Reformar el Título VIII de la Constitución

Las reflexiones sobre la organización territorial del Estado parecen haberse estabilizado y agrupado actualmente en las siguientes categorías de personas e ideas: forman la primera los centralistas recalcitrantes, que siguen considerando un error que la Constitución de 1978 diera un giro tan radical a las formas de gobierno y administración impulsadas en el siglo XVIII por los Borbones y consolidadas después por el constitucionalismo decimonónico. En la segunda militan los que creen que la generalización de las comunidades autónomas ha sido un error por exceso todavía subsanable: hubiera bastado con reconocer autonomía política a los dos o tres territorios más ariscos con la centralización. A ello les gustaría volver. Se hermanan con este grupo quienes propician la recentralización por cualquier otro medio.

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En tercer lugar están los que estiman que, habiéndose ajustado la organización y competencias de las autonomías a un mismo patrón, similar al que rige en los Estados federales, deben incorporarse a la Constitución, mediante su reforma, algunos principios y reglas propios del federalismo, de los que ahora carece. Integro en el cuarto grupo a los que estiman que hay que mejorar el régimen actual pero sin variar el modelo, considerando que la federalización dificultaría la solución de las reclamaciones de las nacionalidades históricas. En el quinto están quienes sostienen que el andamiaje de la Constitución de 1978 está a punto de derrumbarse, por razones de vejez y de incapacidad para representar las aspiraciones de las generaciones que no tenían entonces derecho de voto. Son los mismos que apuntan a un pacto confederal como fórmula para la organización territorial de España. Y en el sexto coloco a los que aspiran a tener su propio Estado y una constitución independiente.

Como ocurre en tantas otras situaciones críticas, las ideas extremas suelen llevar a resultados idénticos. En el caso de las proposiciones enunciadas en las dos primeras y las dos últimas posiciones ocurre, por razones distintas, que son irrealizables, salvo que se genere una situación constituyente y revolucionaria que no parece inminente. Las excluyo como propuestas de trabajo.

El descarte conduce a centrarse en mejorar lo que tenemos y en las innovaciones precisas para solucionar las preocupantes reclamaciones catalanistas.

No será difícil, creo, que todos o la gran mayoría de los grupos políticos lleguen a esta coincidencia, como punto de partida. Desde esa base se encontrarán muchas propuestas formuladas con insistencia, buenas razones y creciente unanimidad por los especialistas, de cualquier ideología, que pueden utilizarse para consensuar una gran reforma, que mejore lo establecido, recree la legalidad constitucional, fortalezca las instituciones y rearme a los políticos y a los ciudadanos con nuevas ilusiones.