La vicepresidenta del Gobierno alerta de la “radicalidad social” en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de instalar "un modelo muy radical" en la sociedad catalana y  no respetar el derecho de los ciudadanos a "la libertad de pensamiento, a no tener que declarar cuáles son sus ideologías y creencias, a no tener que adscribirse a nada". A los catalanes, dijo, se les genera "la intranquilidad de no saber cuál va a ser su futuro" y no saber "qué hacen con sus datos personales determinadas organizaciones", en alusión a las declaraciones de Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat se había hecho ilegalmente con datos fiscales de los catalanes, y dimitió posteriormente como senador de ERC. "Nadie está por encima de la democracia y de los derechos de los otros y al Gobierno le corresponde defender eso", añadió.

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Sáenz de Santamaría ha hecho un nuevo llamamiento a Puigdemont a "dialogar" con Mariano Rajoy para frenar la escalada de tensión y "rectificar la "dinámica" actual. La número dos del Ejecutivo, a la que el presidente del Gobierno ha encargado la estrategia negociadora con la Generalitat, no quiso concretar qué medidas puede adoptar el Gobierno para frenar el proceso independentista, pero lanzó un aviso a Puigemont: "Todos tenemos que respetar la legalidad. Cuando se vulnera la legalidad se repone". Preguntada por un supuesto plan de medidas coercitivas que el Ejecutivo habría diseñado para responder al desafío independentista, como la asunción de competencias de la Generalitat para evitar el referéndum, Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que "el principal plan" consiste en que "impere la democracia, el sentido común y el respeto a la ley". "Pensamos que en esta legislatura ha de trabajarse por la estabilidad y que el diálogo y la moderación son claves. Por eso hacemos un llamamiento al sentido común y a la legalidad". En cuanto a la petición de Junts pel para que la vicepresidenta comparezca en el Parlamento catalán para explicar qué medidas piensa aplicar el Ejecutivo para frenar el proceso independentista,  Sáenz de Santamaría ha replicado que ella comparece en el Congreso de los Diputados mientras que Puigdemont no lo hace ante la cámara que le invistió para dar cuenta del caso Vidal.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, no descartó ayer ninguna medida y aseguró que el Ejecutivo iba a responder "uno a uno" a cada paso que diera la Generalitat hacia el referéndum. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves en el Congreso desconocer la existencia de un plan para asumir competencias de seguridad en Cataluña. "Como el referéndum sería ilegal, espero que la Generalitat reconsidere su postura. Hoy por hoy no hace falta tomar ninguna otra medida", ha dicho. Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que el referéndum "no se va a celebrar". 

La vicepresidenta ha insistido en que la llamada Operación Diálogo sigue abierta - "Estamos abiertos al diálogo y siempre lo vamos a estar en el marco de la ley", dijo- y ha asegurado que la negociación territorial se había "revitalizado mucho" esta legislatura porque los presidentes autonómicos están trabajando en "temas tan ambiciosos como el sistema de financiación, el reto demográfico o la dependencia", en alusión a los acuerdos de la Conferencia de presidentes a la que no asistieron ni el de Cataluña ni el de Euskadi. "El diálogo territorial se está fortaleciendo y yo le pido a Puigdemont que se sume".