Granados niega su papel en Púnica y achaca al “aparato del Estado” su imputación

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, abandonó este miércoles por la tarde la prisión de Estremera, donde ingresó hace 31 meses como supuesto cabecilla de la Operación Púnica de corrupción. A las puertas del centro penitenciario, Granados calificó de falsas las acusaciones contra él y las atribuyó a una actuación del “aparato del Estado”. El expolítico, en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, aseguró que no se ha llevado “ni un solo euro jamás de dinero público”.

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Las puertas de la prisión de Estremera, a 75 kilómetros al sureste de Madrid, que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando era consejero de Justicia, se abrieron para Granados sobre las 15.30. Tras abrazar a sus dos hijas, que llevaron sus petates al coche, el último de los imputados del caso Púnica que permanecía en la cárcel —957 días, desde el 31 de octubre de 2014— dio a los medios sus primeras declaraciones. Granados, a quien el juez Eloy Velasco atribuye delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude, salió al ataque. La primera andanada fue para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos informes tachó de “interesados”, “opinativos” y “especulativos”. “Iré demostrando su falsedad y su inconcreción uno por uno. Como es lógico también pediré responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la fiscalía o sean de quien sean”, anunció.

Desde febrero de 2014, los investigadores han informado a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Velasco, entre otros aspectos, de la cuenta en Suiza en la que Granados supuestamente ocultó 1,6 millones de euros. También han descubierto la propiedad de una finca de 84 hectáreas en Higuera de las Dueñas (Ávila) puesta a nombre de una testaferro, o la mansión en Valdemoro —ciudad de la que fue alcalde— construida para él por el promotor Ramiro Cid, beneficiado por sus decisiones urbanísticas. El hallazgo más sonado, en noviembre de 2015, fue el millón de euros que Granados ocultaba en un altillo de un armario de la casa de sus suegros.

La UCO sospecha que estos bienes tienen su origen en supuestas comisiones por venta de suelo y consorcios urbanísticos realizados a través de la empresa pública Arpegio, que Granados colocó bajo su competencia en el año 2004 cuando la presidenta madrileña Esperanza Aguirre lo nombró consejero de Presidencia.

Los investigadores consideran que Granados, en su posición de secretario general del PP madrileño, alimentó una caja b de la formación mediante entregas de empresarios que recibían contratos de la Comunidad de Madrid. Según el juez Velasco, la constructora OHL entregó 2,1 millones bajo cuerda al partido. De esta cantidad supuestamente se detrajeron 500.000 euros “para repartírselos entre Francisco José Granados y Javier López Madrid”, exconsejero de OHL. Los 1,6 millones de euros restantes tuvieron como “destinatario final” al PP madrileño y fueron recaudados por su gerente, Beltrán Gutiérrez, también imputado.

“No soy cabecilla”

A su salida de prisión, Granados se quejó de haber sufrido “indefensión” y negó haberse quedado con dinero público: “Yo jamás, jamás, jamás he metido la mano en la caja”, manifestó. El expolítico fue incluso más allá y puso en duda la existencia de la trama Púnica de corrupción: “Después de leer muchas partes del sumario, las que no están todavía en secreto, después de ver todo eso yo no sé si existe. Creo que no, pero desde luego, si existe, ni formo parte de esta trama ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla”.

Granados denunció la filtración “sistemática, planificada y con un interés bien concreto” de “secretos del sumario obtenidos por el aparato del Estado”. Según él, estas fugas de información sólo pueden provenir de “la Guardia civil o la fiscalía, o el juez”.