La Audiencia de Madrid impide que la fiscalía anule el ‘caso Villarejo’
El tribunal respalda al juez de instrucción, que investiga supuestos delitos de revelación de secretos y encubrimiento que salpican a varios expolicías
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto quitando la razón al fiscal, Alfonso San Román, que lleva meses intentando disolver la comisión judicial de la Policía Nacional que ayuda en la instrucción del caso Nicolás y la pieza separada del caso Villarejo, lo cual supondría prácticamente la anulación del procedimiento. La Audiencia respalda así al juez de instrucción, que investiga supuestos delitos de revelación de secretos y encubrimiento que salpican a varios expolicías.
La sección número 1 de la Audiencia de Madrid apoya la solicitud del juez de instrucción Arturo Zamarriego para que el Ministerio del Interior le envíe los correos electrónicos de Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía; y respalda también el auto de conversión de la pieza separada sobre la supuesta grabación ilegal, manipulación y difusión de una conversación entre policías y miembros del CNI.
Aunque esta pieza separada se encuentre bajo secreto del sumario, EL PAÍS ha podido saber en fuentes de la Audiencia que los magistrados de la sección 1 han vuelto a dar la razón al juez Zamarriego en el conflicto que mantiene desde hace meses con la fiscalía.
El procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid cerró en junio pasado la primera de las piezas, con el procesamiento de Francisco Gómez Iglesias, conocido como El pequeño Nicolás, al que atribuye, junto a dos policías locales de Madrid, los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos y cohecho.
Mientras avanzaba la investigación, el fiscal San Román ordenó a la comisión judicial, dirigida por el comisario Marcelino Martín Blas (destituido en su día de su cargo de jefe de Asuntos Internos de la Policía por el exministro del Interior y rescatado para la investigación por el juez Zamarriego), que investigara la grabación y difusión de una conversación en sede policial el 20 de octubre de 2014. Esta comisión concluyó su investigación tras largos meses de trabajo intensivo con un escrito en el que solicitaba citar como investigadas a 14 personas acusadas de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de justicia. Entre ellos figuraba el comisario José Manuel Villarejo y otros tres policías, encabezados por el recién jubilado DAO, Eugenio Pino.
Objetivo: “Acabar con la instrucción”
El comisario jubilado José Manuel Villarejo (a quien el juez Arturo Zamarriego considera partícipe de la trama para grabar, manipular y divulgar una conversación en sede policial) llegó a presentar una querella criminal contra el magistrado por supuestas coacciones y una queja ante el Consejo General del Poder Judicial; ambas fueron archivadas. Los comisarios Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago han presentado sendas denuncias contra la comisión judicial.
Desde el Ministerio del Interior se ha defendido siempre que el caso Villarejo forma parte de un conflicto entre comisarios (el propio Villarejo y Marcelino Martín Blas) y sus funcionarios no han facilitado la investigación.
En las diligencias previas, la comisión judicial dio por constatada “una actuación coordinada, que tenía un objetivo claro: acabar con la instrucción del procedimiento”. Y añadió que hubo “intromisión del DAO [el exdirector adjunto operativo de la policía] en la investigación”.
En ese momento, la fiscalía, que había ido recibiendo información puntual de los trabajos de la comisión durante año y medio, cambió de opinión y se opuso a las diligencias de actuación propuestas, por considerarlas desproporcionadas. Las actuaciones solicitadas se referían a registros en domicilios y oficinas, toma de declaración en calidad de investigados y, en algunos casos, la detención e incomunicación durante la práctica de las diligencias.
Ante el recurso del fiscal, el juez Zamarriego decidió ir paso a paso y fue llamando como investigados al periodista Carlos Mier, al comisario Villarejo y a su actual pareja, Gemma Isabel García Alcalá. Desde entonces, Alfonso San Román y algunos de los policías afectados por la investigación han ido oponiéndose a buena parte de las diligencias ordenadas por el juez y han instado en varias ocasiones a que se aparte de la comisión judicial al comisario Martín Blas y a otro inspector que lleva la investigación. En su oposición al juez, el fiscal ha llegado a negarse a emitir el informe de acusación en la pieza separada contra El pequeño Nicolás.
Connivencia
El fiscal consideró en su escrito de oposición que las acusaciones “desbordan el ámbito de investigación de esta causa judicial”, ante la acusación de la comisión de que “existe una connivencia entre la Dirección Adjunta Operativa y el comisario Villarejo, con el único interés de proteger a este comisario policial, dándole cobertura institucional”. Pino y Villarejo se jubilaron en julio pasado.
En este tira y afloja entre el juez Zamarriego y el fiscal San Román, este último presentó el pasado 24 de octubre un nuevo escrito ante el juzgado en el que anunciaba al magistrado que la causa incurrirá necesariamente en nulidad de las actuaciones si no se resuelven los múltiples escritos presentados por la acusación y las defensas. El fiscal vuelve a acusar a los policías que forman la comisión judicial de no ser imparciales porque fueron perjudicados por el mismo delito que investigan (ambos participaron en la conversación grabada ilegalmente en sede policial).
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