Un viceconsejero de Cifuentes dimite tras ser imputado en el ‘caso Púnica’

El juez instructor del caso Púnica ha citado a declarar, en calidad de imputado, a un viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, por su supuesta implicación en la trama Púnica. Según fuentes del Gobierno madrileño, Ruiz ha presentado su dimisión. Horas antes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a la sede de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para registrar el despacho del número 2 de este departamento.

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Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el requerimiento de información va dirigido, no tanto a las actuales funciones de este alto cargo del Ejecutivo de Cifuentes, sino a las que tuvo en la etapa de Esperanza Aguirre. Entonces, Ruiz era el director general del Plan Prisma de inversión pública y consejero delegado de Arpegio, la empresa que debía llevarlo a cabo y que está bajo sospecha por supuesto desvía de fondos en la investigación que el juez Eloy Velasco realiza dentro del sumario del 'caso Púnica'. La UCO también ha acudido a la sede de esta sociedad y otros cinco lugares, entre ellos un despacho de abogados. No se han producido detenciones, según confirman fuentes judiciales, pero el juez tiene previsto llamar a declarar como imputados a una docena de personas.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha remitido un comunicado en el que especifica que esta renuncia tiene lugar "por hechos ocurridos durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre". "Aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid", añade el comunicado.

Las pesquisas sobre Arpegio recibieron un fuerte impulso en julio de 2016, cuando el juez Velasco dictó un auto por el que ordenaba a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública que le entregasen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad. El motivo era la sospecha de que Francisco Granados, señalado como presunto cabecilla de la trama Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma. En aquel escrito, el magistrado citaba expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se correspondía con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

El auto recalcaba que todo ese dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otra "por delegación". El magistrado recordaba que esa línea de investigación arrancaba con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza, entonces socio de Granados y que ahora colabora con la Justicia. En su confesión, este empresario relevó la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores" para hacerse con las adjudicaciones del Plan Prima y los consorcios urbanísticos. Para ello, añadía el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo".

Hace pocas semanas, el juez Velasco realizaba un nuevo requerimiento de información a la Comunidad de Madrid referido a Arpegio. En esta ocasión, le reclamó toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.