El Gobierno rompe el hielo con el nacionalismo catalán con la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha mostrado este domingo desde Pekín "mucho más optimista" que en las últimas semanas y meses ante la más que probable convalidación este próximo jueves 18 de mayo en el parlamento del polémico real decreto ley sobre la regulación de la estiba. El ministro justificó esa esperanza en los contactos, privados y discretos, que ha mantenido junto con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los representantes en el Congreso de Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT y también con los responsables en su departamento en los Gobiernos vasco y catalán.

El acuerdo negociado para que PDeCAT se abstenga será el primer pacto significativo del Ejecutivo de Mariano Rajoy con los nacionalistas catalanes en esta legislatura y se produce en plena fase de conflictos políticos en la deriva independentista. De la Serna no se atrevió a aventurar futuras colaboraciones con los nacionalistas catalanes pero sí ensalzó la utilidad de trabajar más integrados.

Este deshielo práctico que se empeña en impulsar el ministro de Fomento y que reclaman otros miembros del Gobierno no se ha conseguido aún entre los principales líderes de ambos Ejecutivos. Rajoy y Puigdemont estuvieron sentados en un almuerzo en Barcelona en la misma mesa del Salón del Automóvil con otros 14 comensales ese viernes en el que se aprobó el real decreto de la estiba y no avanzaron nada en sus desencuentros políticos. Puigdemont pretende hace meses una entrevista con Rajoy para demandarle una solución u oferta alternativa a su actual imposición de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y el jefe de Gobierno español se niega a ese encuentro. No le ve sentido. Cree que solo servirá para potenciar sus diferencias. El lunes 22 de mayo Puigdemont estará de nuevo en Madrid, en una sala del Ayuntamiento de la capital, para formular otra vez la misma oferta.

Mientras tanto el Gobierno prefiere optar por la vía de la llamada operación diálogo con otros sectores catalanes, encabeza por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y por gestionar problemas y proyectos más urgentes, en los que los ciudadanos puedan apreciar su utilidad.

Cuando el primer y conflictivo real decreto de la estiba fracasó el pasado 16 de marzo en el Congreso la negociación con el PDeCAT fue imposible, como con el PSOE, y Ciudadanos acabó absteniéndose en la votación, que solo respaldó entonces el PNV. El Gobierno cuenta ahora tras aprobar en el Consejo de Ministros del pasado viernes el nuevo decreto con otro panorama muy distinto, aunque el PSOE ha rechazado de nuevo y de plano mantener cualquier tipo de conversación al respecto porque está envuelto en la fase final de su proceso interno de renovación de su liderazgo.

El ministro De la Serna reconoció este domingo en Pekín que los contactos con PNV, Ciudadanos y los nacionalistas catalanes van por buen camino, les concedió el mérito de haber añadido algunos aspectos no mayores al real decreto (como la posibilidad de que los estibadores manejen la carga y descarga de los coches y que se puedan negociar convenios colectivos por separado en cada puerto) y concluyó que esa alianza permitirá si no cambia algo a última hora que se convalide el real decreto gracias a la aprobación directa de esos partidos o a la abstención, que es lo que apalabrado con el PDeCAT.

El Gobierno hace cuentas políticas y comprueba que el jueves debería tener los 137 diputados del PP, los 32 de Ciudadanos y los cinco de PNV a favor y las ocho abstenciones de PDeCAT: en total 174 frente a 168 en contra. El ministro de Fomento interpretó que en este tiempo no se ha producido ningún cambio importante con respecto a PNV y Ciudadanos y explicó que en las charlas con el diputado del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, y con otros interlocutores de la Generalitat de Cataluña lo relevante para que se produjera este giro ha resultado la necesidad de evitar conflictos y crisis en especial en el puerto de Barcelona. Y también la constatación de que está a punto de emitirse la segunda sentencia de los tribunales europeos condenando a España a pagar obligatoriamente una importante cantidad de euros por no liberalizar como reclama la UE el sector de la estiba.

En la negociación, el PdeCAT pidió primero que los estibadores pudieran trabajar con vehículos nuevos, suprimiendo el artículo 155 de la ley de puertos y evitar un ajuste del 20% en las plantillas de Barcelona y Tarragona.

Esos aspectos tan concretos del conflicto de la estiba y sus consecuencias para los ciudadanos los elevó a categoría el ministro De la Serna cuando ensalzó la oportunidad de mejorar entre el Gobierno central y el catalán, trabajando en común, problemas de la vida de la gente. Y fue ahí cuando mencionó sus buenas relaciones "absolutamente cordiales y diarias" con el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull y futuros proyectos comunes como la bifurcación de la estación de Moncada, donde confluyen redes de cercanías y trenes de media distancia de Renfe.