Comienza el juicio por el gran escándalo de la depuradora de Valencia

La empresa pública de tratamiento de aguas residuales quebró tras ser saqueada por sus directivos

Jorge Ignacio Roca, uno de los acusados, en el 'caso Emarsa', al inicio del juicio tras más de seis años de investigación, en Valencia.
Jorge Ignacio Roca, uno de los acusados, en el 'caso Emarsa', al inicio del juicio tras más de seis años de investigación, en Valencia.Mónica Torres

El largo escándalo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) está previsto que empiece a zanjarse este martes en la Audiencia Provincial de Valencia. El tribunal comenzará a juzgar, tras dos intentos frustrados, a 24 personas acusadas de apropiarse de 23 millones de euros a lo largo de ocho años mediante un amplio abanico de desfalcos y gastos impropios cargados a la entidad pública: desde viajes al extranjero con la familia a noches con prostitutas en hoteles de lujo. Varios de los procesados han admitido los hechos. Los acusados son 25, pero el abogado de uno de ellos, el empresario José Luis Sena, no ha acudido al juicio por encontrarse de baja médica y será enjuiciado en otro momento, cuando tenga un nuevo letrado.

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La empresa pública instrumental Emarsa fue creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios de su área metropolitana para concentrar el tratamiento del caudal de sus cloacas. Sucesivas ampliaciones la convirtieron en la segunda mayor depuradora de España. El descontrol que se vivía tras los muros de las instalaciones de Emarsa, ubicadas en la pedanía de Pinedo, salió a la luz en 2010. Sus responsables, acusados ahora de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales solicitaron el concurso de acreedores debido a la insostenible situación patrimonial de la sociedad.

Emarsa, que presentaba un agujero de 17 millones de euros, fue disuelta. Los servicios que prestaba, privatizados. Y el canon de saneamiento, la tasa que pagan los ciudadanos con la factura del agua, experimentó una subida del 35% en los cuatro años siguientes.

Gran parte de los trabajadores de Emarsa, que llegaron a superar el centenar, y todos los miembros de su equipo directivo, procesado al completo, estaban vinculados al PP y a Unión Valenciana, el partido regionalista conservador fundado por Vicente González Lizondo que aupó a Rita Barberá a la alcaldía de Valencia en 1991.

Los números de una macrocausa

  • El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha embargado medio centenar de inmuebles, 15 vehículos y una treintena de empresas para hacer frente a la eventual responsabilidad civil. Unos bienes cuyo valor supera los 12 millones de euros, según la acusación popular que ejercen los socialistas, pero que solo representa la mitad de lo supuestamente defraudado.
  • A lo largo de las 93 sesiones del juicio, señalado hasta diciembre, están llamados a declarar más de 200 testigos.
  • La vista oral ha sido suspendida en dos ocasiones. La primera después de que el empresario de lodos Jorge Ignacio Roca fuera detenido en 2015 en Moldavia, donde vivía huido de la justicia bajo una identidad falsa. Y la segunda en marzo, a petición de varios abogados, que alegaron que no habían tenido tiempo de estudiarse la causa.
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Los gestores de Emarsa, que manejaron 115 millones de euros entre 2002 y 2009, tenían libertad para fijarse los sueldos. Esteban Cuesta, un enfermero y alcalde pedáneo del PP que llegó a ser gerente de la depuradora, se puso un salario de 80.000 euros al año. Más de lo que cobraba el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, a cuyos hijos cuidó la esposa del exgerente.

Cuesta, que se ha prodigado en televisión y periódicos locales arrepintiéndose de aquella etapa, le enseñó a su entonces secretaria, María Soledad Gálvez, que se afilió al PP con 18 años, dejó los estudios en segundo de BUP y ganaba 60.066 euros al año en Emarsa, los lingotes de oro que había atesorado dirigiendo la depuradora.

Siendo altos, los generosos salarios no fueron el motivo de la quiebra de Emarsa. Según acreditan las 200.000 páginas del sumario, instruido a lo largo de siete años, la empresa fue saqueada por múltiples vías. La fiscalía ha detectado que entre 2004 y 2010 los directivos de Emarsa pagaron por reparaciones en maquinaria de la que no disponía y por obras no realizadas. La empresa contrató servicios inverosímiles, como centenares de horas de formación on line en periodos muy cortos de tiempo, con mercantiles administradas por sus directivos o familiares directos de estos. Pagó joyas, artículos de lujo, accesorios de automóvil, viajes y banquetes en marisquerías y restaurantes con estrellas Michelin. Y sufrió presuntamente un fraude millonario con el tratamiento de los lodos -el subproducto de la limpieza de las aguas residuales-, al pagar el triple del coste real del proceso mediante la interposición artificial de empresas.

Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa y uno de los principales procesados, ha declarado que, a cambio, Cuesta, Enrique Crespo -entonces presidente de la empresa pública-, y dos ex altos cargos de la Generalitat, Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla, recibían 180.000 euros al mes. Un dinero que el empresario contratado para tratar los lodos, Jorge Ignacio Roca, entregaba al principio en cajas de zapatos y después en crédito que los beneficiaros vaciaban en cajeros automáticos.

Cuesta ha afirmado que la depuradora pagó actos del PP de Valencia por importe de 100.000 euros. Y Sebastián García Martínez, directivo y al mismo tiempo proveedor de Emarsa, aseguró ante el juez que las mordidas en la depuradora llegaban al 60% del importe del contrato.

El caso Emarsa, instruido inicialmente por el juez Vicente Ríos, que acabó solicitando la baja por enfermedad, llegó a apuntar a las cúpulas del PP de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana. El responsable más relevante que finalmente se sentará en el banquillo es, sin embargo, Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y el único de los tres vicepresidentes de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia que no fue detenido en la operación Taula, centrada en una supuesta trama del 3% vinculada al PP valenciano.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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