La Universidad española, de espaldas al plagio

La reunión terminó con una ovación. Fernando Suárez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, anunció el 20 de diciembre ante 50 personas que iba a adelantar las elecciones. Negó que hubiera plagiado. Y se fue de vacaciones para pensar si presenta su candidatura, algo que aún no ha confirmado oficialmente aunque distintas voces le sitúan ya fuera del poder. Salvo dos intervenciones, en el consejo de gobierno nadie pidió su marcha tras haber copiado (erratas incluidas) decenas de páginas de una veintena de compañeros investigadores en 12 publicaciones. El caso, que ha saltado las fronteras, ejemplifica de forma excepcional la tendencia de la Universidad a mirar para otro lado ante los plagios de sus investigadores, aunque sí se suspenda a los alumnos que hacen lo mismo.

La copia del rector no es una anécdota. Gracias a las publicaciones, se logran sexenios que premian la producción investigadora con un mayor sueldo y la opción, siendo catedrático, de presentarse al cargo de rector. En el caso de Suárez, además, hay plagio en una de sus dos tesis doctorales, por lo que en otro país estaría en juego incluso ser profesor titular. No en España, donde es un delito prescrito.

Los expertos demandan mecanismos de actuación más ágiles y coordinación entre universidades, una especie de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como la que rige en el mundo de la cultura, que vele por los intereses de los campus, en lugar de que sea el supuesto plagiado quien denuncia en solitario o que un compañero esté al quite.

Hace dos años, el profesor Jorge Gelman, de la Universidad de Buenos Aires, alertó en un correo de que una docente de Historia de América de la Universidad de Sevilla (US) había plagiado “de manera sistemática” dos trabajos suyos “sin comillas o siquiera una mención al origen”. Lo acompañó de dos comunicados de la revista que había publicado el artículo de la investigadora en los que se reconocían los hechos. El departamento de la US trasladó el asunto al vicerrectorado de Investigación para que determinara “posibles sanciones”. “Luego un profesor demostró que la tesis de esta persona contenía numerosos plagios de mi obra y de colegas, y lo mismo sucedía con otros trabajos”, señala Gelman. La aludida asegura a este periódico que la instrucción abierta por la denuncia de Gelman se cerró. Declina explicar cuál fue el apercibimiento. Hay una nueva causa abierta de la que ni ella ni el campus hablan. Emilio Luque, director del departamento de Historia de América, que fue quien trasladó la denuncia de Gelman al vicerrectorado, considera que faltan “procedimientos específicos para abordar el plagio, hecho que explica lo dilatado del proceso y el silencio institucional, como forma de garantizar la presunción de inocencia de los afectados”.

Otros casos caen casi en el olvido. En febrero de 2016 la Complutense anunció que ante las “dudas” investigaría la tesis de César Acuña, candidato a las elecciones peruanas. Casi un año después, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid la revisan.

La Universidad de Barcelona, por su parte, determinó en marzo de 2016 que le retiraría el título de doctor a un político de Convergència, Marc Guerrero, por copiar literalmente cuatro páginas de un libro. Casi un año después, y tras las alegaciones, la universidad “está realizando un último informe que trasladará a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Ellos serán los que tendrán la última palabra”, explican desde el campus catalán.

Guillermo Orozco, catedrático de Derecho Civil en Granada, cree que “ningún rector se va a meter a hacer un código disciplinario que castigue el plagio”. Propone que se encargue la CRUE (la conferencia de rectores españoles) o el Ministerio de Educación. La primera lanzó un comunicado dos meses después de que saltara el caso del rector de la Rey Juan Carlos en El Correo Gallego, condenando el plagio en general y apartando a Suárez de la vocalía de su institución, pero sin entrar en nada más. El ministerio se ha mantenido aún más de perfil. Alude a la autonomía universitaria y no ha respondido a este periódico sobre cómo podían actuar Aneca y CNEAI, dos organismos suyos que acreditan a los docentes y revisan los sexenios de investigación en base a una obra que, en el caso del rector, está en duda.

Orozco cree que los trabajos de los profesores deberían pasar por una herramienta informática antiplagio, como se fuerza a los alumnos de máster. “Esa herramienta debería estar controlada por una oficina independiente, que emitiese un documento acreditativo de que no hay plagio”, opina. Cuando un investigador presenta un artículo —sea para que le acrediten o para que se publique—, debe presentar una declaración de veracidad y con eso se le presupone la buena fe.

El autor original solo puede defenderse yendo a los tribunales

Armand Sánchez, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Autónoma de Barcelona, coincide en la necesidad de un código nuevo. Su campus cuenta desde 2013 con un código de buenas prácticas en investigación, pero resulta difícil de aplicar. “El instructor de un expediente entrevista al supuesto infractor, llama a los testigos... y tiene un problema serio porque, cuando va a proponer una sanción, se encuentra con unas leyes obsoletas, y que no se puede saltar, que tipifican las faltas de forma que muchas veces el delito ya prescribió”. El régimen disciplinario de los funcionarios, de 1986, contempla que las faltas leves caduquen en un mes y las muy graves en seis años. De ahí la importancia de actuar pronto.

El vicerrector Sánchez no cree que la Universidad no persiga el plagio, pero reconoce que "no se hace escarnio público como en otros países". En la Autónoma de Barcelona han detectado plagios en las semanas anteriores a defensa de la tesis -hay una copia en el departamento a disposición de otros investigadores- y ahora, tras una denuncia anónima en una web estadounidense, investigan la posible manipulación de unas imágenes en un artículo.

 “Aquí hay una cultura de la connivencia. Nos movemos en clave de familia, que nadie se entere, que se quede en casa. La corrupción es una regla social. Por ejemplo, en un tablón de notas un alumno protestó porque otro había plagiado, y la directora del máster se molestó. O un doctorando escribió a un departamento al detectar plagio en las actas de un congreso y minimizaron el problema”, se lamenta Rosa Medina Doménech, profesora de Historia de la Ciencia en Granada. Ella, con otros 40 profesores como el catedrático Orozco, crearon en 2008 la Plataforma contra el Plagio.

Orozco reclama un gabinete de propiedad intelectual en cada campus, similar al de la SGAE. “Los investigadores no son conscientes de sus derechos y con la digitalización se hace muy fácil plagiar”. La única forma de defenderse es en los tribunales. “Se queda en una guerra individual, con la erosión personal y económica que supone presentar las pruebas del delito. Además, el plagio se desliza al campo de lo penal que es más exigente en los requisitos”. El Código Penal persigue el plagio industrial, es decir, si hay lucro con la copia. Si no a la víctima solo le queda la vía civil, con una indemnización económica por daños morales. El artículo 270 dice: "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie [...] en todo o en parte, una obra o prestación literaria". 

El Código Penal castiga la copia industrial cuando hay lucro

Algunos plagiados sí cuentan con el apoyo del equipo rector. Así, la Universidad de Gran Canaria anuló una tesis plagiada y la justicia confirmó en 2016 la sanción. O la de Murcia, que respaldó a una profesora interina de Derecho Mercantil a quien un catedrático plagió dos veces la tesis. Él tuvo que indemnizarla con 5.000 euros y la sentencia fue publicada en un periódico.

Solo seis docentes de los 1.600 de la Universidad Rey Juan Carlos han firmado la carta en la que cinco plagiados por Suárez piden su dimisión. Ante la parálisis general, Josefina Bueno, directora general de Universidades de la Comunidad Valenciana, reclama una respuesta: “Si el caso del rector queda impune, será por culpa de la mediocridad de las personas que le rodean, que son cómplices del plagio, un hecho reprobable. Está en juego la salud democrática de nuestras instituciones”.