Las fiscales del ‘caso Púnica’ se interesaron por el papel de Cifuentes en una adjudicación

Antiguo senador del PP, consejero de Transporte en los Ejecutivos de Esperanza Aguirre y presidente de la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015, José Ignacio Echeverría Echániz acudió el pasado 8 de marzo a la Audiencia Nacional a declarar como imputado en el caso Púnica. Su condición de patrono de la Fundación Fundescam —señalada por la investigación como una de las supuestas fuentes de financiación irregular del partido en Madrid para las campañas electorales— centró buena parte del interrogatorio al que durante cerca de 40 minutos le sometieron tanto el juez Eloy Velasco como las dos fiscales Anticorrupción que, Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.

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Sin embargo, tanto el magistrado como estas dos últimas también preguntaron al político por la adjudicación del contrato de la cafetería y el restaurante de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, también investigado en la causa. En concreto, las representantes de Anticorrupción querían saber cuál había sido el proceso seguido con dicha licitación de 2011, cuando Echeverría era el presidente del parlamento regional, y, sobre todo, el papel jugado en la misma por su compañera de partido y hoy presidenta del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, según recoge el audio de aquella declaración al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El exconsejero, que durante todo el interrogatorio se escudó en el “no lo sé” y “supongo” para eludir buena parte de las preguntaron que le plantearon, se limitó a asegurar que si Cifuentes aparecía en la documentación incorporada al expediente del mismo era por su condición entonces de integrante la mesa de la Asamblea, sin detallar más. En el momento del interrogatorio, el juez Velasco y las fiscales tenían en sus manos desde hacía una semana el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a la presidenta madrileña en las supuestas irregularidades de aquel concurso. Veinte días más tarde del primero, los agentes entregaron un segundo en el que ratificaban sus sospechas.

Las primeras referencias en el interrogatorio a la adjudicación a Arturo Fernández de dicho contrato las planteó el propio magistrado tras veinte minutos de interrogatorio. “Respecto a su etapa como presidente de la Asamblea, ¿cómo se designaba al comité de expertos que valoraba las ofertas que presentaban los licitadores en los procedimientos de contratación de la asamblea?”, le planteó el juez. Echeverría Echániz explicó que en la mesa que adjudicó el mismo había representantes de los tres grupos políticos de la Cámara autonómica -PP, PSOE e IU en aquel momento- y que él no participó en la misma.

“¿No recibió usted alguna indicación de algún político que estuviera más arriba que usted para que se le tratara bien a esta persona y se le adjudicara ese contrato?”, le insistió el magistrado al exconsejero al sospechar que Arturo Fernández había ganado dicho contrato tras hacer una donación a Fundescam. El político se limitó a decir que lo único que recordaba era que la del Grupo Cantoblanco “fue la única oferta que se quedó al final” y recalcó que fue él quien anuló posteriormente dicha adjudicación por diversos incumplimientos en la ejecución del contrato.

“¿No había cargos políticos? ¿No había cargos públicos? ¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?”, le plantearon al político.

A partir de ese momento, las fiscales tomaron las riendas del interrogatorio e incidieron en los detalles de dicho contrato y, más en concreto, sobre la composición del “comité de expertos que evalúa las ofertas”. Pese a la insistencia de Echeverría en asegurar que de ese órgano supuestamente sólo formaban partes funcionarios, las representantes de Anticorrupción volvieron a preguntar si en el mismo, como reflejaban los documentos recogidos en el informe de la UCO, participó la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: “¿No había cargos políticos? ¿No había cargos públicos? ¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?”, le plantearon al político.

Éste alegó que si la firma de la dirigente del PP madrileño aparecía en algún documento de dicho concurso era por su condición de “secretaria primera o segunda de la mesa de la Asamblea, no porque pasara por allí”. Una de las fiscales le corrigió:  “Era la presidenta de la mesa de contratación, ¿puede ser?”.La representante de Anticorrupción incidió a continuación si, por dicha cargo, Cifuentes “podría ser parte de ese grupo de expertos que evaluaban las ofertas”. La respuesta negativa del exconsejero no impidió que Anticorrupción volviera a preguntarle “si ella estaba firmando en el comité de expertos”. “No lo sé, ella forma parte de la mesa de contratación”, fue la respuesta del exconsejero de Aguirre.

Veinte días después de aquel interrogatorio, la UCO presentaba un segundo informe en la Audiencia Nacional sobre dicha adjudicación tras interrogar en calidad de 'investigados no detenidos' a los tres técnicos que participaron junto a Cifuentes en la mesa de expertos que evaluó las ofertas. El documento policial ratificaba sus sospechas sobre la política madrileña tras recalcar las contradicciones en las que habían caído estos tres funcionarios. En mayo, al conocerse la existencia de ambos informes de la Guardia Civil, estallaba el escándalo. La presidente madrileña ha negado desde entonces cualquier irregularidad en su actuación.