El Gobierno invoca su derecho a vetar iniciativas de la oposición
El Ejecutivo recurre al Constitucional y renuncia a pedir la suspensión cautelar
El Gobierno invoca su “derecho constitucional de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos” para recurrir contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este viernes iniciar el conflicto de atribuciones contra el Parlamento. El recurso se refiere a dos iniciativas concretas, pero supone buscar respaldo del tribunal para vetar iniciativas de la oposición en un Congreso en el que está en minoría. Es decir, el Ejecutivo intenta asegurarse la capacidad de impedir la aprobación de normas que, bajo su criterio, afectan a los Presupuestos, para evitar que el resto de partidos le pueda imponer una ley.
Por contra, PSOE, Podemos y Ciudadanos entienden que la Mesa del Congreso puede rechazar esos vetos del Gobierno si considera que no están fundamentados.
Según el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, poder frenar esas iniciativas es “una regla esencial del juego en cualquier Parlamento democrático” porque, en caso contrario, los Presupuestos Generales “no tendrían virtualidad” y podrían verse alterados por cualquier iniciativa. “El objeto es impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias por razones estrictamente presupuestarias, al suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos, lo que supone una invasión de la competencia exclusiva del poder ejecutivo de iniciativa legislativa presupuestaria y de defensa de la ejecución de los Presupuestos en vigor. El Gobierno ha utilizado esta facultad en lo que va de legislatura en 18 ocasiones”, explica el Ejecutivo.
El gasto de frenar la Lomce
El recurso del Gobierno se refiere a una proposición de ley para parar la Lomce y otra para reformar el Estatuto de los Trabajadores. Ambas fueron admitidas a trámite por el pleno, en contra del PP.
Según el Ejecutivo, la de la ley de educación supone la pérdida de “unos 600 millones de euros de ingresos procedentes de fondos comunitarios”.
La otra supondría “60 millones de euros anuales, utilizando valores de 2013”.
Una vez aprobado iniciar el conflicto de atribuciones, la abogacía del Estado tendrá que presentarlo antes del 20 de enero. El Gobierno se inclina por no pedir al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de las normas afectadas por el recurso: una proposición de ley para frenar la Lomce y una de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Esa suspensión cautelar solo es automática cuando se recurren desde el Estado normas autonómicas. Es decir, cuando se formalice el recurso del Gobierno las proposiciones de ley afectadas seguirán su tramitación y si son aprobadas entrarán en vigor. Pero si el Constitucional falla luego a favor del Gobierno podrán ser anuladas. El Gobierno tiene voluntad de llevar al tribunal todas las proposiciones de ley de la oposición que hayan sido vetadas por el Ejecutivo sin que el Congreso haya aceptado frenar la tramitación.
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