La justicia rechaza indemnizar a un yihadista extraditado y torturado

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que la extradición de Alí Aarrass, con doble nacionalidad marroquí y belga, residente en Melilla y padre de una niña de 12 años, violó el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su informe describió con detalle las torturas que sufrió el detenido en la cárcel de Temara (Marruecos) y concluyó que el Estado debe proporcionarle “una compensación adecuada por la violación sufrida”.

Sufrió descargas eléctricas en los testículos, simulación de ejecuciones, suspensión de las muñecas y quemaduras con cigarrillos

La reclamación de Alí Aarrass se apoyaba en el citado informe de la ONU, pero el CGPJ afirma que no se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia porque estima que la jurisdiccional es “una función exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia”, por lo que “el Consejo General del Poder Judicial carece de atribuciones para someter a control como han ejercido los jueces su función constitucional”. Es decir, rechaza su reclamación.

 Alí Aarrass, fue detenido en Melilla el 6 de noviembre de 2006 por su presunta colaboración con los atentados de Casablanca ocurridos en mayo de 2003, un ataque que causó 41 muertos en varios objetivos diferentes, entre ellos un restaurante ubicado en la Casa de España. Un día más tarde fue puesto en libertad bajo fianza con la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Tres años después la Audiencia Nacional dictó un auto de sobreseimiento de su caso, pero un año antes el Tribunal de Apelaciones de Rabat (Marruecos) había emitido una orden de busca y captura internacional por actividades terroristas lo que motivó una nueva detención e ingreso en prisión provisional de orden del juez Baltasar Garzón. El Reino de Marruecos pidió su extradición, el Juzgado Central de Instrucción número 1 ratificó la prisión y la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición con la condición de que la pena de prisión que pudiera imponérsele en Marruecos no fuera de por vida.

La defensa del preso esgrimió durante el procedimiento la situación de las cárceles marroquíes y el riesgo de tortura en caso de ser extraditado. Presentó un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los Derechos Humanos en Marruecos en el que se reflejaban los malos tratos del personal penitenciario y el empleo de la tortura para obtener confesiones, pero los magistrados de la Sala respondieron que esas vulneraciones no podían “reputarse como sistemáticas y generalizadas y que no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, sobre la concreta y real exposición a tratos inhumanos o degradantes en caso de extradición”, según describe ahora el informe del CGJP.

El Comité contra la Tortura de la ONU acreditó sus lesiones y acusó a España de incumplir tratados internacionales

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas rogó a España que no fuera extraditado hasta que no concluyera su investigación, pero Alí Aarrass fue entregado a Casablanca el 14 de diciembre de 2010 sin que se informara a su familia, a sus abogados ni al citado comité, según señala en su reclamación.

Según el relato de este preso, desde su llegada a Marruecos fue objeto de continuas torturas durante cinco días, sometido a descargas eléctricas y a una simulación de asfixia hasta su desvanecimiento. Después fue trasladado a Nador, a casa de un conocido, para “forzarle a revelar informaciones sobre pretendidas armas escondidas” y conducido hasta a una comisaría local donde de nuevo fue torturado durante una noche entera. A la mañana siguiente lo condujeron hasta un bosque cercano donde fue objeto de una simulación de ejecución. Posteriormente lo llevaron hasta la cárcel de Temara, cercana a Rabat, donde, según su testimonio, fue objeto de torturas durante tres días incluyendo otra simulación de ejecución.

 El 24 de diciembre de 2010 fue conducido al tribunal de Apelación de Salé, “en muy mal estado físico y psicológico, sin poder hablar, moverse e incluso tenerse en pie”. Un año después, el 24 de noviembre de 2011 fue sometido a juicio, que duró una hora, y condenado a 15 años de prisión sobre la base de las declaraciones que hizo bajo tortura, según Amnistía Internacional. En apelación, su pena se redujo a 12 años, condena que todavía cumple. AI hizo una campaña en favor de su puesta en libertad en la que recogió 44.000 firmas.

En 2014 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen en el que señala que España “no evaluó adecuadamente el riesgo al que sería expuesto de ser extraditado a Marruecos y que era razonable prever que su extradición lo pondría en una situación especialmente vulnerable y bajo riesgo de ser torturado, como de hecho ocurrió”. Dos años antes el médico forense independiente que acompañaba al relator especial de la ONU efectuó un examen físico externo y “encontró signos de tortura sobre el cuerpo del señor Aarrass”.

Las torturas que describe Alí Aarrass coinciden con el minucioso y escabroso retrato que hizo de la cárcel de Temara a EL PAÍS el marroquí Mohamed Haddad en 2007 y el relato de Binyam Mohamed Al- Habashi, inglés de origen etíope, conducido en 2002 por agentes de la CIA desde Pakistán a una cárcel de Marruecos y más tarde trasladado a Guantánamo. Todos describieron escenas semejantes de este centro penitenciario y de sus guardianes. Las prácticas de los servicios de inteligencia marroquíes han sido denunciadas en varias ocasiones por el Comité de Tortura de la ONU.

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