Ciudadanos retira su apoyo al PP de Murcia tras la imputación del presidente autonómico

Sánchez declarará el lunes como investigado por los delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Los consejeros de Rivera admiten que el PP les ha transmitido un apoyo sin fisuras al presidente. Asumen que su capacidad de presión es limitada porque ya han otorgado su apoyo a los Presupuestos autonómicos. Y por eso han dado este jueves el primer paso en un largo camino al pedir una cita con el PSOE para estudiar la situación. ¿Su objetivo? Según fuentes de la máxima confianza de Rivera, Ciudadanos ve en el paso del tiempo una doble salida: o Sánchez acaba por ceder su puesto a otro político del PP tras sufrir semanas de presión, o la oposición gana días preciosos para explicarles poco a poco a los votantes por qué hay que impulsar una moción de censura.

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El PP, que ya ha insinuado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en lugar de prescindir de Sánchez, se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta en los comicios autonómicos de mayo de 2015. En consecuencia, para que una moción de censura saliera adelante sería necesario que el PSOE, Podemos y Ciudadanos unieran sus fuerzas.

Los dos partidos de izquierdas ya expresaron su deseo de impulsar un cambio de Gobierno en Murcia la semana pasada, cuando se conoció la imputación del presidente autonómico. Las tres formaciones, además, tienen ya un historial interesante de buen entendimiento en la región.

Por ejemplo, el PSOE, Podemos y Ciudadanos se pusieron de acuerdo para que la socialista Rosa Peñalver presidiera la Asamblea regional y también pactaron la reforma de la Ley electoral autonómica, estableciendo una circunscripción única y rebajando al 3% el mínimo de votos necesarios para obtener representación parlamentaria. Sin embargo, nadie en la formación de Rivera está dispuesto ahora mismo a pronunciar la frase “moción de censura”.

Acusación grave

“La cúpula del PP prefiere proteger a su imputado y romper el pacto de investidura antes que poner a un nuevo presidente del PP en Murcia”, ha resumido el propio Rivera, que solo ha llegado a decir que su partido estudiaría “otras vías” si Sánchez no dimitía e incumplía el acuerdo de investidura. “Un presidente imputado por corrupción que engañó a los murcianos no merece nuestro apoyo”, ha añadido. “¿Qué no sabrá Pedro Antonio Sánchez de la financiación ilegal del PP, que Rajoy no se atreve a decirle que se marche?”, se ha preguntado en la tarde de este jueves durante un mitin en Zaragoza.

Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno murciano, ha calificado de “muy grave” la duda sembrada por el presidente de Ciudadanos. “¿Por qué lo que vale en otras comunidades autónomas aquí no sirve?”, se ha preguntado Arroyo, en referencia a que la formación de Rivera no ha pedido la dimisión del alcalde socialista de Granada, también imputado; o a que ha presentado una Ley contra la corrupción en el Congreso en la que pide la dimisión a partir de la apertura del juicio oral, un momento procesal posterior al de la imputación. “Ciudadanos tiene que elegir si seguimos avanzando con ese pacto que tanto ha beneficiado a la Región de Murcia o si se echa en brazos del PSOE y de Podemos y contribuye a la estrategia de alarmar y generar ruido”, ha añadido Arroyo.

Además de en Murcia, Ciudadanos ha favorecido la presidencia de candidatos del PP en Madrid, La Rioja, Castilla-León y el Gobierno de España a cambio de la firma de acuerdos de investidura con reformas específicas.

Las direcciones nacionales de los dos partidos intentan ahora que el enfrentamiento regional no contamine sus relaciones en el Congreso. No ha habido conversaciones entre Rajoy y Rivera sobre este asunto, según fuentes del gabinete del presidente de Ciudadanos. No obstante, la polémica de Murcia coincide con la constatación de que el PP no está dispuesto a impulsar las reformas anticorrupción que recoge su acuerdo de investidura nacional con Ciudadanos en los tiempos estipulados en el pacto. Así, cada día crece la tensión entre dos partidos que comparten acuerdos y electores.