La instrucción de la corrupción en Estepona se cierra con 94 procesados

La Costa del Sol aún no se había recuperado del sobresalto por el estallido del caso Malaya en Marbella, en marzo de 2006, cuando estalló otro procedimiento (Operación Astapa) por presunta corrupción urbanística en el municipio vecino de Estepona (66.683 habitantes, Málaga). Era junio de 2008. La policía desplegó un operativo con el que detuvo a 25 personas, incluido el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y la mitad de su equipo de gobierno, además de empresarios, funcionarios y cargos de confianza. En los siguientes meses hubo distintas fases y el número de investigados superó el centenar. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1, Jesús Torres, que durante años ha sufrido una colosal falta de medios para sacar adelante su trabajo, acaba de cerrar la instrucción y ha ordenado continuar la causa contra 94 personas.

Las presuntas irregularidades se circunscriben entre 2003, cuando Barrientos logró la Alcaldía gracias a un pacto con el Partido Estepona (Pes), herederos del GIL, y 2008. El juez, en el auto que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, otorga una “participación similar” en los hechos a quien era su jefe de gabinete, José Flores. La investigación se ha centrado en cuatro áreas, una de ellas “la auténtica clave de arco”, la urbanística, con supuestas infravaloraciones de los aprovechamientos urbanísticos de los convenios suscritos por el Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.

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A lo largo de la instrucción se han analizado 38 convenios. Lograr un análisis de estos acuerdos ha sido uno de los diques para que la investigación avanzara, ya que el examen de los peritos se ha retrasado años. El juez, en su resolución, cita algunos ejemplos de esas supuestas tasaciones a la baja de los terrenos. Un convenio firmado con Valle Romano (era uno de los proyectos urbanísticos de mayor envergadura) estableció que el valor del suelo a ceder era de aproximadamente 14,3 millones de euros, mientras que el acuerdo con el Consistorio lo cifró en 7,1 millones. En solo siete convenios citados por el juez, la cantidad que el municipio dejó de percibir se eleva a 20 millones de euros.

El origen del caso Astapa fue una denuncia ante la policía, en noviembre de 2006, de los ediles socialistas del entonces equipo de gobierno David Valadez y Cristina Rodríguez. La fiscalía abrió diligencias en julio del año siguiente. La investigación ha determinado que el Ayuntamiento de Estepona supuestamente funcionaría con “triple caja”: una A, con las actuaciones “totalmente fiscalizadas” y una “actuación administrativa correcta”; otra B, que englobaría esponsorizaciones, patrocinios o donaciones por parte de empresas o personas con intereses por resolver ante el Consistorio; y una llamada caja C en la que cargos públicos y su entorno presuntamente recibirían regalos, bien para su patrimonio personal, bien para gastos de campaña de partidos políticos, también por parte de entidades interesadas en algún tipo de concesión, obra o servicio público.

Otro de los convenios que desglosa la resolución judicial se centra en los 1,9 millones de euros que el Grupo Prasa pagó al Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2004. Ese dinero habría tenido 20 destinatarios diferentes, desde las arcas públicas, a un equipo de fútbol local o la Cruz Roja (como donación). El desglose que hace el instructor de cantidades supuestamente abonadas por Valle Romano, integrado por un organigrama empresarial en parte controlado por Kutxa Bank, serviría para conocer el funcionamiento de ese supuesto sistema de “triple caja”.

El flujo de dinero en A llegaría a través de la firma de los convenios urbanísticos y de las licencias necesarias para su desarrollo. Gracias a una supuesta infravaloración del 10% de los aprovechamientos urbanísticos adquiridos por empresas del grupo, se realizaron supuestos pagos en concepto de “esponsorizaciones” (caja B), desde organización de eventos y estancias en hoteles de miembros del Ayuntamiento para asistir a reuniones al pago de obras y reformas, como la construcción de un campo de fútbol.

Supuestamente, las entidades del grupo hicieron frente a “gastos personales” (caja C), como la reforma de la casa del exalcalde (el auto precisa que superó los 200.000 euros); sendos viajes a Riviera Maya y Zanzíbar de un miembro del gabinete de Alcaldía, Francisco Alberto G., y su familia, o pagos de fiestas y supuestos servicios en clubes de alterne de otro investigado.

El auto judicial recuerda que la cúpula del Ayuntamiento de Estepona era “conocida hasta con sobrenombres”. Al jefe de gabinete se referían como “el valido de Barrientos” o el “señor de los hilillos”. Pedro López, exgerente de Urbanismo y a cuyos familiares, a lo largo de la investigación, se les ha retenido en Andorra 10 millones de euros, era conocido como el “cobrador del Frac”. El caso Astapa se centra en más de una docena de delitos diferentes: cohecho, fraude, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, falsedad cometida por funcionario o autoridad… La causa sigue contra el exalcalde por seis delitos.