El Consejo de Seguridad Nuclear deja en manos del Gobierno la reapertura de Garoña

Los propietarios de la central decidieron a finales de 2012 desenganchar de la red eléctrica y parar Garoña. Pero, dos años después, solicitaron al Gobierno una licencia para operar hasta 2031. Desde entonces, se ha estado estudiando en el CSN la viabilidad de este permiso.

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Finalmente, el pleno ha votado este miércoles el informe (positivo) que la dirección técnica les presentó hace unas semanas. Cuatro de los cinco consejeros han votado a favor de este informe. Son su presidente, Fernando Marti (PP), Fernando Castelló (PP), Rosario Velasco (PSOE) y Javier Dies, nombrado también por los populares. En contra, ha votado la exministra socialista Cristina Narbona.

En el sector se interpreta el visto bueno a Garoña como la apertura del camino para el resto de nucleares para poder operar más allá de los 40 años. Garoña, en 2012, apenas generó el 6% de la electricidad de todo el sector nuclear español. Y entre sus propietarias (Endesa e Iberdrola) hay diferencias sobre la viabilidad económica de la reapertura.

Este mismo año, previsiblemente en mayo, la central de Almaraz presentará su solicitud de renovación de licencia. Y la intención de los propietarios es poder operar hasta los 50 o 60 años. Almaraz es la más potente de las cinco centrales en activo de España. En 2015, generó casi el 30% de toda la electricidad del sector nuclear nacional.

El visto bueno del CSN a Garoña se ha dado en mitad de una fuerte polémica. PSOE, Podemos y Ciudadanos han criticado el proceso seguido en el supervisor, que exigió en un principio a los propietarios unas obras y actuaciones previas que no se han acometido. Estas se tendrán que realizar antes de que reabra la central, si es que vuelve a operar. 

Seis meses de consultas

El Ministerio de Energía tiene ahora seis meses para tomar una decisión sobre Garoña. En este tiempo, según ha indicado un portavoz de este departamento, el ministerio realizará una ronda de consultas. Se hablará con las comunidades autónomas "afectadas". "Y con todas las que lo pidan", ha añadido. El País Vasco, vecino de Castilla y León, ha mostrado un rotundo rechazo a la reapertura. Mientras la Junta de Castilla y León es favorable.

Energía también tiene previsto reunirse con "agentes sociales", donde se incluye a los sindicatos, las organizaciones ecologistas y las empresas, según el mismo portavoz ministerial. La mayoría de partidos del Congreso solicitaron en noviembre de 2016 una reunión para abordar la reapertura, que rechazan PSOE, Podemos y Ciudadanos. En esta ronda de consultas, también estarán "los partidos que lo pidan".

Tras conocerse este miércoles el paso dado por el CSN, muchos de los actores con los que se reunirá Nadal ya han mostraron su opinión. La Junta de Castilla y León apoya la reapertura porque generará unos mil empleos —frente a los 150 que tiene actualmente en situación de parada—. Pero el Gobierno del País Vasco, comunidad vecina, ha pedido el cierre definitivo alegando "riesgo" para la seguridad. En la misma línea se han pronunciado Ecologistas en Acción y Greenpeace.

Frente a ellos, el Foro Nuclear, que agrupa los intereses del sector, afirma que la continuidad de las centrales —más allá de los 40 años de vida— es una estrategia "necesaria" para el crecimiento económico y para evitar emisiones de CO2. En el Congreso todos los partidos, salvo el PP, han criticado el informe favorable del CSN. Interpretan mayoritariamente que se sienta un precedente para prolongar la vida más allá de los 40 años de las cinco centrales en activo. Los partidos han afeado que el CSN haya informado favorablemente sin que los propietarios hayan finalizado las obras que el mismo supervisor consideró "necesarias" para poder pronunciarse.

Estas obras y otro importante paquete de actuaciones se tendrán que realizar antes de la hipotética reapertura, según ha informado este miércoles el director técnico del CSN, Antonio Munuera.

"No era vinculante"

En 2015, su dirección técnica envió una carta a los propietarios (Endesa e Iberdrola) en la que señalaba que debían hacer esas obras de mejora antes de que se pudiera pronunciar el CSN sobre su petición de reabrir y operar hasta 2031. Fernando Castelló, uno de los cuatro consejeros del supervisor favorables a la reapertura, ha defendido que aquel escrito "no era vinculante". Pero Narbona ha basado su rechazo al informe favorable en el incumplimiento de ese "requisito previo". También, en que el informe positivo del CSN no va asociado a un plazo concreto de tiempo de funcionamiento de la central como hasta ahora, algo que el supervisor deja en manos del Gobierno.

Los consejeros favorables al informe (todos han comparecido este miércoles en una conferencia de prensa en la sede del CSN en Madrid) han defendido que, pese a que su informe no está ligado a un plazo de tiempo, cada diez años se hará una revisión completa del funcionamiento de la central. 

Respecto a las obras no ejecutadas, Munuera ha detallado que se trata obras, pendientes desde 2009 (cuando se le concedió a Garoña el último permiso para operar), relativas al sistema de gases, la "separación" del sistema eléctrico de cables, "aislamiento de contención primaria" y la "protección" de los equipos "frente a la caída del edificio de turbina" ante un hipotético incendio. Según ha señalado, "de las cuatro, la mitad están práctiamente finalizadas", otra "está a la mitad" y otra "bastante adelantada".

Pese a la defensa del proceso realizada este miércoles por los cuatro consejeros, lo cierto es que ha habido un cambio de criterio respecto a estas obras dentro del CSN. El 19 de octubre de 2016, el presidente del CSN, Fernando Marti, compareció en el Congreso para hablar sobre el expediente de Garoña. Y entonces sostuvo, según recoge el acta de su intervención, que "para poder emitir el informe técnico preceptivo y vinculante en el expediente administrativo de renovación de la autorización de explotación, antes deberían haberse completado" una serie de obras. Y citaba explícitamente las cuatro que siguen pendientes: "el nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, modificaciones sobre la separación de trenes eléctricos (...), modificaciones de protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída del techo de turbina en caso de incendio y las modificaciones en el aislamiento de contención". Al ser interrogado sobre este asunto, Marti ha argumentado este miércoles que no recuerda exactamente lo que dijo en el Congreso.