La orfandad de la Púnica

Los presuntos delitos atribuidos en el marco de la Operación Púnica por el juez Eloy Velasco al expresidente de la comunidad, diputado y presidente del PP de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, serán instruidos por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) Enrique Quiñonero. Su nombramiento todavía no es oficial ya que hasta ayer no había llegado la exposición razonada desde la Audiencia Nacional, pero es a quien por turno le corresponde.

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Quiñonero es el magistrado que formó mayoría con el entonces presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya, con la oposición de Manuel Abadía, jubilado hace un año, al admitirse la competencia de actuar contra Sánchez por el caso Auditorio, pero que al tiempo decidió enviar la causa a Lorca con el argumento de “individualizar” las conductas presuntamente delictivas. Gracias a esto Sánchez pudo presentarse a las elecciones autonómicas de 2015 y ganarlas.

Quiñonero fue nombrado en el TSJRM por la Asamblea Regional con mayoría absoluta del PP. Pero a este hecho, si se quiere tener una perspectiva sobre las acusaciones del juez Velasco contra Sánchez en relación con personajes de la Operación Púnica de Madrid —como el lavador de imagen en las redes Alejandro de Pedro— hay que añadir otro dato relevante: la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, por orden directa del fiscal General del Estado, José Manuel Maza, no aprecia delitos en las acusaciones.

Por tanto, los hechos que describe el juez Velasco serán instruidos por un juez que ya en su momento mostró tal indulgencia con Sánchez como para facilitar un atajo que le permitiera presentarse a las elecciones —cuestionado por el voto particular del magistrado Abadía—. Pero, sobre todo, la fiscalía no acusará. Ergo: pedirá el archivo.

Una vez que Quiñonero reciba la exposición del juez la enviará a Anticorrupción de Murcia, representada por Juan Pablo Lozano, quien deberá enviársela al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Fuentes consultadas señalan que no será Lozano quien represente a la fiscalía en Murcia. Será Moix, pues, quien dará las órdenes.

Por tanto, se avizora, en el escenario descrito, una orfandad en la instrucción de los presuntos delitos de la conexión murciana de Sánchez con la Operación Púnica. Este hecho refleja la convicción que llevó a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal —quien califica las acusaciones del juez Velasco contra Sánchez como “delitos de pensamiento”— a apostar hasta el último minuto por el expresidente de Murcia.

Y en esa apuesta hay que incluir la decisión del fiscal general del Estado —su bautismo de fuego— de poner toda la carne en el asador para desactivar las acusaciones de Velasco, hasta el punto de imponer jerárquicamente su punto de vista a las dos fiscales encargadas de la investigación.

Aunque los avatares procesales —imposibilidad de anular su imputación en el caso Auditorio, moción de censura, recusación del juez Julián Pérez Templado, a la que se va a adherir la fiscalía murciana— han impedido mantener a Sánchez, la batalla político-judicial no será incruenta. Porque en Murcia si hay algo cierto es esto: una trama político-judicial haberla, hayla.