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La Rioja expulsa de su sanidad a 9.000 vecinos de municipios vascos

La medida rompe un acuerdo de asistencia que se mantenía desde hace décadas

Los recortes sanitarios y su consecuencia sobre la salud de los pacientes han dado un salto cualitativo con la decisión del Gobierno de La Rioja de dejar de prestar atención especializada a 9.000 vecinos de poblaciones limítrofes de la provincia de Álava, como Laguardia, Labastida u Oyón, que tradicionalmente han sido asistidos en Logroño. La medida también afecta a municipios cercanos que pertenecen a Navarra.

"Nuestra población es básicamente anciana. Para ir al médico a partir de ahora tendrán que cruzar puertos de montaña en coche durante una hora para llegar a Vitoria porque el Gobierno de La Rioja ya no nos atiende en un hospital que está a cuatro kilómetros de nuestro pueblo", lamenta Rubén Garrido (PP), alcalde de Oyón.

"Ahora tendremos que cruzar puertos de montaña para ir al médico a Vitoria"

Desde principios de septiembre, el Gobierno riojano, también en manos del PP, ha ordenado que el Hospital San Pedro de Logroño deje de dar citas de primera visita con médicos especialistas (se mantienen los pacientes antiguos y la atención de urgencias) a enfermos del País Vasco. Se rompe así un pacto -que tiene su origen antes del traspaso de transferencias sanitarias a las autonomías y que se mantenía sin la existencia de acuerdos escritos ni contraprestaciones económicas- que permitía a los ciudadanos residentes en zonas límitrofes ser atendidos a pocos kilómetros de sus hogares. Desde la entrada en vigor de la prohibición, el 9 de septiembre, hasta el 20 de octubre, ya se han visto afectados 400 pacientes, según datos del Gobierno vasco, que ahora son atendidos en hospitales de Vitoria.

El Gobierno vasco, del PSE, ha ido subiendo el tono de sus críticas los últimos días ante una decisión que consideran "unilateral" del Ejecutivo de La Rioja. El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, criticó ayer la "nula disposición al diálogo" de la comunidad vecina y recalcó que no fue informado del cambio. La medida, aseguró, responde "exclusivamente a criterios políticos y tienen un marcado tinte electoralista". Además, "pone en serio riesgo" a los pacientes, declaró. Fuentes del Ejecutivo de Patxi López destacan que el PP riojano es quien pone en cuestión la unidad de la prestación sanitaria en el Estado. A pesar de las reuniones que han tenido lugar en las últimas semanas, ambos gobiernos no han alcanzado un acuerdo. Fuentes oficiales del Gobierno riojano se remitieron anoche a las declaraciones del jueves del consejero de Salud, José Ignacio Nieto, quien exigió a Euskadi que se haga cargo de sus pacientes o pague una "compensación suficiente" que calculan en una cifra que ronda los siete millones de euros por atenderlos.

Bengoa fue tajante ayer y rechazó tanto esta opción y como las cifras esgrimidas por La Rioja, que calificó como "absolutamente infladas". El Gobierno vasco considera que el coste de atención de sus pacientes es entre dos y tres millones inferior a la anunciada por el Gobierno de La Rioja. Además, el Servicio Vasco de Salud destacó que su red asistencial también atiende pacientes de poblaciones cercanas de comunidades como La Rioja, Cantabria, Castilla y León, y Navarra. En total, todos ellos suman hasta 14.000 personas de localidades limítrofes. "Los historiales están en Logroño y nuestros mayores dejarán ahora a su especialista de toda la vida porque el Gobierno de La Rioja ha decidido trasladar una presión que tenía que haber sido estrictamente institucional a los vecinos", abunda por teléfono Garrido, alcalde pero también enfermero de atención primaria de su pueblo.

¿Cuál es la solución? Hay quien ya ha comenzado a empadronarse en Logroño para esquivar este problema. En cualquier caso, el Gobierno vasco trasladará de manera oficial el problema al Ministerio de Sanidad el próximo lunes. Bengoa planteó ayer trabajar en la comisión interterritorial de Sanidad, en la que están presentes todas las comunidades autónomas, para alcanzar un acuerdo, ya que Euskadi no es la única comunidad a la que La Rioja ha cerrado sus puertas sanitarias. En Navarra, la amenaza de perder la atención sanitaria provocó ayer la dura protesta del Partido Socialista de esa comunidad.

La atención en hospitales de una comunidad a pacientes de otra es relativamente frecuente en las zonas limítrofes. Sin embargo, también es habitual que este intercambio de pacientes así como el uso de recursos compartidos esté regulado mediante convenios u otro tipo de acuerdos.

La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, por ejemplo firmaron un convenio en 2007 a través del cual Requena atiende a unos 6.000 conquenses mientras que Almansa (Albacete) cubre la asistrencia de 8.500 valencianos de la comarca del Valle de Ayora. La Generalitat valenciana también mantiene acuerdos con otras autonomías como la catalana o la aragonesa. En el primer caso, el acuerdo contempla la atención de ciudadanos del sur de Tarragona en Vinaroz así como el cobro de una compensación por parte de la red sanitaria valenciana, según fuentes de la consejería de Sanidad.

Ahorro a costa de los veraneantes

Con la crisis y la deuda sanitaria como excusa, las comunidades autónomas están aprovechando el momento para ahorrar en todo tipo de gastos. Entre las víctimas de los recortes están los pacientes que tienen que acudir al médico en una autonomía distinta de la de su lugar de residencia, hasta el punto de ver cómo se vulneran sus derechos de recibir la misma atención independientemente de la región en la que se encuentren.

Esta situación se ha producido especialmente en el caso de los turistas nacionales. Este verano, la Comunidad Valenciana endureció la prescripción de recetas a pacientes que acudían a veranear desde otras autonomías. Las restricciones llegaron hasta el punto de prohibir las citas con el especialista a los turistas nacionales, como sucedió en centros de salud de la localidad turística de Cullera (Valencia).

Cataluña también ha restringido la prescripción de medicamentos a desplazados con enfermedades crónicas. Para ahorrar en gasto farmacéutico, la Administración catalana pide a estos turistas -buena parte de ellos de la tercera edad, como los aragoneses que acuden a la Costa Dorada (Tarragona)- que se traigan de casa los fármacos que consumen. Existen casos similares en otras regiones.

La ley no contempla que las autonomías receptoras de pacientes puedan pedir una compensación económica a las comunidades emisoras por asistir a sus enfermos. El Real Decreto que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria se limita a señalar que esta atención "está garantizada, en todo caso, por los dispositivos asistenciales del Sistema Nacional de Salud". Es decir, que cada servicio sanitario cargue con el coste de estos pacientes. Murcia o la Comunidad Valenciana han reclamado la puesta en marcha de un sistema de compensación.

Igualdad de acceso

- La Ley General de Sanidad (1986) establece en su artículo 3.2 que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. Además, indica que el acceso y las prestaciones sanitarias "se realizarán en condiciones de igualdad efectiva"

- El Real Decreto 1207/2006 que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria no incluye a los turistas nacionales. La atención a los pacientes desplazados de otras autonomías corre a cargo de las autonomías receptoras.

- Distintas comunidades autónomas han suscrito acuerdos para repartirse la atención sanitaria de las poblaciones limítrofes. Localidades del sur de Tarragona, por ejemplo, acuden a Vinaroz a recibir asistencia mediante un convenio por el cual la Comunidad Valenciana recibe una compensación económica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de noviembre de 2011

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