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Rita Barberá niega “absolutamente” en el Supremo la existencia de una caja b en el PP de Valencia

La exalcaldesa admite haber donado mil euros para la campaña, pero niega que se los devolvieran

Rita Barberá, este lunes, a su llegada al Supremo. ATLAS

Rita Barberá ha negado este lunes en el Tribunal Supremo su participación en las presuntas irregularidades del PP de Valencia. Según el acta de la declaración prestada por la exalcaldesa en el alto tribunal, Barberá, ahora senadora del Grupo Mixto, ha negado "absolutamente" la existencia de una caja b en el PP de Valencia, ha asegurado desconocer si el grupo municipal popular manejaba dos cuentas corrientes y ha admitido haber efectuado una donación de mil euros para la campaña electoral pero ha sostenido que nunca le han "devuelto nada",  en contra de lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.

Además, la senadora ha afirmado que no conoce cómo funciona el sistema de donaciones para las campañas electorales porque ella no formaba parte del comité electoral. "Yo me dedicaba a sacar votos", ha afirmado. La exalcaldesa ha precisado que era el comité de campaña el que "diseñaba las necesidades económicas" y "distribuía" las mismas. "Una de las misiones del comité de campaña era la provisión de fondos", ha afirmado Barberá, que ha añadido que ella se dedicaba "al programa electoral y a estar en la calle".

La exalcaldesa ha señalado como los encargados de "controlar los ingresos y gastos" de la campaña en el grupo municipal a los portavoces, que, en este caso, fueron distintos en las dos ultimas convocatorias electorales: Alfonso Grau en 2011 y Alfonso Novo en 2015.

La exalcaldesa ha asegurado no saber si el grupo municipal del PP tenía dos cuentas corrientes porque ella, ha dicho, desconoce "todo absolutamente" de las cuentas. Barberá ha explicado al juez que los militantes con cargo solían aportar 60 euros mensuales a las cuentas del PP "dado que el partido necesita financiarse". En su opinión, y en contra de la del fiscal, este procedimiento no es "financiación atípica". En algunas ocasiones, ha precisado, "había aportaciones extraordinarias".

La senadora ha explicado que la decisión de que los militantes donaran 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 se adoptó en una reunión del comité de campaña a la que ella no asistió. Ella hizo la aportación, pero asegura que nunca le han devuelto "nada", "ni todo ni parte" y que, en su momento, no conoció ningún caso en el que se hubiera devuelto el dinero. Más tarde, tras abrirse el sumario judicial del caso, ha sabido de algunas personas que aseguran que les reintegraron los mil euros en dos billetes de 500, pero Barberá afirma que ella no sabe "absolutamente nada de esas devoluciones".

Barberá ha inisitido en toda su comparecencia en situarse al margen de la financiación del partido, aunque ha negado expresamente que en el PP de Valencia se produjera "ningún tipo de financiación ilegal". Ha segurado que se enteró del supuesto procedimeinto ilícito por los medios de comunicación. Según los investigadores, la encargada de manejar la supuesta caja b del partido era Mari Carmen García-Fuster, secretaria general del grupo municipal hasta que fue detenida en febrero pasado. Barberá ha asegurado que García-Fuster nunca le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones. La exalcaldesa ha señalado también a García-Fuster como la "encargada de recepcionar las aportaciones de los afiliados y militantes del grupo municipal".

La exalcaldesa ha accedido a declarar de forma voluntaria ante el Supremo, que decidió abrirle una causa para investigar el presunto blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de Valencia durante su etapa como alcaldesa. Al acudir voluntariamente, Barberá evita, de momento, que el Supremo pida al Senado el suplicatorio necesario para actuar contra los aforados, aunque la senadora ha comparecido ya en calidad de investigada (antes imputada) y ha estado acompañada por su abogado, José Antonio Choclán. Ha sido interrogada por el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal Juan Ignacio Campos. Según fuentes del alto tribunal, Barberá ha respondido a las preguntas de ambos, pero ha aportado pocos detalles y se ha limitado a repetir las alegaciones que ya presentó por escrito ante el juez de Valencia Víctor Gómez.

La senadora se ha negado a contestar a las preguntas del PSOE, que ejerce la acusación popular. Las cuestiones que llevaba preparadas la abogada de los socialistas han sido incorporadas por escrito a la causa. Fuentes presentes en la declaración han explicado que el magistrado Conde-Pumpido ha dado ahora tres días a las partes para que soliciten nuevas pruebas. Los socialistas, previsiblemente, pidan que se llame a varios imputados de la causa que se instruye en Valencia que han señalado la responsabilidad de Barberá, han admito que se les reingresó la donación de mil euros que hicieron para la campaña o que se negaron a donar dinero porque les pareció que el procedimiento no era legal.

El blanqueo del PP municipal de Valencia se investiga en una pieza separada del caso Taula, en el que indagan las prácticas supuestamente corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por esta formación. El juez que instruye el caso en Valencia investiga donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del partido, a los que, presuntamente, se les devolvía esta cantidad en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. En la pieza sobre el blanqueo hay ya casi medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica y casi todo el equipo de Barberá de su etapa como alcaldesa.

Los documentos y testimonios recabados desde el inicio de la llamada Operación Taula, en enero pasado, señalaban a la exregidora, pero su blindaje como aforada, dado su actual cargo de senadora, le permitió posponer varios meses la imputación. El juez de Valencia fue acumulando indicios y, en abril, envió una exposición razonada al Supremo en el que subrayaba sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Barberá con la responsable de finanzas, Mari Carmen García-Fuster, principal imputada en la causa. La fiscalía del alto tribunal apoyó su petición y decidió por fin en septiembre investigarla.

La comparecencia de la exalcaldesa ha durado apenas una hora. Ha empezado a las 10.50, con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista, y Barberá ha abandonado el Supremo a las 12.10 acompañada por su abogado. La senadora ha salido de la sede del alto tribunal y se ha metido directamente en un taxi que le esperaba en la puerta. Con gesto muy serio, Barberá no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni antes ni después de su comparecencia ante el juez.

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