía a varias empresas supuestamente contactadas por la Generalitat para organizar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre para que suministraran información detallada sobre estos tratos comerciales. El Ejecutivo autonómico catalán activó a principios de ese mes el proceso para contratar la logística —urnas, papeletas, sobres, ordenadores...— de la consulta unilateral, y lo hizo a través de “acuerdos marco” para todo tipo de convocatorias electorales para evitar una impugnación.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña abrió una investigación en marzo sobre los preparativos del referéndum de independencia. El ministerio público actuó sobre dos bases. La primera es una nota de la asesoría jurídica del Parlamento catalán, que advierte de que una partida del presupuesto destinada al referéndum podría vulnerar resoluciones del Tribunal Constitucional. La segunda es la publicidad institucional de la Generalitat sobre el voto en el extranjero. De esta investigación, que permanece abierta, derivan los requerimientos de información a las empresas contactadas por la Generalitat.

Fuentes de la investigación señalan que una firma dedicada a servicios informáticos para el recuento de votos en procesos electorales ha declinado participar en los concursos del “acuerdo marco” de la Generalitat al sospechar que sus servicios pudieran emplearse para el referéndum unilateral del 1 de octubre. De ser así podrían ser considerados cooperadores necesarios de delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.

Al menos otra empresa solicitó un dictamen a sus servicios jurídicos para conocer las posibles consecuencias de participar en estos contratos. Según las mismas fuentes, los abogados de la compañía fueron “diáfanos” en su informe: además de las posibles consecuencias penales para sus responsables y la propia empresa como persona jurídica, tendrían dificultades para cobrar los servicios prestados en caso de que fueran declarados ilegales.

Querella por las urnas

No todas las empresas se han echado atrás por la posibilidad de verse perseguidas por la justicia. La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña presentó una querella por desobediencia, prevaricación y malversación contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borrás, y el secretario general de ese departamento, Francesc Esteve, por el acuerdo para el suministro de urnas, al entender que “supone una puesta en marcha de los trámites” para llevar a cabo un referéndum vinculante secesionista expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional.

Esta querella, pendiente de admisión a trámite, se amplió el 13 de junio después de que Puigdemont anunciara la fecha y la pregunta del hipotético referéndum y se conociera que al menos dos empresas —Suministros Integrales Futbida SL y Plastic Express SL— concurrieron al concurso para fabricar las urnas.

Las acciones de la Fiscalía del Tribunal Superior catalán corren paralelas a la investigación emprendida desde hace más de un año por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por posibles delitos de sedición por los movimientos de la Generalitat para poner en pie las denominadas “estructuras de Estado” para la eventual independencia. Estas pesquisas se centran en las adjudicaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la puesta en marcha de los servicios de inteligencia y la agencia tributaria de una Cataluña independiente. A principios de abril, la Fiscalía envió a la Guardia Civil para que exigieran a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad información sobre los contratos con la Generalitat para levantar dos estas dos estructuras.