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El Gobierno canario impulsa un proyecto de ley que permite la actividad turística en el 10% de las propiedades agrarias en suelo rústico. El articulado ha puesto en estado de alerta a las organizaciones ecologistas y ciudadanas, que temen que se reduzcan los controles, se liberalice el suelo y se abra paso a una nueva burbuja inmobiliaria. El texto, en trámite en el Parlamento autónomo, deja vía libre a que los Ayuntamientos aprueben su propio planeamiento, algo que antes era responsabilidad de la comunidad autónoma. Y contempla que, en aras del “interés autonómico o insular”, puedan construirse de forma más ágil proyectos de iniciativa privada o pública. El Gobierno, de Coalición Canaria, asegura que era necesario reducir la “maraña legislativa” del archipiélago. 

El Ejecutivo canario presentó el cambio de normativa a principios de 2016 y prevé aprobarla antes del verano. Gobierna en minoría, pero el Partido Popular y los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera han adelantado que darán su voto a favor, por lo que el proyecto de ley podría salir adelante con el apoyo de al menos 33 diputados, de los 60 que conforman la Cámara. Se han presentado más de 500 enmiendas parciales, entre ellas más de un centenar de Coalición Canaria, que ahora mismo están siendo debatidas. “Casi todas las leyes del territorio en Canarias se aprobaron por consenso. Esta va a romper esa dinámica”, explica Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y miembro del gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

El proyecto de ley recoge la opción de que hasta el 10% de las propiedades agrarias en suelo rústico, a excepción del que está especialmente protegido, se dedique a actividades que complementen a la agricultura o la ganadería. Entre ellas se incluyen la producción de energías renovables, las turísticas o cualquier otra que genere renta complementaria. Aunque Nayra Alemán, portavoz socialista de Política Territorial, afirma que se ha llegado a un acuerdo para evitar ese 10% y limitar el turismo alojativo a edificaciones ya preexistentes de un máximo de 250 metros cuadrados, el trámite parlamentario en Canarias no está exento de viajes de ida y vuelta. El Consejo Consultivo de Canarias, que analiza que los textos legislativos del Parlamento se adecúen a la Constitución y al Estatuto, determinó que el proyecto de ley “contempla una regulación del suelo rústico que amplía notablemente los usos permitidos (…). En todos estos nuevos usos late (…) una utilización del suelo rústico por motivos económicos”.  

Esta posibilidad generó la alarma de la Plataforma Canarias por un territorio sostenible, que se constituyó el año pasado para oponerse al proyecto de ley y que aglutina a sindicatos, asociaciones vecinales, grupos ecologistas, urbanistas, agricultores y académicos. La plataforma teme que, de salir adelante el texto tal y como está planteado, puedan surgir explotaciones turísticas de forma desordenada en entornos privilegiados y que suba el precio del suelo y termine por expulsar a los agricultores. En Canarias, el suelo agrario cuesta 66.571 euros por hectárea, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2015. Es el más caro de España y triplica al de la Comunidad Valenciana (con 19.983 euros), el segundo. “No es que esta norma vaya a generar una nueva burbuja. Es que la burbuja ya está aquí”, lamenta Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

Otro de los aspectos que más preocupan a la Plataforma es que deje de ordenarse el territorio de cada isla en su conjunto y que los 88 municipios del archipiélago pasen a competir entre sí. Este temor se debe a que el articulado otorga a los Ayuntamientos la potestad de aprobar su plan general urbanístico. Normalmente el Ayuntamiento propone un plan y la comunidad autónoma hace de filtro, porque es quien debe aprobarlo. “Hay algunas excepciones en Asturias, Baleares, La Rioja, Galicia y País Vasco, pero ningún caso es comparable al de Canarias, donde los Ayuntamientos aprueban su propio planeamiento y también lo evalúan. Esto es insólito”, sostiene Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y exdirector de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. 

“Esta norma acaba con duplicidades de competencias y contradicciones”, aclara la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, quien asegura que no se elimina la supervisión de la comunidad autónoma. En el archipiélago ahora hay normas “que se contradicen entre sí y plantean procedimientos complejos”, dice Barreto, de Coalición Canaria, partido que gobierna el archipiélago desde hace más de 20 años. 

La opinión de la consejera concuerda con la del empresariado canario. “Aquí se sacaba una ley, luego un reglamento, luego un decreto... Hay una maraña tan enorme que es imposible moverse. Ahora el Ejecutivo ha afrontado este cambio con valentía”, valora María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. Afirma que la legislación actual ahuyenta la inversión y pide al Gobierno que no “descafeíne” el articulado en su trámite parlamentario, a través de la aprobación de enmiendas. “Por esta ley hay 1.000 millones de euros esperando provenientes solo de media docena de mis empresas asociadas, que tienen expectativas e interés en invertir”, asegura. Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), augura un “impacto relevante” en la actividad económica. Las patronales hotelera y turística en las dos provincias del archipiélago, FEHT y Ashotel, también han acogido favorablemente el cambio normativo (su principal preocupación es que se autorice el uso residencial en apartamentos turísticos). 

Proyectos de interés insular

“El proyecto de ley no contribuye a superar la actual maraña legislativa”, señala el catedrático en Derecho Administrativo de la ULPGC Manuel Sarmiento Acosta en un informe encargado por la fundación César Manrique. “Se observa escaso rigor y un excesivo uso de conceptos jurídicos indeterminados que puedan afectar negativamente a la seguridad jurídica”, advierte. Sobre todo en lo referente a los denominados como “proyectos de interés autonómico o insular”, la tercera gran inquietud de la plataforma Canarias por un territorio sostenible. La ley no establece en base a qué criterios un proyecto es de interés general. 

Este instrumento permite a un promotor público o privado proponer un proyecto en cualquier tipo de suelo, incluso en el especialmente protegido “cuando no exista alternativa viable”. Si obtiene el visto bueno del cabildo pertinente o de la comunidad autónoma, podrá salir adelante con un trámite simplificado, incluida la evaluación ambiental. 

“Este proyecto de ley es el paradigma neoliberal aplicado al territorio, el paradigma de la desregulación”, explica Antonio Pérez, sindicalista de CC OO y portavoz de la Plataforma Canarias por un territorio sostenible. “La norma que permite que se haga lo que no se debe donde no se puede”, continúa. La consejera de Política Territorial lo niega: “No, rotundamente. Esta ley no supone una liberalización”. Barreto afirma “que no es una ley para los empresarios, como muchos dicen”. “Cambia la relación del ciudadano con la administración, del que va al Ayuntamiento porque quiere hacerse una casa, por ejemplo. Cambia el sistema de licencias y comunicaciones previas. Se simplifican los trámites”. La consejera asegura que los ciudadanos serán los que más se beneficien de la nueva normativa.