Ciudadanos rechaza la oferta del PP para limitar las acusaciones populares

Murcia es el primer capítulo de una negociación que podría trasladarse a toda España. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha resumido este jueves el planteamiento que su partido le ha trasladado a Ciudadanos. "Hemos visto en muchas ocasiones, no solo en el ámbito político, que lo único que se busca con una demanda es obtener la imputación de un cargo público para desprestigiarle a través de los tribunales. Son procedimientos que luego quedan en nada y dañan la inocencia del acusado", ha argumentado en una entrevista en Onda Cero.

"No se puede ligar la supresión de los aforamientos a limitar la acusación popular", le ha contestado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, quien considera que esa hipotética limitación excede el ámbito autonómico, compete al nacional y plantea "problemas de constitucionalidad". De hecho, el número dos de Albert Rivera ha subrayado que si no hubiera sido por el ejercicio de la acusación popular "muchos de los casos de corrupción que se están investigando no se hubieran podido investigar", máxime cuando a su juicio hay "sombras de duda" sobre la independencia de la fiscalía. "Defendemos la eliminación de los aforamientos porque es un privilegio político que no puede existir", ha añadido, recordando que esa medida ha sido recogida en los cinco pactos de investidura que han firmado los dos partidos.

Las posiciones opuestas de las dos formaciones plantean un debate jurídico. Aunque negocian para decidir un acuerdo autonómico, las consecuencias del pacto son nacionales. Así, la Asamblea de Murcia puede decidir la eliminación de los aforamientos con una reforma del estatuto autonómico, pero luego esta debe ser refrendada por el Congreso y el Senado. Al tiempo, el fin de las acusaciones populares, que pide el PP y ya propuso el PSOE en 2011, excede las competencias autonómicas y requeriría de una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Tanto el PP como Ciudadanos asumen que sus negociaciones no tienen otro final posible que el del acuerdo. Sin embargo, los dos socios se observan con suspicacia. El desgaste producido por la dimisión de Sánchez se traslada ahora a las conversaciones para reconstruir el acuerdo: el PP quiere que el nuevo pacto recoja la dimisión de los cargos públicos cuando se abra juicio oral, mientras que Ciudadanos se mantiene firme en su apuesta porque las salidas se produzcan en un momento judicial previo, el de la imputación.