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Dolors Montserrat ante la tarea de sacar Sanidad del coma

La ministra se encuentra con los profesionales enfrentados y la tarea pendiente de la coordinación

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad.
Dolors Montserrat, ministra de Sanidad. pp

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, asume una cartera con poco presupuesto y competencias, pero de mucha visibilidad. Ajena al mundo sanitario, en el sector se atribuye su nombramiento más a la necesidad del presidente, Mariano Rajoy, de contar con un representante del ala catalana del partido, que a su experiencia.

El listón no lo tiene muy alto. El antecedente de Ana Mato, quien dimitió tras fracasar en la gestión de la crisis del ébola y después de verse implicada en el caso Gürtel, deja un departamento amortiguado, casi en coma. Los ministros sucesores de Mato, Alfonso Alonso y Fátima Báñez, fueron claramente circunstanciales. Montserrat se encuentra un ministerio con poco presupuesto y competencias transferidas, y con las aguas revueltas entre varios de los actores principales de sus cometidos.

Dependencia

La partida más importante que maneja Sanidad es la que debe dedicarse a la dependencia (1.252 millones en 2016, un aumento del 6%). A pesar de que la subida de este año electoral se debe a que en 2015 se completó la implantación del sistema, a principios de año todavía un tercio de quienes tenían reconocida una dependencia estaban sin prestación, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El Ejecutivo solo aporta parte del coste de las ayudas, que deben completar las autonomías. El anuncio de futuros recortes de 5.500 millones no permite esperar el impulso que el sistema necesita, en el que todavía muchas personas mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho.

Personal sanitario

Ni el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ni el del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, acudieron a la toma de posesión de la ministra. “Ninguno de los 100 puntos que firmamos con Mato se ha cumplido”, afirmaba días después un miembro de la dirección del colegio de enfermería. Se refería a sendos acuerdos por la sostenibilidad del sistema que la ministra había firmado con ellos con toda solemnidad en presencia de Rajoy y que ambas organizaciones reconocen ahora que fue papel mojado, una foto que no les quedó más remedio que hacerse con la ministra después del real decreto de recortes de abril de 2012. Además, los enfermeros están enfadados porque el anterior Ejecutivo no aprobó que pudieran recomendar ciertos medicamentos sin necesitar de la supervisión de un médico. Los facultativos, por otro lado, esperan con dudas el nuevo sistema de formación que sustituirá al MIR, con críticas porque no reconoce su especialidad (infectólogos, por ejemplo) o porque reduce el tiempo de formación específica (microbiólo-gos).

Coordinación

La transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades que concluyó en 2002 ha dejado la coordinación del sistema en un consejo interterritorial que solo puede recomendar actuaciones, pero no imponerlas. Ello supone que en cada región puede haber unas prestaciones distintas, con diferentes tiempos de demora, acceso a distintos fármacos y servicios dispares. Esto es, en sí, la esencia de la descentralización, pero ni los pacientes ni los profesionales lo entienden. La semana pasada, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández (PSOE), se atrevió a verbalizarlo: “Hace falta que el consejo tenga más capacidad ejecutiva”. Se refiere a que ciertas decisiones, como el calendario de vacunación, debe ser obligatoriamente común.

Financiación resuelta

El Gobierno de Mariano Rajoy ha encontrado una solución para la financiación de las comunidades: los fondos de liquidación autonómica (FLA), con los que presta dinero a las autonomías a interés cero. Aunque no es específicamente sanitario, este dinero ha conseguido que desaparezcan las deudas con los proveedores sanitarios (16.000 millones hace ocho años).

Desde que el PP completara las transferencias sanitarias en 2002, este asunto ha sido un continuo quebranto. Pero el ministerio ha quedado al margen: el Ejecutivo reparte un dinero que las comunidades gastan como quieren. En sanidad o en aeropuertos.

Conectividad

Todavía un habitante de una comunidad puede tener problemas para ser atendido en otra porque su tarjeta sanitaria no sirve fuera de sus fronteras locales. Tampoco está resuelto el sistema para que una persona pueda ser atendida, por ejemplo, en el hospital de otra comunidad si lo tiene más cerca, para lo que haría falta un sistema de compensación.

Universalidad

Dejar sin prestación sanitaria reglada a los inmigrantes en situación irregular fue el buque insignia de los recortes de 2012. La mayoría del Congreso está actualmente a favor de que estas personas recuperen el acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones que los nacionales, y podrían imponérselo al Gobierno. También conseguir la universalidad completa eliminando las restricciones en función de la renta o el tipo de actividad.

Transparencia

El Ministerio de Sanidad no dispone de datos pormenorizados de la actividad de las comunidades. Y, cuando los tiene, no los da. La excepción es el gasto en farmacias. Y el caso más sangrante es el de las listas de espera, que el ministerio da agregados por comunidades porque tiene el compromiso con ellas de no proporcionar el detalle. Era la única manera de tener una cifra estatal sin que los consejeros vieran su trabajo comparado con el de sus vecinos ante los ciudadanos.

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