Condenados cuatro militares y un empresario por el pago de mordidas

El Tribunal Militar Central ha condenado a penas que oscilan entre tres meses y tres años de cárcel a cuatro mandos militares y un empresario como miembros de una trama que adjudicaba ilegalmente contratos de la Inspección General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa a cambio del pago de mordidas, favores y prebendas.

En una sentencia dictada el pasado día 6, asegura que un teniente coronel de Intendencia un teniente, entonces subteniente, destinados en la Igesan, idearon un sistema para cobrar comisiones, que consistía en amañar contratos que debían haberse sacado a concurso para adjudicarlos directamente, a veces incluso de manera verbal, a firmas propiedad de un empresario. Con este fin, fraccionaban contratos mayores para eludir la libre concurrencia; recurrían al procedimiento negociado sin publicidad, al que solo se presentaban firmas del citado empresario; y, cuando no podían eludir el concurso público, pactaban con el mismo los puntos del pliego de prescripciones técnicas para que los incluyera en su oferta. En los contratos, según el tribunal, se calculaba un “beneficio exorbitante” para el adjudicatario, del que el 50% se abonaba a los dos mandos militares.

La sentencia detalla el pago de comisiones por contratos que totalizan 176.816 euros entre los años 2009 y 2013 y explica que, tantos los dos militares citados como el teniente coronel jefe de la Intervención Delegada en la Igesan y responsable de controlar sus cuentas, mantenían una relación personal con el empresario, con quien solían comer juntos y asistir “a locales de esparcimiento de diferente índole, algunos de alterne. Normalmente todas estas actividades eran financiadas por el empresario”, apostilla.

Además, el empresario emitió una factura de 15.000 euros por una limpieza del garaje del Hospital Militar Gómez Ulla que nunca se ejecutó, a solicitud del teniente coronel, quien le dijo que iba a entregar el dinero al jefe de la Intervención, “que estaba pasando una mala racha”; mientras que el teniente le pidió, también para el interventor, dos facturas para blanquear el pago por asistencia a cursos que habían hecho dos funcionarias. Además, una compañía del mismo empresario hizo obras en un inmueble del teniente coronel por 4.335 euros que nunca cobró.

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El tribunal impone tres años de cárcel al teniente coronel jefe de la unidad de contratación de la Igesan, y dos al teniente que intervenía en la preparación de los contratos y controlaba su ejecución, por un delito continuado contra el patrimonio militar. Al teniente coronel jefe de la Intervención lo castiga a seis meses de cárcel porque, como responsable de inspeccionar la actividad económica de la unidad, “no solo permitió lo que estaba ocurriendo, siendo conocedor de ello, sino que se lucró al admitir tanto dinero como contraprestaciones del empresario [aunque] su beneficio no fue permanente sino puntual”.

Al empresario lo condena por un delito de cohecho, pero limita la pena a tres meses y un día de prisión al aplicarle la atenuante de colaboración con la justicia. De hecho, el tribunal reconoce que la causa se inició por una denuncia del empresario y que sin su testimonio no hubiera sido posible probar más allá de irregularidades en la contratación. Rechaza, sin embargo, su pretensión de presentarse como víctima de la extorsión de los militares y alega que este, con numerosos antecedentes penales, sabía lo que estaba haciendo y participó activamente en la trama de corrupción.

Un caso aparte es el del coronel jefe de Administración Económica de la Igesan y militar de mayor graduación de cuantos se sentaron en el banquillo. La sentencia admite que no se ha probado que este mando, defendido por el letrado Antonio Suárez-Valdés, “participara en el reparto de comisiones ni que fuera conocedor de su existencia”, por lo que le absuelve del delito contra la hacienda militar. No obstante, le considera “responsable último de todo lo que pasaba en la contratación” y le reprocha que no detectara las anomalías de sus subordinados, por lo que le condena a seis meses de prisión por imprudencia.

El coronel ya está retirado, pero los otros tres militares podrán reincorporarse a la Fuerzas Armadas cuando cumplan condena, pues el tribunal ha rehusado aplicarles la pena de pérdida de empleo que reclamaban el Abogado del Estado y el fiscal. El teniente coronel y el teniente de la Igesan deben pagar 176.816 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia destaca que el patrimonio personal de varios condenados no se corresponde con sus ingresos como militares, pero reconoce que no puede probar que sea fruto de mordidas. También se queja de la inexplicable desaparición de algunos contratos.

Uno de los tres miembros del tribunal, él único general que no pertenece al cuerpo jurídico, suscribe un voto particular en el que pide la absolución de los acusados, por considerar que no ha quedado probado el cobro de comisiones.