Tres propuestas de legislar la muerte digna han llegado al Congreso

El Congreso de los Diputados ha debatido esta legislatura tres propuestas sobre muerte digna, un término lo suficientemente amplio como para acoger las de Ciudadanos y PSOE —basadas en regular y extender los cuidados paliativos— y Unidos Podemos, que se refería exclusivamente a eutanasia y suicidio asistido.

Todas parten de una ley, la de autonomía del paciente de 2002, en la que se establecen como bases la obligación de atender a la voluntad del paciente para aceptar o rechazar tratamientos y a que esta intención quede reflejada en el testamento vital. De hecho, hasta 2007 esa fue la única norma. Entonces, con el caso de Inmaculada Echevarría —la mujer que tuvo que luchar seis meses hasta que le quitaron un respirador—, se vio que la interpretación de la ley no era tan clara. Andalucía, que era la competente, elaboró su ley de cuidados paliativos (llamada muerte digna), que luego han seguido País Vasco, Asturias, Galicia, Canarias, Baleares, Navarra, Aragón y Madrid.

Pero todas estas normas, por su rango autonómico, no podían exceder lo regulado en la estatal de 2002. Por tanto, podían poner negro sobre blanco los derechos a cuidados paliativos, pero no ir más allá ni entrar en temas como el suicidio asistido (castigado en el artículo 143 del Código Penal) o la eutanasia (equiparada a un homicidio).

En su exposición de motivos, la iniciativa de Ciudadanos reconoce que se trata de armonizar todas estas regulaciones autonómicas. Y contiene algunas especificaciones que no son novedades en cuanto tales, pero que quedan afianzadas: derecho a recibir cuidados paliativos, a pedir que estos sean domiciliarios, a que haya intimidad en el momento de la muerte (que se dipongan habitaciones individuales en los centros sanitarios), fija que los sanitarios no deben anteponer sus ideas a las de los pacientes (limita la objeción de conciencia si la hubiera, algo difícil porque los paliativos son considerados una buena práctica) y especifica la legalidad de la sedación terminal (la que se proporciona aun a costa de adelantar la muerte). Todo ello cuestiones que en muchos casos ya se hacían.

La iniciativa rechazada del PSOE es muy similar en contenido, pero tiene una salvedad: en la exposición de motivos afirma que “esta no es una ley llamada a regular la eutanasia”, pero admite que “la sociedad española parece dispuesta a abrir el debate sobre la eutanasia”. Ese es el paso que se plantea ahora.