Jueces y policías tendrán que aprender el catalán

El borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica establece un régimen lingüístico que considera el catalán como única "lengua propia de Cataluña", mientras que "se garantiza” que el castellano pueda mantener también los actuales usos "vigentes". La mayor novedad en el capítulo lingüístico tiene consecuencias sobre los funcionarios estatales que decidan ingresar en la Administración de la Generalitat, ya que tendrían la obligación de aprender el catalán, para lo que dispondrían de "un periodo transitorio suficiente" —sin especificar— para poder acreditar un conocimiento del catalán que les permita desarrollar su trabajo con normalidad en esa lengua. El sentido último es la indistinta utilización de ambas lenguas, "sin que se pueda exigir traducción".

Según el texto, los poderes públicos de Cataluña promoverán la "plena normalidad del uso social de la lengua catalana", mientras que dotarán de un "reconocimiento especial" al castellano, al considerarlo "parte importante del patrimonio cultural de la sociedad catalana".

La quincena de artículos que forman parte del capítulo lingüístico es una sintética compilación de las distintas normas autonómicas que regulan actualmente el uso del catalán (y del aranés), competencia en el que el Gobierno de la Generalitat siempre ha querido blindarse. El principio utilizado es que "los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística", por lo que deben poder escoger entre el catalán y el castellano en sus relaciones con las instituciones que integran la Administración de la Generalitat y en el resto de su actividad diaria. De ahí se deduce la obligatoriedad de éstas a poder prestar su servicio en cualquiera de las dos lenguas, ya sea oralmente o por escrito

Ese precepto se traslada también al ámbito de la justicia, donde actualmente se detectan los mayores problemas para implantar el catalán —el pasado año solo el 8% de las sentencias dictadas en Cataluña se redactaron en esa lengua—. Uno de los apartados se centra en ello, al afirmar que "se adoptarán las medidas jurídicas y prácticas necesarias” para asegurar que “un porcentaje adecuado" de jueces, magistrados y fiscales "tengan un conocimiento adecuado y suficiente del catalán". Esas garantías de capacitación en el uso del catalán, señala el texto, se extenderán también sobre notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, responsables del Registro Civil y el conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia.

El articulado reafirma el modelo de inmersión lingüística que actualmente marca el catalán como "lengua vehicular" en la enseñanza, tanto universitaria como no universitaria y rechaza un modelo de segregación de alumnos por cuestión de lengua.