La descendiente de dos fusilados pide a la ONU su exhumación del Valle de los Caídos

La batalla legal de María Purificación Lapeña Garrido no termina, ni siquiera después de lograr la victoria en los tribunales. Esta aragonesa ha presentado una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra España por no cumplir la sentencia que reconoce el derecho a la exhumación de su abuelo y su tío abuelo del Valle de los Caídos, donde fueron enterrados tras ser fusilados por el régimen franquista.

El pasado 30 de marzo de 2016 el juez de apoyo de San Lorenzo de El Escorial José Manuel Delgado emitió un auto por el que reconocía “el derecho a la digna sepultura" de los Lapeña. En julio Patrimonio Nacional afirmó que cumpliría las resoluciones judiciales "escrupulosamente", pero una vez que las recibió, pidió dos informes más. El resultado es que un año después, los cuerpos de los hermanos represaliados siguen enterrados en el mausoleo franquista.

"Hemos acudido a Naciones Unidas buscando un fallo humanitario que haga cumplir al Gobierno español la sentencia que reconoce el derecho a exhumar a los hermanos Lapeña, fusilados como tantos otros por ser demócratas", señala el abogado de la familia, Eduardo Ranz, en un comunicado.

“No se debate el derecho a la reparación de las víctimas, sino la vulneración de la tutela judicial efectiva de la demandante”, indica Ranz, quien recuerda que la sentencia es firme y que “ningún ente público, administrativo o judicial ha procedido a su cumplimiento”.

Por ello denuncia al Estado español por incumplir los pactos civiles y políticos, y pide que se dicte un fallo por el que María Purificación Lapeña recupere los restos de su abuelo y de su tío abuelo, Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

Una de los documentos en los que se basa la denuncia, según detalla Ranz, es un reciente informe fotográfico publicado por la Cadena SER con imágenes del interior de la cripta del Valle de los Caídos que permiten apreciar que la exhumación es “viable” y que no hay ningún obstáculo que la impida, lo que demuestra la “falta de sensibilidad del Gobierno español con las víctimas”.

Ranz ha explicado a EL PAÍS que a partir de ahora el Gobierno tiene la posibilidad de presentar alegaciones y que el proceso se resolverá en unos seis meses. Añade que el resultado podría dar lugar a una resolución ejecutiva e incluso desembocar en una sanción para España.

El letrado recuerda que en el último lustro el caso de los Lapeña ha sido visto por un Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.