El juez reactiva el ‘caso Acuamed’ con la obra que salpica a un senador del PP

El sumario en el que se investiga un presunto fraude millonario en la adjudicación de obras de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) sigue creciendo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha remitido en los últimos meses dos escritos para reclamar toda la documentación que obre en los archivos de la propia mercantil y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la que depende aquella, sobre las obras de instalación de los colectores en Algeciras (Cádiz), presupuestados inicialmente en 999.736 euros, más IVA.

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El último oficio judicial tiene fecha del pasado 22 de febrero y en ella el magistrado reclama dicha información "a la mayor brevedad posible". Reactiva de este modo una línea de investigación que ya surgió cuando la causa estaba aún bajo secreto y no se habían producido las detenciones. Entonces, las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la trama, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, revelaron que el alcalde del municipio gaditano, el también senador del PP José Ignacio Landaluce, hablaba en varias ocasiones con aquel para intentar acelerar la adjudicación de las obras ante la cercanía de las elecciones municipales de 2015, en las que fue reelegido.

La primera solicitud de información sobre estas obras por parte de juez Velasco se produjo el 29 de septiembre. Entonces, Velasco reclamó tanto la documentación del proyecto de construcción como de la posterior suspensión de las obras. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente tardó tres meses en remitir dicha documentación.En enero, la misma fue remitida a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su estudio y la elaboración de un informe. Sin embargo, el 22 de febrero, el magistrado volvía reclamar nuevos datos sobre la misma. En concreto, el expediente completo de los trabajos de los colectores y obras accesorias para el saneamiento de Algeciras, "desde el inicio hasta la fase de ejecución de obras, incluyendo los documentos de valoración técnica de las ofertas".Acuamed ha respondido el pasado 17 de marzo.

El caso Acuamed, bautizado en su día por la Guardia Civil como Operación Frontino, se destapó en enero de 2016, cuando la UCO entró a registrar la sede madrileña de la empresa pública por orden del juez Velasco. Para entonces, la investigación sobre la presunta trama de malversación de fondos públicos en contratos hidráulicos inflados llevaba muchos meses en marcha y se habían 'pinchado' los teléfonos de los presuntos implicados, entre ellos el señalado como cabecilla, Arcadio Mateo, director general de la empresa pública. Así fue como los agentes escucharon al alcalde de Algeciras presionar al principal directivo de Acuamed para que se empezaran las obras del colector ahora bajo sospecha antes de las elecciones.

Los comicios locales se celebraron el 24 de mayo de 2015. Un mes antes, en abril, los agentes interceptaron varias conversaciones en las que Landaluce pedía a Mateo que agilizara los trámites. El informe que el 28 de mayo de aquel año los agentes remitieron al juez Velasco destacaba precisamente que, "Motivado por un interés electoral particular del alcalde de Algeciras, tanto Arcadio Mateo como el mismo José Ignacio Landaluce, no dudan en contactar con los diferentes funcionarios públicos y altos cargos de la Administración que tienen que emitir opinión o informe para que pueda llevarse a cabo la obra del colector de Algeciras".

Los investigadores sospechaban que el contrato habría sido preadjudicado mucho antes de tener el marco legal que le diese cobertura a la ejecución y la dotación presupuestaria o de crédito. El intercambio de llamadas y mensajes había empezado el 2 de abril de 2015. Ese día Arcadio le dice a Landaluce que está "preocupadillo con lo suyo" porque no avanza. El alcalde se lamenta: "Al final no cumplo la única promesa, el único compromiso que yo llevaba en mi programa. Era el tema del colector, punto, no llevaba otro. Además, hoy ya sale en prensa el PSOE diciendo que no hay nada del colector".

En la misma conversación, Mateo le dice que quizá lleguen a tiempo para colocar los carteles de la obra, pero no a meter las máquinas, a lo que Landaluce responde que eso no le sirve: "Máquinas, todo lo que no sea agujerear, si no hay rotura de asfalto, no se lo cree nadie". Mateo insiste en que él ha hecho lo que ha podido y que le toca pelearlo al político en otras instancias: "La parte mía está hecha, que era tener la empresa, va a ser Sando [en la transcripción, el agente precisa que "eso es lo que se entiende"] que es una empresa andaluza, solvente, que está trabajando con vosotros en el Ayuntamiento con lo cual puede hacerlo más rápido que otros que se presentaban y toda la tramitación está hecha internamente".

A preguntas de EL PAÍS, Landaluce aseguró que Algeciras "no tiene ningún acuerdo directamente con Acuamed". Sobre las conversaciones con Arcadio Mateo afirmó: "Tengo relación con todos los ministros y todos los directores. A todos les lloro y les pido que cumplan con las necesidades de Algeciras. Nunca más allá del interés de mi ciudad y de mis vecinos". Sobre la insistencia por la cercanía de las elecciones, el alcalde responde: "Algeciras se inundaba. ¿Usted no cree que como cualquier alcalde no lucharía por evitar esas inundaciones? Yo no he firmado nada como alcalde ni le pedí que se adjudicar a ninguna empresa, solo que se hicieran los colectores, que era urgente".

Finalmente el contrato para acometer el saneamiento de Algeciras no llegó a tiempo para las elecciones. El adjudicatario fue Construcciones Sando, y el contrato se firmó el 25 de agosto de 2015 por 999.736 euros sin IVA. La ejecución de la obra está suspendida después de que el estudio geotécnico determinara que había que hacer modificaciones y que la obra se encarecería en un 11,8%. Los colectores siguen sin construirse. Tras la decisión de Acuamed de suspender por dos veces la ejecución de la obra, la constructora solicitó el pasado 24 de enero la resolución de un contrato que ahora investiga el juez Velasco, Anticorrupción y la Guardia Civil.