Los socialistas y la lengua

El dato esencial de las cifras salidas de las urnas vascas es que la suma de los escaños del PNV y el PSE (38) supera la de su alternativa más obvia: Podemos/ EH Bildu (28). Una combinación transversal y moderada supera a una radical unida tras el “derecho a decidir”. En la noche electoral, cuando Otegi dijo que en el nuevo parlamento 57 de los 75 diputados son partidarios de ese derecho, los militantes presentes respondieron gritando la palabra independentzia; lo que revela el significado que dan a tal derecho: otra forma de llamar a la secesión.

La dirección del PNV parece ser hoy más moderada que sus militantes. Iñigo Urkullu respondió a las consignas independentistas de algunos de los suyos reclamando “más autogobierno”. Y descartó la propuesta de Otegi de una alianza con Podemos y EH Bildu. La alianza con el PSE es la preferida por su partido, y también por el electorado vasco, según los sondeos. Pero es posible que los socialistas, heridos por los resultados, eleven su nivel de exigencia para pactar. Una medida de fuerte impacto social podría ser una rebaja de la exigencia de conocimiento del euskera para el acceso a empleos públicos, la medida más llamativa del programa del PSE para las autonómicas.

No se trata de cuestionar la política lingüística en su conjunto sino de responder a ese problema concreto del empleo público en una comunidad en la que hay 150.000 funcionarios y en la que en los próximos años se jubilarán unos 9.000 de las primeras generaciones de la Euskadi autonómica.

Su política lingüística se apoya fundamentalmente en la enseñanza, lo que ha permitido que seis de cada diez jóvenes de entre 16 y 25 años sean bilingües. Y que previsiblemente en 15 ó 20 años toda la población lo sea de una manera natural. Pero las políticas complementarias de discriminación positiva aplicadas están interfiriendo negativamente en ese proceso, y no es casual que afecte sobre todo al ámbito de la Administración, más de la mitad de cuyas plazas exigen conocimiento del euskera, lengua que domina el 36% de los vascos.

Se ha argumentado que es una preocupación para menos del 1% de la población. Pero el paro es el primer problema de Euskadi para el 70,1% de los vascos según el CIS; y esas medidas de discriminación positiva lo condicionan en un periodo en el que hay 130.000 desempleados, el 13,9% de la población activa.

La propuesta socialista plantea que se distinga entre los puestos ante el público, para los que el requisito del euskera estaría justificado, y otros en los que no se da tal circunstancia. Se sugiere que en las ofertas públicas de empleo se especifiquen más claramente las tareas a realizar en el puesto ofertado y si ello justifica la exigencia de euskera. Pese a la polémica suscitada por la difusión en campaña de un vídeo del PSE en que se ironizaba sobre esa exigencia, lo que está en discusión no es un problema identitario sino social: la igualdad de oportunidades para conseguir un empleo público.

No hay motivo, por tanto, para la indignación expresada por sectores nacionalistas ante una iniciativa a la que acusan de romper el consenso. Que la candidata socialista Idoia Mendia se arriesgara a plantear la cuestión en vísperas de la campaña electoral, sin haberlo hecho cuando su partido gobernaba, no es razón para ignorarla. Simplemente refleja que temas considerados tabú durante años afloran ahora al amparo del clima político más libre que se observa en el País Vasco desde la desaparición de la violencia de ETA.