Rajoy busca su primer acuerdo institucional en la Conferencia de Presidentes

Mariano Rajoy busca este martes el primer acuerdo institucional de su segundo mandato al frente del Gobierno en la VI Conferencia de Presidentes que se reúne en el Senado. Aunque la mayoría son compromisos de diálogo y negociaciones, el solo hecho de reunir este foro ya supone un cambio de posición de Rajoy desde la mayoría absoluta a la minoría que le obliga a acuerdos y a dar imagen de diálogo. De hecho, la anterior conferencia la celebró en octubre de 2012 y en toda la legislatura anterior, la de hegemonía absoluta del PP, no la volvió a reunir. Ahora La Moncloa rectifica y pretende que se reúna todos los años en busca de acuerdos concretos.

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La sombra de la conferencia, que se ha iniciado con la foto de familia y el saludo del Rey, es la ausencia, por primera vez, de los presidentes de Cataluña y País Vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, respectivamente.

El marco de la conferencia es el del pacto entre PP y PSOE, aplicado en este caso a medidas económicas que afectan a las comunidades autónomas y que tienen que ver con la financiación autonómica, la aplicación de la ley de dependencia y la tarjeta social, entre otras. Los trabajos preparatorios garantizan que en la inmensa mayoría de los temas haya acuerdo y en otros podría haber compromisos concretos con calendarios, como el de financiación autonómica.

Los presidentes tienen previsto defender durante todo el día a puerta cerrada sus posiciones referidas a variables concretas que pretenden aplicar a esa futura financiación, como por ejemplo, las de población, las de envejecimiento de sus ciudadanos o de dispersión territorial de sus habitantes.

En la de 2012 ya hubo un compromiso para abordar ese nuevo sistema de financiación que se aprobó en 2009 y que caducó en 2014, pero que no ha sido abordado aún, pese a haber quedado claramente superado por la crisis y los cambios en la población. En todo caso, ese sistema concreto empezará a negociarse desde hoy y el Gobierno no prevé que esté terminado hasta final de año y ligado a la aprobación de los Presupuestos generales para 2018.

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Respecto a la dependencia, los presidentes autonómicos lamentan que la carga de la aplicación de la norma recaiga sobre los presupuestos de las comunidades. Inicialmente, la financiación se repartía al cincuenta por ciento y ahora supera en muchos casos el ochenta por ciento de su aplicación la parte que pagan las comunidades.

Otros asuntos son los de movilidad geográfica de funcionarios, cambios en la tasa de reposición de empleados públicos, un compromiso de futuro acuerdo sobre educación y modificaciones en el sector eléctrico para ayudar a los más desfavorecidos.

En cuanto a la tarjeta social, el borrador de acuerdo señala que "pretende ser una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso ONG".

Sobre los cortes de suministro eléctrico a personas vulnerables el borrador propone "coordinar mecanismos de comunicación entre las administraciones del ámbito de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía y las empresas del sector eléctrico que permitan identificar los consumidores vulnerables de mayor severidad, con la participación de los servicios sociales competentes, y gestionar de forma eficaz las medidas necesarias para asegurar el suministro a los mismos".

En la mayoría de los casos, los acuerdos consisten en la puesta en marcha de comisiones de trabajo con plazos estrictos. Por ejemplo, el de financiación autonómica crea "en el plazo máximo de un mes una Comisión de Expertos, integrada por los que se propongan por el Estado y uno por cada Comunidad y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que se constituirá y dará comienzo a sus trabajos de forma inmediata". En el caso de la tarjeta social, el plazo es de tres meses para crear un Grupo de Trabajo para el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social.

O compromisos genéricos como "avanzar en la cooperación entre Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado, la buena regulación en el territorio nacional, y la movilidad interadministrativa".

La Conferencia de Presidentes fue creada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, sin que haya estado nunca claro el formato concreto. De ellas han salido acuerdos como un fondo para financiar la sanidad en la etapa de Zapatero o un pacto para repartir el déficit en la única celebrada bajo presidencia de Rajoy.

Los trabajos previos de la VI Conferencia de Presidentes han sido coordinados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Durante el día se reúnen a puerta cerrada y sin acceso de los medios de comunicación hasta que finalice sobre las 18 horas.