El Gobierno veta hasta una iniciativa que apoyó el PP

El Gobierno ha vetado otras dos proposiciones de ley que iban a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Ya son 21 las iniciativas que han sido bloqueadas por La Moncloa invocando el artículo de la Constitución que le permite frenarlas cuando suponen incremento de gasto o disminución de ingresos.

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Lo llamativo en este caso es que el Gobierno ha vetado una proposición de ley que tuvo el voto el PP. En concreto, se trata de una proposición aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia para que los afectados por las preferentes recuperen el cien por cien de su inversión. Fue propuesta por el BNG, pero tuvo el voto del PP, partido que tiene la mayoría absoluta en ese parlamento y, por tanto, podría haberla bloqueado allí.

El conflicto sobre los vetos se encuentra ya en el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno planteara un conflicto de competencias contra el Congreso por entender que la Cámara no puede rechazar esos vetos.

Antes de aquel recurso al Constitucional ya había sido vetada al inicio de la legislatura otra del parlamento gallego, pero se refería a la competencia de la comunidad sobre una autopista, sobre la que ya hay otra pugna con el Estado, no a la reforma de una ley estatal para el pago a ciudadanos de todas las autonomías como en este caso.

La iniciativa que apoyó el PP en Galicia busca "garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera". Pero según el Gobierno "la aprobación de esta Proposición de Ley generaría un aumento del déficit público y de las necesidades de financiación del FROB".

Admite La Moncloa que "entre el 75%-80% del nominal invertido por tenedores minoristas ha sido recuperado a través de diferentes mecanismos", es decir, el resto no ha podido recuperar su inversión. "La proposición remitida en caso de aprobarse tendría efecto sobre ese 20%-25% del importe de la inversión realizada por minoristas no recuperada, que finalmente derivaría en un impacto en los recursos públicos vía participación en BFA y activación de garantías concedidas en desinversiones previas. Dichos recursos públicos procederían del Presupuesto del FROB, que se integra a su vez en los Presupuestos Generales del Estado", asegura el Gobierno.

La otra iniciativa vetada por el Gobierno y comunicada este lunes al Gobierno es una proposición de ley de ERC para indemnizar a víctimas de la dictadura. En concreto, para "la modificación de la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a fin de alcanzar el reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación".

ERC pretende medidas de respaldo económico como "dar apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la Dictadura franquista".

"Se reconoce la condición de víctima, con derecho a reparación jurídica, moral y económica, a todas las personas que sufrieron ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones, cualquier perjuicio económico o patrimonial y cualquier otra forma de represión sufrida por personas físicas o jurídicas. La reparación a que se refiere este artículo conllevará además la obligación del Gobierno de restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus herederos, familiares, cónyuges, parejas de hecho o personas ligadas con análoga relación de afectividad", entre otras medidas.

La Moncloa concluye que "la iniciativa incluye disposiciones cuyo contenido es susceptible de conllevar un incremento significativo de gasto público, siendo imposible una cuantificación detallada de cada una de ellas dada la ambigüedad con la que están recogidas desde un punto de vista subjetivo y objetivo". Y por ello justifica el veto porque "una primera valoración de la ejecución de estas medidas nos puede dar un incremento presupuestario de 10.209.447,58 € + IVA".

Además de los cálculos detallados sobre el coste, el escrito admite que la ley de memoria no ha tenido dotación en los últimos años. Así, dice que "en los Presupuestos Generales del Estado entre 2005 y 2012 se dotó a dicho crédito de 28.725.670 € , con unas obligaciones reconocidas de 21.181.890 €, no dotándose importe alguno en 2004, en los ejercicios 2013 a 2016, ni en la prórroga de los Presupuestos de 2016 para 2017".

"La exención en el IRPF de las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, recogida en el artículo 1, apartado 5, supondría una pérdida de ingresos, difícil de determinar por desconocer el número de indemnizaciones que en su momento se reconocieron con cargo a la ley mencionada", añade.